Los indígenas peruanos han suspendido sus protestas en contra de la concesión minera otorgada a la compañía canadiense, tras saber que quedaba derogada. Miles de indígenas han levantado finalmente el bloqueo que mantenían en el sur de Perú, cerca de la frontera con Bolivia, tras 50 días. La protesta se produjo por las concesiones mineras otorgadas en la zona, las cuales ocasionarían graves daños al medio ambiente. La suspensión de sus reivindicaciones se produce tras la decisión del Gobierno de Alan García de revocar la licencia otorgada a la empresa canadiense Bear Creek.
Los campesinos mantuvieron bloqueadas las principales vías de acceso en el departamento de Puno, perjudicando el intercambio comercial con Bolivia. Los cortes se extendieron a otras localidades de importancia turística en Perú como Yunguyo y los poblados que rodean el conocido lago Titicaca, uno de los principales destinos de los visitantes nacionales y extranjeros.
Las intensas manifestaciones lograron que el Gobierno de Alán García accediera a las exigencias de las comunidades aymaras de la zona sur de Perú, revocando el pasado viernes la concesión minera a la empresa canadiense Bear Creek. La compañía tenía previsto invertir más de 70 millones de dólares para explotar unos cinco millones de onzas de plata en el próximo lustro, provenientes de la mina Santa Ana, la cual cuenta con reservas certificadas de más de 63 millones de onzas de ese metal.
A partir de ahora, las compañías mineras tendrán la obligación de consultar a los indígenas sobre el desarrollo de nuevos proyectos mineros o petroleros, según reseñan medios locales. Además, el Ministerio de Energía y Minas de Perú emitió un decreto en el que declara de necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria, la recuperación ambiental de la cuenca del río Ramis, y dos resoluciones que prohíben el uso ilegal o informal de equipos de extracción en yacimientos ubicados cerca de ríos en cuatro provincias.
La situación en Puno se volvió violenta cuando el Gobierno de García envió al ejército y a la policía a la zona en conflicto para intentar dispersar la manifestación a la fuerza. El balance fue negativo: cinco muertos y más de 30 heridos.
La crisis en Puno se desató en plena campaña presidencial para la segunda vuelta celebrada el pasado 5 de junio, en la que resultó ganador el nacionalista Ollanta Humala. El próximo 28 de julio asumirá el poder en circunstancias económicas muy voyantes para el país andino.
Humala descartó que la situación en Puno haya tenido alguna motivación política, al tiempo que instó a García a poner fin a la crisis en esa región por ser todavía el presidente constitucional de Perú. “En Puno están pidiendo que se resuelva un problema concreto, que no lo hemos creado nosotros. Es una responsabilidad constitucional del actual gobierno resolver los problemas hasta el día 28 de julio, en que termina su mandato”, aclaró en declaraciones a los medios.
Según Humala, “cada día que pasa, se corre el riesgo que haya más víctimas que lamentar” y la “urgencia” es precisamente “evitar que haya más peruanos o peruanas que tengan que fallecer” a consecuencia de estas protestas indígenas.
