Un polémico proyecto minero de unos 5.000 millones de dólares de la estadounidense Newmont en el norte de Perú carece del apoyo de la mayor parte de la población cercana al mismo, según un sondeo de Ipsos Apoyo, el primero significativo que se hace en la zona. Bajo el lema «Conga no va», varios paros regionales en Cajamarca en lo que va del 2012 son la muestra cabal del rechazo a la megaminería.

 

Fuente: Reuters
Apenas el 15 por ciento de 250 personas en la región de Cajamarca avala la propuesta mina de oro y cobre llamada Minas Conga, mientras que el 78 por ciento se opone, cifra que se eleva al 83 por ciento en las áreas rurales, según la encuesta realizada entre el 3 y 9 de agosto.

Los resultados del sondeo de Ipsos Apoyo podrían ensombrecer aún más el destino del proyecto, cuyo desarrollo está paralizado desde noviembre en medio de frecuentes protestas, que en julio se tornaron violentas y dejaron cinco muertos.

Actualmente, Newmont y su socia local, Buenaventura, sólo están construyendo en la zona varios reservorios para garantizar el agua que los pobladores utilizan en sus actividades ganaderas y agrícolas.

«(El proyecto) está muerto. Espero que la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) hable», sobre los resultados, escribió en su cuenta de Twitter el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, quien ha liderado las protestas en contra de Minas Conga.

El presidente Ollanta Humala conformó el mes pasado su tercer gabinete en apenas un año de gestión en un intento por imprimir un tono de diálogo, especialmente por el rechazo al plan Minas Conga que ha desafiado su Gobierno y lo ha obligado a relegar temas de su agenda de largo plazo.

La encuesta mostró que, de los que se oponen al avance del proyecto, un 34 por ciento considera que contaminará y destruirá el medio ambiente y un 23 por ciento opina que contaminará el agua.

Newmont ha dicho que sólo seguirá adelante con Minas Conga, que produciría entre 580.000 y 680.000 onzas de oro anuales en sus primeros cinco años, con el apoyo de las autoridades nacionales y locales.

Humala asumió en julio del 2011 con la promesa de aplacar los crecientes conflictos sociales, que amenazan con frenar inversiones mineras que suman unos 53.000 millones de dólares, y distribuir los beneficios del auge económico local con el tercio de peruanos que aún es pobre.