Hay dos procesos nuevos para el agro uruguayo que tendrán un impacto tremendo sobre el país. Uno de ellos se refiere a un recurso disponible sobre la superficie de la tierra, el viento (la energía eólica). El otro concierne a un recurso que subyace la tierra: los minerales. Los proyectos eólicos comenzaron hace apenas unos años, mientras que en la minería hubo cambios recientes y significativos en la legislación –en particular para atender los megaproyectos– y se ha anunciado la firma inminente de contratos por parte del gobierno con privados, en concreto con una empresa, Aratirí.
Por Lautaro Pérez Rocha publicado en El Observador
La generación de energía eólica y la minería tienen algo en común: el viento es un recurso de dominio público, separado de la propiedad de la tierra (por eso hay servidumbre eólica, siendo ésta la tercera vía de explotación además del arrendamiento y el usufructo), al tiempo que –dice la ley– “todos los yacimientos de sustancias minerales existentes en el subsuelo marítimo o terrestre o que afloren en la superficie del territorio nacional integran en forma inalienable e imprescriptible el dominio del Estado”. En otras palabras, se es dueño de la tierra, pero no del viento ni del subsuelo.
La inversión encaminada para la producción de energía a partir del recurso eólico y la inversión en la anunciada minería de gran porte es casi la misma. En la eólica, entre lo instalado y lo ya adjudicado en las convocatorias a producción por parte de privados hasta 2015-16, se superaran los 1.000 MW, a los cuales se agregan hasta unos 500 MW por parte de UTE. Esos 1.500 MW alcanzarían a cubrir algo más del 15% de la demanda energética; significaría unos US$ 3.000 millones en inversión, lo mismo que la anunciada por Aratirí.
El recurso eólico es abundante, inagotable, renovable, predecible, y es compatible con el mantenimiento de los suelos agrícolas y las pasturas, con el mantenimiento de los recursos hídricos, y con las tradiciones culturales, factores sobre los que se edificó la identidad nacional. El objetivo estratégico en la eólica ha tenido cierta solidez en su dirección y alcance. La sociedad ha convalidado tarifas y contratos a 20 años, para que se invierta, buscando estabilidad en la producción y diversificación en su matriz energética. El proceso ha sido bastante transparente, con muchos oferentes en las convocatorias.
La minería de gran porte y además la modalidad a cielo abierto, en contraste, ha estado vinculada a un solo oferente, en un proceso a puerta cerrada, involucra un recurso finito, y en un proyecto cuyo impacto ambiental y social es tanto mayor como desconocido por nosotros. Un ejemplo minúsculo: si en los molinos de viento un tema es el ruido de las aspas a metros de distancia, cómo dimensionamos el generado por las miles de toneladas de explosivos que se van a detonar frecuentemente durante años. Si algo Uruguay no tiene en su ADN, son los códigos mineros. No somos un país que se haya gestado en esta explotación, y por tanto carecemos del conocimiento, de la capacidad para gestionar y evaluar esos proyectos y todos los servicios asociados.
Estos procesos ponen en evidencia nuestra incapacidad tanto en la formulación estratégica como en la ejecución. Tomar decisiones estratégicas implica elegir entre opciones de difícil reversibilidad, con elevada incertidumbre, que tienen alto grado de impacto, que nos afectan el largo plazo, que son altamente costosas. El gobierno se fijó el objetivo de cambiar la matriz eléctrica y llegar al 90% de generación con renovables. Bien ahí. Y hemos visto decenas de recursos y publicidades para informar y legitimar esta dirección (lo mismo con otros discursos, como el de los biocombustibles). Pero, ¿queremosser un país natural (sea lo que sea), limpio y con energías renovables, y al mismo tiempo ser un país minero?
Si la minería de gran porte promete ponernos a la vanguardia de la exportación de metales en Latinoamerica, contribuir a la producción nacional, dejarnos un canon suculento, no será mediante una transformación pequeña del país. Le aseguro que será una metamorfosis completa. Entonces, desde el gobierno no debiera ensayarse a la apurada, avasallando, volanteando los números que nos pasan las empresas y sus asesores y sin la necesaria consulta ni participación pública a fondo. Deberíamos hacer una pausa en atizar la discusión milenaria sobre el precio del ganado y tomarnos más en serio estas cosas porque su efecto en el sector rural no pasará inadvertido.
