“Perú es uno de los países más mortíferos para los activistas que protestan en contra de la minería. Aproximadamente el 80% de los 69 asesinatos perpetrados allí desde 2002 estaban relacionados con el sector de la minería, lo que incluye 11 de los 12 acaecidos en 2015”; ésta última fecha referida al 28 de septiembre de 2015, en la que agricultores de Apurímac comenzaron una protesta contra Las Bambas, operada por la empresa china MMG Limited, debido a ciertos cambios en el plan de impacto ambiental que ellos creían que provocarían contaminación.
Ver también: 185 activistas fueron asesinados en 2015 en defensa del medio ambiente
Fuente: Derechos Sin Fronteras
“Los defensores de la tierra y el medio ambienteahora están siendo asesinados al alarmanteritmo de más de tres por semana.” Infome “En terreno peligroso” – Global Witness
“El asesinato se ha convertido en algo políticamenteaceptable para conseguir objetivos económicos […]. Tras diez años trabajando en la Amazonía, nunca he visto una situación tan mala.”
Felipe Milanez, ex director adjunto de National Geographic Brasil
El último lunes, Global Witness publicó su último informe “En terreno peligroso” – El medio ambiente mortal de 2015: asesinato y criminalización de defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo, en el que documentó un total de 185 asesinatos en 16 países, lo que representa un aumento del 59 % respecto a 2014. Además los datos demuestran que 67 de los defensores asesinados el año pasado pertenecían a comunidades indígenas.
Ambas cifras son las más altas desde que Global Witness comenzó a recopilar datos en el 2002.
Perú y la industria extractiva y minera
Según Global Witness “las industrias extractivas y minera estaban relacionadas con la mayoría de los asesinatos de 2015, con 42 casos (un aumento de casi el 70 % desde 2014) y los índices más altos se dieron en Perú (11), Filipinas (11) y Colombia (7). Muchas de las quejas contra la minería se referían a la negativa de las empresas a consultar a las comunidades locales sobre proyectos que afectarían a su tierra y su entorno.”
“Perú es uno de los países más mortíferos para los activistas que protestan en contra de la minería. Aproximadamente el 80% de los 69 asesinatos perpetrados allí desde 2002 estaban relacionados con el sector de la minería, lo que incluye 11 de los 12 acaecidos en 2015”; ésta última fecha referida al 28 de septiembre de 2015, en la que agricultores de Apurímac comenzaron una protesta contra Las Bambas, operada por la empresa china MMG Limited, debido a ciertos cambios en el plan de impacto ambiental que ellos creían que provocarían contaminación. “Cuatro manifestantes murieron asesinados y 15 fueron heridos por disparos de la policía, mientras que ocho agentes de policía acabaron lesionados.”
Casos peruanos mencionados
Global Witness menciona el caso de Alfredo Ernesto Vracko Neuenschwander, silvicultor comunitario, que fue abatido a tiros en su casa de Madre de Dios el 19 de noviembre de 2015. Era el líder de un movimiento para oponer resistencia a las invasiones de los bosques de Tambopata por parte de mineros de oro ilegales que, antes de su asesinato, ya le habían amenazado repetidamente.
También menciona el caso de Máxima Acuña Chaupe, quien ganó la última edición del Premio Ambiental Goldman y quien “ha sido golpeada por la policía y ha sufrido años de intimidación por negarse a permitir la construcción de una mina de oro a cielo abierto en su tierra en el norte de Perú.”
La legislación que favorece
Global Witness recuerda que “el año pasado, diez manifestantes murieron por disparos de la policía durante acciones pacificas para defender sus derechos sobre la tierra y el medio ambiente. Nueve de ellos murieron en manifestaciones contra minas de Perú, país que hace poco debilitó su legislación en materia de medio ambiente para fomentar una mayor inversión en minería.”
“En aquellos países en los que se han aprobado leyes para dar carácter oficial a los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas, la aplicación de dicha legislación suele verse paralizada por procesos enrevesados y la prioridad de la reforma de la tierra se da a las industrias extractivas. Por ejemplo, un análisis llevado a cabo el año pasado demostró que en Perú era necesario superar 27 pasos para obtener los títulos de propiedad de la tierra indígena, mientras que solo se necesitaban tres para obtener una concesión de tala y siete para una concesión minera.”
Otro ejemplo es la Ley 30230, que redujo el tiempo asignado para las evaluaciones del impacto ambiental en un intento por fomentar más inversiones mineras.
*Global Witness investiga los conflictos y la corrupción vinculados con los recursos naturales, así como los abusos medioambientales y de los derechos humanos relacionados con los mismos, y lucha por prevenirlos.
Descargue el informe completo aquí
