Frente interno. Tras el fallo de La Haya la mirada vuelve a nuestros problemas. Los conflictos sociales son una roca en el zapato del gobierno. De esa lista forman parte ambos proyectos que pugnan por la licencia social, la aceptación de las comunidades localizadas en el radio de influencia de la inversión.
Fuente: La República
El anuncio de inversiones no siempre son buenas noticias. La prueba palpable lo reflejan los 217 conflictos sociales que reporta la Defensoría del Pueblo y en donde un grueso número rechaza la explotación de minas, agua, petróleo y otros recursos naturales. Esa lista la engrosan Tía María, el proyecto minero que pretende extraer 120 mil toneladas al año de cobre de los desiertos de Arequipa, a menos de tres kilómetros del valle agrícola de Tambo (Islay), y también la segunda etapa de Majes Siguas, cuya ejecución todavía afronta el rechazo de un sector en la provincia de Espinar.
Con matices, ambas iniciativas generan temores a posibles daños ambientales, expectativas insatisfechas, resentimientos, etc. Esa suma de percepciones de los pobladores afectados, más la ausencia del Estado, la manipulación de líderes políticos y la falta de pericia del inversionista para socializar con el entorno, inevitablemente derivan en un enconamiento social cuyas consecuencias fueron muertes y millones de pérdidas económicas.
1 NO HAY PRIMERA SIN SEGUNDA
En 2011, el desenlace de Tía María fue fatal. Los tres muertos y una resistencia social obligaron al gobierno a cancelar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Hubo muchas objeciones, pero la demanda central giró sobre el uso del agua. La mina necesita siete millones de metros cúbicos (MMC) para sus operaciones y pretendía explotar un acuífero subterráneo que según los agricultores de Tambo alimenta el río del mismo nombre. Este caudal riega las más de doce mil hectáreas de cultivo. El año pasado, la mina renunció al recurso subterráneo y optará por desalinizar el mar. También desarrolla un programa de socialización y acercamiento. Por ejemplo, empadronó a 14 mil pobladores que tentativamente podrían laborar en el proyecto. Una bomba de tiempo que podrían activarla quienes no sean seleccionados.
Pese a esos cambios de actitud, persisten los focos de resistencia. Oposición visible en los talleres y audiencias recientes para explicar el nuevo EIA. Uno de los críticos a Tía María es Pepe Julio Gutiérrez. Este dirigente convertido en candidato en las elecciones del 2010, cuando crecía la intensidad del conflicto, rechaza a Southern. Para él no es suficiente haber cambiado el EIA. Señala que es imposible una convivencia con la minería. Los polvos por las voladuras de roca y el ácido sulfúrico para tratar el mineral contaminarán, dice.
Gutiérrez llama burla al ofrecimiento de la minera de entregar S/. 100 millones para obras de desarrollo. Plantea dos alternativas a título personal. Que valoricen el valle y la mina deposite una garantía económica; la indemnización se hará efectiva si cae la producción agrícola por la contaminación. También propone que el mineral bruto sea tratado lejos de Tambo. Los opositores juegan dos cartas para declarar la inviabilidad de la mina. Solicitaron formalmente la anulación de la última audiencia aduciendo que se impidió la participación ciudadana y observaron el EIA.
En su informe la Defensoría registra Tía María como un conflicto reactivado sin diálogo. El director de Relaciones Institucionales de la minera, Julio Morriberón Rosas, no lo descarta, empero dice que ello está supeditado a la aprobación del EIA. Aunque para él ese espacio debería servir para definir el destino de los S/. 100 millones. La luz verde dependerá del Ministerio de Energía y Minas, aunque parece un hecho consumado. Eso se desprende de una declaración del ministro del sector, Jorge Merino, quien después de la audiencia dijo que la mina ya tenía licencia social. “Esperemos que el EIA se apruebe en 90 días y en el segundo semestre de 2014 se inicien las operaciones.
El subgerente de la Autoridad Ambiental Regional, Dante Pinto precisa que este tipo de posiciones confirman la falta de objetividad de este ministerio para evaluar los EIA, que promueve la inversión y la fiscaliza. “No le ayuda la propia empresa, la licencia social no se consigue con una audiencia, sino que es un proceso que se prolonga hasta que la mina opera. ¿Qué dice el ciudadano de a pie? Una encuesta de Apoyo dice que la mayoría apoya el proyecto. Gutiérrez retruca, “entonces si fuese así, que se haga una consulta”.
2 CAMINO ALLANADO
Majes Siguas II la tiene más fácil. Desde el 2008, Cusco apeló a la protesta social y camino judicial para impedir la ejecución. Argumentaban que el represamiento del río Apurímac dejaría sin recurso a Espinar. Aguas arriba el proyecto prevé construir una de las represas más grandes del país para irrigar 38,500 hectáreas. El desenlace judicial se dio el año pasado en el Tribunal Constitucional (TC). Este organismo activó al proyecto después de concluirse un nuevo Balance Hídrico.
La investigación encargada a UNOPS determinó que la cuenca generaba agua para atender la demanda de Espinar y Arequipa (ver info pag 23). Incluso que había un excedente de más de 60%.
El alcalde de Espinar Óscar Mollohuanca, y un grupo de dirigentes rechazan el estudio argumentando que no hubo trabajo de campo. Este se elaboró con información de los últimos 40 años e imágenes satelitales. En sus descargos los técnicos de Naciones Unidas revelan que no recogieron datos in situ por falta de seguridad, hubo amenazas. El martes 4 habrá una reunión clave con el premier César Villanueva. Se convocó a Mollehuanca y opositores que insistirán con anular el estudio hídrico. En compensación a Espinar se harán cinco represas y mejorar la infraestructura de riego. La inversión supera los 300 millones. Alcaldes de Condoroma y Coporaque apoyan estas obras, pero denuncian amenazas de los dirigentes opositores. Para este jueves el presidente Humala colocará la primera piedra de Majes. La reunión del martes con Espinar será clave para saber sin persisten con oponerse, aunque sus últimos paros tuvieron el impacto.
