Mientras la seguridad ciudadana es uno de los grandes fracasos de este régimen las mineras en Perú tienen bajo contrato a miles de efectivos de la Policía Nacional. El asunto llegó el 11 de marzo del 2013 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Fuente: Hildebrandt en sus Trece
Los policías se alquilaron al mejor postor en los últimos años. Esa fue la denuncia que resonó, el pasado 11 de marzo, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos. En la audiencia especial para nuestro país, los representantes de la sociedad civil (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Fedepaz y Grufides) hicieron hincapié en los leoninos convenios confidenciales celebrados entre la Policía Nacional y las empresas extractivas, especialmente las mineras. Así, los policías mal pagados y peor tratados por el Estado pueden ganarse un dinerito extra.
Esta práctica perversa comenzó en 1999, en el gobierno de Alberto Fujimori. El régimen de Alejandro Toledo puso de su parte al permitir que los acuerdos ya no requiriesen la firma del ministro del Interior. En el 2009, con Mercedes Cabanillas al frente del Mininter, el gobierno aprista institucionalizó los llamados “servicios extraordinarios complementarios” que ahora aplica Humala.
Al leer los convenios da la sensación de que estos hubieran sido redactados en los jardines de las mansiones de los dueños de las mineras. El acuerdo con Yanacocha es un ejemplo de ello.
El texto, escrito el 31 de marzo del 2011, exige, entre otras cosas, que la Policía designe “prioritariamente a personal especializado en control de multitudes de Cajamarca, de la División de Servicios Especiales y de la Dirección de Operaciones Especiales”.
“La Policía Nacional, en cumplimiento de sus funciones, intervendrá en situaciones especiales cuando la asociación política social haga previsible que podrían afectarse directamente la integridad física de los trabajadores y contratistas de minera Yanacocha”, añade una de las cláusulas.
Para que no queden dudas de quién manda, la cláusula de confidencialidad dice: “La Policía Nacional se compromete a dar un tratamiento confidencial y a no revelar el contenido de este documento a terceros, sin el previo consentimiento escrito de minera Yanacocha”. A cambio del servicio, Yanacocha, una de las mayores productoras de oro de Latinoamérica, ofrece muy avaras recompensas. En situaciones normales, paga S/.48 diarios para el oficial a cargo y S/.28 diarios para los suboficiales. En situaciones que ellos llaman “especiales”, por dar un servicio sin las facilidades del alojamiento y de la alimentación, el policía, sea cual fuere su rango, recibirá S/.78 diarios. Yanacocha se compromete a pagar un seguro de US$20 mil por fallecimiento; US$18 mil por invalidez permanente; US$10 mil por curaciones por lesiones graves; US$3.500 por lesiones leves, y US$3.500 por sepelio. ¡Bien barato le sale a Roque Benavides el kilo de policía teniendo en cuenta las millonarias ganancias de su compañía!
El documento que estamos citando lleva la firma del entonces vicepresidente de Yanacocha, Carlos Santa Cruz, y del director de la XIV Dirección Territorial Policial de Cajamarca, general Jorge Iparraguirre. El contrato, en teoría, debió vencer el 31 de diciembre del 2012. El portal de la Policía Nacional, que sólo hace mención al acuerdo pero no publica los detalles, dice que el primer pacto, firmado en mayo del 2007, sigue vigente.
Otro contrato llamativo es el de la compañía cuprífera de capitales suizos Xstrata Tintaya.
Al estallar el conflicto social en Espinar, Cusco, que dejó tres muertos, se descubrió que había una comisaría dentro del campamento minero. Las tareas ya estaban asignadas. “Como parte de sus funciones en la provincia de Espinar, el mayor comisario, jefe de la comisaría, apoyará el desenvolvimiento del destacamento policial de Tintaya. Al comandante de Sicuani se le considera como elemento de apoyo, información y control”.
El primer convenio de Xstrata y la policía fue celebrado un 17 de febrero del 2000. Y ha sido renovado sucesivamente. La redacción del documento señala que en la comisaría hay 12 policías (un oficial, dos efectivos de inteligencia y nueve suboficiales). El comisario recibe quincenalmente S/.850 por su trabajo mientras que los efectivos S/.350. La suma incluye bonificación, alimentos y pasajes.
Con el gobierno de Humala, la Policía pactó también con Antamina, uno de los mayores productores de cobre y zinc en el mundo. La firma de capitales suizos pidió protección para su campamento minero Yanacancha, en Áncash. Antamina demandó un mínimo de veinte efectivos de la División de Operaciones Especiales, los más preparados para aplacar posibles disturbios.
El equipo especializado tiene el encargo de “prevenir, detectar y neutralizar actos de sabotaje, terrorismo y cualquier amenaza contra el personal, instalaciones, maquinarias y equipos de Antamina”. A cambio, la comisaría recibió una computadora tipo desktop con acceso a Internet, un teléfono IP fijo de la red de Antamina, dos equipos de radios portátiles Motorola VHF y un celular RPC Claro. “Antamina también supervisará –dice el documento– que los efectivos estén capacitados y en aptitud física, mental y moral para el cumplimiento de las funciones y obligaciones”. El acuerdo fue suscrito
el 22 de junio del 2012 por el exdirector general de la Policía, Raúl Salazar. Vence a mediados del 2014. Por el trabajito la PNP recibe S/.19 por hora para el oficial y S/.13 por hora para los suboficiales. Si barato se vendió la administración García, la de Ollanta está en realización.
Con la minera sudafricana Gold Fields, las fuerzas del orden siguen el mismo sendero. Para el proyecto La Cima, anclado en la provincia cajamarquina de Hualgayoc, la cuarta mayor productora de oro del mundo busca que nada altere sus operaciones. La Policía, a través de la dirección territorial cajamarquina, tiene el compromiso de “prevenir y mantener el orden público brindando una adecuada protección al personal, bienes y derechos de la empresa”. Y añade: “atender diligentemente las denuncias por delitos y faltas, proteger a los trabajadores y propiedades en el Proyecto y en Cajamarca contra todo tipo de actos lesivos, tales como sabotaje, terrorismo, bloqueos, pandillaje, daños, atentados y cualquier otro hecho cuya prevención y/o control corresponda a la función policial”. El servicio se prestará las 24 horas del día en tres turnos de ocho horas.
Como en la mayoría de casos, Gold Fields ofrece una cobertura de seguro por caso de fallecimiento, incapacidad permanente, curación, sepelio y traslado. En situación de normalidad, los efectivos reciben entre 100 y 120 soles diarios. En situaciones de emergencia –o sea cuando las papas pueden quemar– un oficial en el grado de comandante o mayor recibe S/.180 diarios, un capitán S/.160 y un suboficial S/.140. El pacto fue firmado el 11 de enero del 2010 y tenía, en teoría, una duración de dos años.
Un trato similar recibe la canadiense Sulliden, roductora de oro y plata para su proyecto Shahuindo. Las fuerzas del orden destacaron a quince efectivos (un oficial y 14 suboficiales) para el campamento, ubicado en el distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba. El pago es el siguiente: S/.120 diarios para el oficial y S/.100 para un suboficial. El papel no anda con rodeos y también cuenta con su cláusula de confidencialidad.
La Policía no sólo cuida de las mineras sino que también brinda sus servicios a la compañía distribuidora de hidrocarburos Perú LNG. El objetivo: cuidar la construcción del ducto para el transporte de gas natural. Según el convenio del 9 de octubre del 2008, los efectivos son pagados para “prevenir, detectar y neutralizar actos de sabotaje, terrorismo y cualquier amenaza contra el personal”. Perú LNG paga S/.150 diarios al oficial y S/.100 diarios a los suboficiales.
Otras empresas con contratos son las mineras Barrick Misquichilca, Santa Luisa, Coimolache, Poderosa, Ares, Aurífera Retamas y Mistigold.
“La desnaturalización de la norma reside en el hecho de que los policías reciben pago por dar seguridad, cuando este servicio ya está pagado por todos los ciudadanos”, dice David Velasco, director ejecutivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, Fedepaz. Velasco fue uno de los ponentes en la sesión de la CIDH en marzo pasado, donde se denunció estos seudocontratos. Ante la denuncia el presidente de la Comisión, el mexicano José de Jesús Orozco Henríquez, paró las orejas y pidió más detalles: “Respecto a la llamada privatización de la función de la seguridad, consultaría a ambas partes: ¿qué normas la regulan y por parte del Estado qué sistema de monitoreo realiza en este tipo de casos y, si acaso,
el Estado asume que al conferir funciones de responsabilidad a particulares podría responsabilizarse, de forma directa, por posibles violaciones a los derechos humanos?”. La ministra Eda Rivas esquivó la pregunta y el procurador Luis Huertas prometió enviar documentos.
Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dice que los convenios favorecen a las empresas al trasladar toda la responsabilidad a la Policía en la represión de las protestas. “Si alguien muere, es más difícil de investigar”, dice Pérez.
Según las organizaciones de derechos humanos, el primer ministro Juan Jiménez y el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, se comprometieron a rescindir los contratos pero hasta ahora nadie dice esta boca es mía.
“¿A quién protegen los policías? ¿A las empresas o a la población? Cuando detuvieron a Marco Arana, una mujer le preguntó a un policía por qué hacen eso. Él respondió: ‘Porque son perros, concha tu madre’. Allí tienes la respuesta”, dice a este semanario Rocío Silva Santisteban.
