Sin diálogo. Alcalde de Espinar, recluido en el penal Cristo Rey de Cachiche, en Ica, acusó presiones políticas en el dictamen del Poder Judicial, mientras en Espinar insisten en que el burgomaestre es el único interlocutor válido en la protesta.
Fuente: diario La República
06/06/2012. Como un abuso de poder y de presión política calificó el alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca Cruz, la decisión del juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, Miguel Díaz Chirinos, quien ordenó para él cinco meses de prisión preventiva mientras duran las diligencias y se convoca al juicio en su contra.
Tras una larga audiencia que concluyó pasado el mediodía, Mollohuanca Cruz fue recluido en el penal de Cristo Rey de Cachiche, adonde fue trasladado esposado y bajo estrictas medidas de seguridad desde la sede del Poder Judicial.
El fiscal Alex León Gutiérrez había demandado 18 meses de prisión al considerar que sí habían pruebas y elementos de convicción contra la autoridad edil en la comisión de los delitos contra la seguridad pública, entrampamiento al funcionamiento de la seguridad pública agravada, disturbios y apología al delito, durante los días de protesta en Espinar.
Su abogado, Hernán Alatrista Muñiz, sin embargo, consideró que solo correspondían 15 días de prisión preventiva, pues no existían pruebas objetivas que involucren a su patrocinado en esos delitos.
Finalmente, el juez Díaz Chirinos determinó que los cinco meses de prisión preventiva eran un plazo prudente para que concluyan la investigación fiscal. Explicó que solo había encontrado elementos de convicción en los delitos de disturbios y obstaculización.
“En las otras acusaciones solo existen indicios”, sostuvo.
El abogado de Mollohuanca Cruz apeló la resolución judicial.
ACUSA PRESIÓN POLÍTICA
“Seguramente mi prisión se debe a presiones que vienen desde arriba, porque aquí se juegan grandes intereses de las empresas mineras”, exclamó Mollohuanca al salir del local, custodiado por ocho policías.
También dijo que ha quedado demostrado el abuso de poder, ya que se han basado en la declaración de una trabajadora del municipio que pertenece al Sindicato de Construcción Civil para detenerlo.
Poco después de que culminara la audiencia, el alcalde de Espinar declaró a La República que nunca estuvo en la clandestinidad.
“Me sorprende que el fiscal diga que estuve tres días en la clandestinidad, eso es falso. Yo estuve en mi despacho de alcaldía en reunión de concejo y reunido con el presidente regional del Cusco, Jorge Acurio, tratando de instalar una mesa de diálogo”, sostuvo.
Mollohuanca también aseguró que no es una persona que promueva la violencia.
“Es la segunda vez que el pueblo de Espinar me elige como su alcalde y yo me pregunto: ¿me eligieron por violento, por promover paros o por las cosas buenas que venimos realizando?”.
“Lamentablemente en mi provincia, en los procesos electorales, uno tiene que competir no con candidatos libres, sino con candidatos promovidos por las empresas mineras, y eso es parte del problema”, agregó.
En tanto, Julio Mollohuanca consideró que la detención de su hermano es arbitraria y abusiva. “Óscar y el pueblo de Espinar solo vienen luchando para ordenar la actividad minera”, expresó.
Indignación en Espinar
Tras el fallo contra Óscar Mollohuanca, la población de Espinar reaccionó con malestar e indignación. Algunos ex dirigentes como Lorenso Ccapa señalaron que el diálogo con el gobierno tendrá que esperar cinco meses, cuando el burgomaestre salga libre. “En estas condiciones no creo que alguien en Espinar se atreva a conversar con el gobierno”, dijo Ccapa.
En tanto, en el Cusco se suspendió la llegada del ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, pues el presidente regional del Cusco, Jorge Acurio, no habría aceptado ser el representante de la provincia de Espinar ante el rechazo de la alcaldesa encargada, Silvia Luna Huamani, quien pidió levantar el estado de emergencia y liberar a Mollohuanca.
Claves
El proceso al alcalde de Espinar se realiza en Ica en virtud a una decisión del Poder Judicial para que los delitos cometidos durante el desarrollo de conflictos sociales en Espinar pasen al distrito judicial de Ica. También se ha previsto que los delitos cometidos en Cajamarca se trasladen al juzgado de Lambayeque.
La decisión se adoptó el último jueves, tras una cita de los titulares del Poder Judicial, Ministerio Público, Mijus y Mininter.
