¿Una empresa minera inicia una querella porque no quiere presentar Informe de Impacto Ambiental? Al parecer es lo que sucedió en Uruguay, donde el Estado ganó el juicio.
Uruguay venció a la empresa minera Aratirí en el juicio internacional en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. La compañía reclamaba al Estado uruguayo USD 3.536 millones al acusarle de incumplir el tratado que tiene la nación con el Reino Unido para la Protección y Promoción de Inversiones.
En un comunicado, la minera de origen indio alegó que “contaba con varios permisos de prospección y exploración, que les otorgaba un derecho exclusivo a obtener la concesión de explotación del Proyecto Valentines” pero el gobierno de Uruguay “implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente el proyecto, y de forma retroactiva”.
Según fuentes del diario El Observador, el tribunal no se pronunció sobre el fondo de la controversia y exigió a Aratirí que pague USD 4 millones al Estado uruguayo por gastos del juicio. Durante las audiencias declararon funcionarios de los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica y expertos contratados por el Estado uruguayo y por la minera.
Fuente: Infobae
La minera india Aratirí se radicó en Uruguay en 2007 y comenzó a investigar el terreno. El 21 de agosto de 2010 el gobierno de José Mujica informó que, en la triple frontera de Durazno, Treinta y Tres y Florida, la empresa encontró cuatro yacimientos de hierro de entidad suficiente para ser explotados, recordó el portal Ecos. El proyecto significaba una inversión de USD 3.000 millones, la más grande de la historia del país.
Los indios querían construir cinco minas con una profundidad de entre 200 y 350 metros en la localidad cercana Valentines. Se estimaba una extracción de hasta 18 millones de toneladas al año y Uruguay, como dueño del mineral, participaría de esas utilidades en un 3% del total.
En 2011, Aratirí presentó el primer proyecto de extracción de hierro, que fue devuelto por incompleto, y luego presentó otro más extenso que también tuvo objeciones de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
En septiembre de 2013, la promulgación de la ley 19.126, que regula la minería de gran porte, sorprendió a la compañía. En el artículo sexto de la normativa se indicaba que para que un proyecto fuera aprobado, debería realizarse un estudio de impacto ambiental completo, una audiencia pública y un análisis del impacto urbano.
Según el ex mandatario Tabaré Vázquez, a esto se refiere Aratirí cuando habla del “cambio en las reglas de juego” que lo llevó a demandar al Estado uruguayo en julio de 2017 ante la Corte de La Haya.
