La minería operaría con las fuerzas militares cerca a fin de imponerse a cualquier descontento social es la idea concluyente que trasluce Oscar Vera, ministro de Energía y Minas de Perú.
Este anuncio del gobierno peruano necesariamente debe vincularse con los anuncios realizados en Argentina sobre el plan del gobierno argentino sobre la presencia de las FFAA en enclaves del extractivismo.
En una entrevista a la agencia norteamericana Bloomberg, el ministro señaló que el gobierno trabaja un plan que implica mantener a las fuerzas militares en las zonas con presencia minera.
Los empresarios mineros no han dejado de expresar su respaldo al ministro de Energía y Minas y al gobierno en su conjunto, como es el caso de Roque Benavides.
El presidente de Minas Buenaventura, afirma que el ministro “tiene una actitud muy constructiva por destrabar proyectos y por desburocratizar los procesos. Creo que eso es importante” expresó en una reciente entrevista.
Crisis y conflictividad
Mientras los empresarios saludan este tipo de anuncios, la asociación Cooperaccion advierte: “todo indica que podemos entrar a un nuevo momento de tensión en los territorios”.
La militarización y los estados de emergencia buscan perpetuarse para imponer la minería a las poblaciones, sin tomar en cuenta el respeto a sus derechos.
“Al parecer, todo indica que para el gobierno de la señora Boluarte, esta es la manera cómo se tiene que hacer la minería en el Perú” opina Cooperacción en referencia a la militarización de las zonas mineras.
Sin duda, la referencia directa es al denominado corredor sur andino, por donde transita un porcentaje importante de la producción de cobre del país.
La crisis política abierta desde el mes de diciembre de 2022 parece “abrir un nuevo ciclo de conflicto social y de luchas territoriales” apunta Cooperacción.
Los informes de la Defensoría del Pueblo registran que el número de nuevos conflictos sociales ha crecido en nueve y el número de nuevos conflictos mineros también si se compara con el primer semestre de 2022.
Esta situación de tensión se produce en un contexto de una casi nula legitimidad popular del actual gobierno en la opinión pública: 80 por ciento de la población desaprueba al gobierno de Dina Boluarte.
La cifra de desaprobación crece a 87 por ciento en el área rural, donde ocurren la mayoría de los conflictos socioambientales.
En Perú, la Defensoría del Pueblo registró un aumento significativo de conflictos sociales al identificar 225 casos a nivel nacional, la mayor cifra desde agosto de 2013.
Fuente: Servindi- Comunicación intercultural
