En los últimos ocho meses, el proyecto Tía María de la minera Southern Copper Corporation ha despertado una fuerte oposición, como pocas en el país, en la provincia de Islay, Arequipa. Oposición además de constante, muy bien estructurada, pues se plasmó en las esferas social, judicial y política. Lo cual terminó por jaquear al gobierno y la minera, que de otro modo no estaban dispuestos a dar su brazo a torcer.

 

Por Raúl Chacón Pagán

12/05/2010. Social, realizándose en setiembre pasado una consulta ciudadana, que trascendió a nivel nacional e internacional, sobre la posición a tomar respecto al proyecto minero y la minería en general; judicial, presentándose en octubre pasado una acción de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua y la minera, «a fin de que se respete nuestro legítimo derecho constitucional a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida; así como el respeto del derecho a participar en la vida política, económica, social y cultural de la Nación», y política, organizándose un paro indefinido en abril, a continuación del paro minero artesanal, a fin de que el gobierno central tome en serio sus demandas. Todas estas iniciativas fueron impulsadas por el Frente de Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la C.G.T.P de la provincia de Islay, el Frente de Defensa de Cocachacra y el Movimiento Nueva Izquierda. Aunque también existe la Coordinadora Provincial Contra la Agresión Minera, presidida por el alcalde de Cocachacra, Juan Guillén López.

Sin embargo, sólo después del paro de una semana, que implicó dos heridos civiles de bala por disparos policiales, se logró paralizar el proyecto Tía María por 90 días. Plazo en el cual el gobierno aceptó que una comisión técnica equitativa revise el Estudio de Impacto Ambiental. Sólo recién después del informe final de esa mesa se pronunciaría el Ministerio de Energía y Minas, estableciéndose así una nueva mecánica, más democrática, en la evaluación de un EIA. Algo que el gobierno, como declaró el presidente del Consejo de Ministros, Velásquez Quesquén, aceptó por estar en «el marco de la ley», a fin de promover «un trabajo de legitimación social hecho por quien va a invertir» para no imponer «una inversión por importante que sea». Más claro ni Cantinflas, cuando era innegable que sólo la protesta social, bien organizada y controlada, logró una innovación que, una semana antes, el gobierno y la minera no imaginaban aceptar ni en sus peores pesadillas. Pero si bien ese fue el acuerdo del 20 de abril, conseguido incluso con la participación de los ministros de Ambiente, Antonio Brack; de Energía y Minas, Pedro Sánchez; de Agricultura, Adolfo de Córdoba, y del Interior, Octavio Salazar, recién el 4 de mayo, tras amenazas de reinicio del paro en Islay, se terminó de concretar.

Ese día se publicó una resolución ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), modificando la conformación e instalación de la Mesa Técnica inicial, que iba a ser integrada por 14 miembros: dos representantes del ministerio del Ambiente, uno del sector Agricultura, uno del gobierno regional de Arequipa, cinco de la sociedad civil y cinco de la Southern. La mesa ahora estará presidida por un representante del Ministerio del Ambiente e integrada por cinco representantes de la sociedad civil y cinco de la Southern. Así se daban por superados parte de los reclamos de las autoridades ediles y dirigentes sociales de la provincia de Islay, descontentos por la lentitud para instalar la Mesa y la desigualdad de representantes con que contaría. Por lo pronto, sólo faltaría que el Estado, cumpliendo una de sus promesas, retire la denuncia, formulada por el Ministerio del Interior el 19 de abril, contra autoridades (como los alcaldes distritales de Cocachacra y Dean Valdivia) y dirigentes sociales de Islay por haber cometido dos delitos. El nuevo camino legitimado del diálogo no podrá ser exitoso mientras se mantenga un procedimiento del viejo camino de la represión de la protesta ciudadana.