José De Echave, presidente de Cooperacción, insistió que se no se deben entregar licencias mineras sin evaluación previa.

 

 

Fuente: diario La República

15/12/2010. El incremento del territorio nacional concesionado a la minería crece, en paralelo, con la violencia de los conflictos que esta genera. Así lo determina el sétimo informe delObservatorio de Conflictos Mineros en el Perú, que además concluye que en la actividad minera es donde el Estado está más ausente.

José De Echave, director ejecutivo de Cooperacción, institución que elaboró el informe, sostiene que aunque las licencias son una etapa previa a la explotación, los pobladores, al enterarse de que estas se producen sin siquiera haber sido consultados, reaccionan con mayor dureza. «Estamos preocupados por la intensidad de los conflictos, los vacíos de información y la ausencia y falta de liderazgo del Estado», subrayó.

De Echave consideró, además, que en la actualidad existe una entrega «caótica y desordenada» de las concesiones mineras porque se entregan zonas sin considerar las actividades económicas que se desarrollan en las localidades cercanas o la existencia de los ecosistemas.

El informe, que recoge datos de Piura, Cajamarca, Apurímac, Junín y Cusco, señala que debe existir un reordenamiento territorial que demarque las zonas susceptibles de permisos y disponer cuales deben quedar a disposición de otras actividades productivas.

El experto afirmó que también debe existir evaluación socioambiental previa a la concesión minera, en la que se observe la compatibilidad de esta actividad con el medio ambiente y los procesos productivos de la zona. Este tema como el de la tributación minera deberán estar presentes en la campaña presidencial, agregó.

Los datos

Territorio. En el transcurso de seis meses las concesiones mineras han aumentado, aproximadamente, a un millón y medio de hectáreas y suman hasta la fecha 21 millones 282 mil 978 hectáreas, la cifra más alta en toda la historia del Perú.

Control. Cooperacción consideró que el ministerio del Ambiente debe tener mayor capacidad para fiscalizar al sector minero porque hasta ahora solo el MEM tiene una voz cantante y es a favor de la minería.