Cinco muertes para suspender las concesiones mineras. Después de casi 50 días de paralización, cinco muertos y cuantiosas pérdidas materiales el gobierno de Alan García en Perú suspendió por tres años a las nuevas concesiones mineras en el sur del país. La autoridad decretó además que las empresas mineras y petroleras deberán someter sus planes de exploración a consultas de las comunidades locales, entre las que ha habido una gran oposición de parte de la etnia aimara.
Por su parte, la empresa minera Bear Creek, dijo que recurrirá al mecanismo de resolución de controversias incluido en el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá, luego de que el gobierno revocara el viernes la concesión para su proyecto de plata Santa Ana, en Puno, debido a las protestas de los movimientos indígenas. “La empresa tiene la intención de iniciar una inmediata y vigorosa defensa de sus derechos a Santa Ana”, dijo el CEO, Andrew Swarthout.
Por ejemplo, se han derogado concesiones mineras, entre ellas Santa Ana, y se ha establecido la realización de una consulta previa de los pueblos indígenas para la administración de petitorios mineros en la zona aimara. También se ha declarado de necesidad pública e interés nacional la recuperación ambiental de los ríos Ramis y Suches, contaminados por la minería informal; un problema que se reavivó por lo menos hace cuatro años, pero que el gobierno simplemente nunca atendió
