La Defensoría del Pueblo ha presentado su nuevo informe mensual sobre conflictos sociales, que ha llamado a alarma. Más de la mitad de los conflictos (132) son socioambientales, seguidos por temas de gobiernos locales y laborales. Básicamente es la misma dinámica que hemos visto durante los últimos años.

 

Fuente: Romain-nacionalista.blogspot

12/05/2010. Esta semana, la Defensoría del Pueblo ha presentado su nuevo informe mensual sobre conflictos sociales, que ha llamado a alarma.

De acuerdo con las cifras presentadas, existen 260 conflictos sociales en el país, de los cuales 179 están activos y 81 están latentes. La mayor cantidad de conflictos está en los departamentos de Cusco (21), Puno y Lima (20), Junín y Piura (18), así como 20 conflictos de escala nacional.

¿Cuáles son los temas que generan mayor conflictividad? Más de la mitad de los conflictos (132) son socioambientales, seguidos por temas de gobiernos locales y laborales. Básicamente es la misma dinámica que hemos visto durante los últimos años.

Los conflictos de carácter nacional son casos que ya han salido en medios hace mucho tiempo: asignación extraordinaria para los médicos (las famosas aetas), las pensiones en las Fuerzas Armadas y Policiales, manejo de la Caja del Pescador, fonavistas, oposición a concesión de puertos, homologación de docentes universitarios, los problemas con las comunidades nativas de la selva y la minería artesanal, entre otros. Y preocupa mucho como estas demandas hasta el momento no se han resuelto, a pesar que muchos de ellos tienen muchos años «en vías de solución».

También es interesante comprobar con datos la dinámica de buena parte de conflictos sociales. El 52% de conflictos activos (93) están en proceso de diálogo, de los cuales, el 55% (es decir, 51 conflictos) entró en esta fase luego de hechos de violencia. Y en el 42% de los casos registrados en total se registraron hechos de violencia.

Ojo que el Informe Defensorial, además de explicar conflicto por conflicto en todo el país, señala 4 movilizaciones que se vienen en estos días: paro regional en Loreto por los centros de comercio y navegación entregados a Ecuador, paro en Juliaca para tener nuevas fuentes de luz, los chicos del SUTEP que rechazan la norma que permite a profesionales de otras carreras acceder a la docencia escolar y los transportistas reclamando que se les baje el impuesto selectivo a los combustibles.

En suma, el Informe en cuestión confirma lo que desde hace años venimos diciendo: la poca capacidad del Estado en prevenir conflictos, la puntualidad de las demandas que no son articuladas entre sí, la variedad de grupos con los cuales el Estado tiene que negociar y el empleo de mecanismos violentos de protesta para que las demandas sean escuchadas. El mismo círculo vicioso en el que andamos desde inicios de la década.

Y eso que aun no contamos lo que se viene con el gas. Un contrato sin duda mal negociado pero al que estamos amarrados por la Constitución y por una serie de candados legales. Y ahí van a pretender ganar todos: desde políticos hasta azuzadores, pasando por presidentes regionales. Ojo con ese pleito y a manejarlo bien. Es un potencial conflicto.