Reafirmamos la certeza de que el trabajo social de despertar conciencia en la lucha por la defensa del territorio y los bienes comunes es la tarea fundamental para forjar una propuesta de transformación hacia la búsqueda del Buen Vivir. Extendemos un llamado a la organización y fortalecimiento de los espacios asamblearios, a cada hermana y hermano de todos los pueblos de la Patagonia, para manifestarnos y resistir contra los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la Naturaleza y la Humanidad.
14º Encuentro de la Unión de Asambleas Patagónicas
Furilofche, Puel Mapu
San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro
Cuenca Currú Leuvú
We Cuyen
“Somos agua pura fluyendo libre de la cordillera al mar, somos nuestro vasto territorio del río Colorado al cabo de Hornos. Las Asambleas de la Patagonia nos reunimos, una vez más, en defensa de la vida para continuar sembrando nuevos mundos”
Los días 18 y 19 de junio del año 2016, en un momento muy especial para la Naturaleza, donde las fuerzas de todos los seres inician un nuevo ciclo, hermanos y hermanas de distintas partes del territorio patagónico (Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Puerto Pirámides, Puerto Madryn, Rawson, Esquel, Lago Puelo, El Bolsón, Ñorquinco, Bariloche, Fiscuc Menuko -Roca-, Allen, Viedma y Carmen de Patagones) nos hemos reunido, movilizadas y movilizados en dignidad, por la defensa del territorio, el agua y los espacios ceremoniales, naturales y tierras productivas. La Naturaleza no puede ni debe ser entregada para sostener la voraz y monstruosa industria del mundo capitalista corporativo globalizado.
Reafirmamos la certeza de que el trabajo social de despertar conciencia en la lucha por la defensa del territorio y los bienes comunes es la tarea fundamental para forjar una propuesta de transformación hacia la búsqueda del Buen Vivir. Extendemos un llamado a la organización y fortalecimiento de los espacios asamblearios, a cada hermana y hermano de todos los pueblos de la Patagonia, para manifestarnos y resistir contra los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la Naturaleza y la Humanidad.
Tenemos la expresa necesidad de interpelar al actual modelo extractivista, en las múltiples denuncias que emitimos, como damnificadas y damnificados de la exposición nociva a distintas formas de contaminación ambiental y social, violencia, opresión y exilio forzoso que la condición colonial de los Estados genera sobre la población, víctimas en definitiva de delitos de lesa humanidad y lesa naturaleza, que incluyen las figuras de genocidio, etnocidio, ecocidio; que atentan contra las personas, contra la Naturaleza, contra los elementos naturales, contra los ecosistemas, contra la cultura, contra la dignidad; que en sí mismos suponen tratos crueles, inhumanos, innaturales y degradantes y que por la magnitud de su impacto y la gravedad de su lesión son delitos imprescriptibles. Ante esta previsibilidad de no-futuro, sostenemos la lucha, exigiendo acceder al conocimiento, participación y protección del agua que el sistema nos niega.
Quienes han urdido e implementado el actual modelo de “desarrollo”, incluidas instituciones financieras internacionales y corporaciones extractivistas, sitúan al agua como una mercancía: la explotan, contaminan y usan indiscriminadamente. Ante ello, es necesario defender el agua como un bien común, público y universal, exigiendo que los conflictos por el agua sean reconocidos como tales; abordando la justicia, la igualdad y la paz social del agua; denunciando la invisibilización de estas problemáticas y echando luz sobre los hechos que acontecen en estos tiempos.
Nos pronunciamos en necesidad y conciencia de ejercer, defender y trabajar en distintos ámbitos para que se reconozcan y respeten efectivamente los derechos de la Naturaleza y los derechos humanos, estadios hermanados en una concepción natural.
La criminalización de la resistencia social al modelo extractivista en sus diferentes variantes (megaminería, fracking, deforestación, represas, latifundios, forestaciones, agronegocios, etc.) se sitúa como la respuesta de gobiernos ausentes en la protección de los derechos humanos y presentes en la legitimación de la explotación de la Naturaleza y la militarización del territorio. No es casual que 2015 haya sido el año con más asesinatos de luchadoras y luchadores socioambientales en lo que va del presente siglo, con 185 muertes (69 más que en 2014), y tampoco es casual que Latinoamérica sea la región con más víctimas (66%).
En razón de esto, nos solidarizamos con las Lof en Resistencia del Dpto. Cushamen (Chubut, Puel Huili Mapu), por la represión sufrida por su población y el encarcelamiento del Longko Weichafe Francisco Facundo Jones Huala, producto de la persecución política de los Estados, tanto argentino como chileno, por comprometerse junto a hermanos y hermanas en la defensa del Ngen Mapuche y la Ñuke Mapu, en la recuperación del territorio ancestral usurpado por terratenientes, como camino a la liberación del pueblo mapuche, víctima de terrorismo de Estado. Exigimos su inmediata liberación y la denegación del pedido de su extradición.
Asimismo, repudiamos la demonización y estigmatización del pueblo mapuche que llevan adelante los medios corporativos pautados por los propios gobiernos y grandes empresas que promueven y ejecutan la usurpación y el saqueo de sus territorios.
Denunciamos públicamente el constante avance de la frontera hidrocarburífera sobre el Valle del Río Negro (Currú Leuvú), como prolongación de la depredación en Vaca Muerta y la destrucción de tierras con producción frutihortícola en la zona de Allen y otros pueblos del Alto Valle; abriendo nuevos frentes de exploración/explotación en Villa Regina, Fiscuc Menuko (Gral. Roca), Choele Choel, en zona contigua de bardas y meseta, y en Chelforo (del mapuzungun “chel” -gente-, “foro” –hueso- y “mapu” -tierra-, “la tierra de los huesos de la gente”), territorio sagrado del Puel Mapu, espacio ceremonial ancestral mapuche donde reposan enterratorios de kuifiqueche –gente antigua-, entre las costas del río Colorado y el río Negro, significando un grave atentado contra la integridad territorial, cultural y espiritual del pueblo-nación mapuche. Estas áreas se las declara de tal manera zonas de sacrificio, como antesala a la muerte de la tierra, del agua y de sus poblaciones, atentando contra su permanencia en el lugar. Como protagonistas de nuestra historia, lucharemos por decidir sobre nuestro destino.
En este sentido, también denunciamos públicamente que la Secretaría de Ambiente y “Desarrollo Sustentable” del Gobierno de Río Negro patrocina la devastación del fracking, bajo la tutela de su titular, Dina Migani, que al mismo tiempo es propietaria de la empresa Quinpe S.R.L, proveedora de insumos químicos a las corporaciones petroleras y mineras que debería controlar. Ante esto, nos preguntamos: ¿puede el zorro cuidar el rebaño?
Nos alerta la inminente ampliación de la infraestructura del puerto marítimo de Puerto Madryn (Chubut), en el marco de acciones saqueadoras globales diseñadas e impulsadas por el IIRSA, que incluyen el transporte de insumos industriales tóxicos en las aguas del Golfo Nuevo. Destacamos el pronunciamiento del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), en el cual se declara en contra de cualquier industria que ponga en peligro el ecosistema donde la ballena franca austral y otras muchas especies marinas eligen ancestralmente desarrollar su vida, acompañando a la asamblea local de Puerto Pirámides en la divulgación de las graves consecuencias que esto generaría.
Alertamos respecto del control energético llevado adelante por el magnate inglés Joseph Lewis, usurpador del Lago Escondido, a través de su socia local Pampa Energía, dueña de la generación, transporte y distribución de electricidad en gran parte del país, así como de la explotación, distribución y comercialización de hidrocarburos no convencionales, a través de su subsidiaria Petrolera Pampa, expandida por la reciente compra de los activos argentinos de Petrobras. En el mismo sentido, denunciamos la obra depredadora de la central hidroeléctrica en el río Escondido (cuya ley de concesión está caída, con lo cual debe ser anulada de inmediato) y su conexión clandestina al sistema de distribución eléctrica de El Bolsón. Exigimos la apertura del camino público de libre acceso al Lago Escondido por Tacuifí, tal como lo ordena el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
Repudiamos la implementación del “protocolo contra el delito” implementado por el Gobierno de Río Negro, que autoriza las detenciones de personas menores de edad por parte de la policía y nos manifestamos totalmente en contra el fallo judicial que avala esta medida y contra el proyecto de ley para legitimar este accionar violento del Estado.
Exigimos la inmediata anulación y baja definitiva de TODAS las concesiones mineras del territorio patagónico que se encuentren en aquellas zonas comprendidas por los alcances del artículo 105 de la Constitución del Chubut, el artículo 76 de la Constitución de Río Negro, la Ley de Bosques Nativos (26.331), la Ley de Glaciares (26.639), la Reserva de la Biosfera Andino-Norpatagónica, las Áreas Naturales Protegidas provinciales legalmente establecidas y los ejidos municipales que cuenten con ordenanzas de prohibición a la minería con uso de sustancias tóxicas. Asimismo, volvemos a exigir la restitución de la Ley Provincial 3981 de Río Negro (Ley Anticianuro), la sanción de la Iniciativa Popular en la Legislatura del Chubut, con el texto original presentado por vecinas y vecinos, sin modificaciones, y la derogación de la “Ley Antiterrorista”.
Ponemos en evidencia la falta de idoneidad y negligencia de las autoridades del Gobierno del Chubut ante la grave problemática del desecamiento de la cuenca del río Senguer y los lagos Musters y Colhué Huapi, por la derivación desmedida y sin control de sus aguas para la actividad hidrocarburífera, megaminera y latifundista privada, así como el avance de la frontera extractivista en las miles de hectáreas de lechos lacustres y humedales secos. Nos oponemos a la construcción de represas en dicho río e instamos a que el agua se destine prioritariamente al abastecimiento de la población, a la producción local de alimentos y a la recuperación del sistema natural degradado.
Denunciamos la puesta en marcha en la provincia de Chubut de la producción a gran escala de arenas silíceas destinadas al fracking, sabiendo que así contribuye el gobierno de esta provincia a la destrucción irreparable de territorios hermanos como la zona frutícola del Alto Valle del Río Negro y comunidades de pueblos originarios en las provincias de Rio Negro y Neuquen. A ello se suman las graves consecuencias que su procesamiento y transporte ha de generar en las poblaciones del Valle Inferior del Río Chubut.
Interpelamos desde los espacios populares a los sistemas de salud estatales, ante la ausencia recorte y/o imprecisión de datos y estadísticas respecto del estado sanitario de la población en aquellas zonas afectadas por actividades contaminantes, así como su falta de pronunciamiento respecto de las consecuencias que la contaminación ambiental puede generar a la población. En este sentido, destacamos los pronunciamientos emitidos por profesionales de la salud de Tinogasta (Catamarca), médicas/os pediatras y trabajadoras/es de la salud de Esquel (Chubut), médicas/os de pueblos fumigados de la Red Universitaria Ambiente y Salud (REDUAS) y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud Argentina (FESPROSA).
Denunciamos y repudiamos la reciente incorporación de Argentina como Estado “miembro observador” del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), que somete todas aquellas cuestiones vinculadas a la salud pública, la producción y el comercio de alimentos y medicamentos, la protección del medioambiente, las inversiones públicas, los derechos de autor y patentes, el control de internet y telefonía móvil, las condiciones laborales, la protesta social, la libre expresión, las leyes y el funcionamiento de las instituciones democráticas de los países miembros a los designios de gobiernos y empresas de EEUU, su principal impulsor, poniendo en riesgo la vida y la economía de los pueblos y comunidades y cercenando su voluntad de autogestión y autodeterminación. Denunciamos que el contenido secreto de este acuerdo fue consensuado a puertas cerradas únicamente por gobiernos y corporaciones, sin ningún estándar mínimo de transparencia y participación popular.
Los problemas que causan estos tratados internacionales que pretenden ordenar la economía de gran escala, mediante la imposición de iniciativas extractivas, comerciales y normativas, ya vienen sucediendo hace tiempo, con los acuerdos que han firmado los sucesivos gobiernos con las corporaciones, que en general se dirimen en tribunales externos vinculados a éstas. Aclaramos que nos oponemos al TPP porque somos antiextractivistas y cuestionamos que todos los gobiernos de turno, más allá de su ideología, pongan al extractivismo como condición de desarrollo.
A exactamente 20 años, recordamos la gesta de la gran marcha que le dijo NO al basurero nuclear en Gastre, cuando miles de personas se movilizaron desafiando al frío y las distancias de la meseta chubutense, el 17 de junio de 1996.
El lugar y fecha del 15º Encuentro de la UAP queda a confirmar y será informado a la brevedad.
Por territorio, agua y dignidad.
“Participar, dijimos, es lo nuestro. Nuestros NO deberán tener la fuerza de imponer decisiones populares” (Javier Rodríguez Pardo).
