En una audiencia pública el viernes 15 de noviembre, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de comunidades darán testimonio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de afectaciones particulares a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades por la extracción de minerales de utilizados en la transición energética.
Foto de portada: Pescadores trabajan junto a una planta eólica, en Ceará, Brasil.PHILIPPE TURPIN (GETTY IMAGES/PHOTONONSTOP RF)
En un contexto de crisis climática, la comunidad global ha unido esfuerzos para alcanzar la meta fijada: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, es indispensable reemplazar el uso de combustibles fósiles con otras opciones que permitan satisfacer la demanda energética. Sin embargo, el cómo lo hagamos es fundamental y pasa por poner en el centro a los derechos humanos.
El Banco Mundial considera crucial la extracción de 3.000 millones de toneladas de minerales en los próximos 30 años para impulsar la transición energética mundial. Y, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en esta región se encuentra gran parte de las reservas de recursos esenciales para este proceso: 51% de las reservas mundiales de litio, 38% del cobre, 22% del grafito natural, 39% de la plata y 17% del níquel, zinc y tierras raras.
Pero los costos ambientales y sociales de la extracción de los llamados minerales “críticos” para la transición recaen de manera desproporcionada en las comunidades y los ecosistemas, particularmente en el sur global. Esto ya está ocurriendo en territorios altamente biodiversos y vulnerables a las presiones de la minería, cuya expansión pasa por alto la consulta, la participación y el acceso a información de las comunidades tradicionales.
Es el caso del Gran Atacama, región ubicada en la Puna transfronteriza de Argentina, Bolivia y Chile. En el Salar del Hombre Muerto, por ejemplo, la acumulación de actividades de extracción de litio ha agravado el estrés hídrico en la provincia argentina de Catamarca y amenaza con afectar la salud de las comunidades indígenas del lugar por el uso de grandes cantidades de agua y de químicos contaminantes.
La Amazonia, el bosque tropical más grande del mundo —habitado y protegido por más de 470 pueblos indígenas y tradicionales—, también está en riesgo ante la carrera por los minerales de transición. En el territorio amazónico de Brasil se identificaron, hasta mayo de 2024, más de 5.000 solicitudes de 807 empresas para explotar estos minerales en una extensión total de 26 millones de hectáreas dentro del bioma.
En la Amazonia colombiana, pese a la existencia de áreas protegidas que incluso se traslapan con territorios indígenas, hay vulneraciones de derechos humanos a causa de concesiones y solicitudes vigentes para la explotación de minerales, la mayoría incluidos en el listado de “estratégicos para la transición”, así como por su extracción ilegal. La falta de control sobre la cadena de valor de estos minerales es un factor decisivo detrás de esta situación.
Algo similar ocurre en los Andes tropicales, otro hotspot de diversidad biocultural afectado por la extracción, legal o ilegal, de minerales como el cobre. Frente a esta realidad, órganos internacionales se han pronunciado acerca de las problemáticas de derechos humanos de los procesos de respuesta a la crisis climática, en general, y de la transición energética, en particular.
En septiembre pasado, por ejemplo, el Panel de las Naciones Unidas sobre Minerales Críticos para la Transición Energética emitió una serie de recomendaciones y principios voluntarios con el objetivo de garantizar una gestión equitativa, justa y sostenible de estos minerales.
Y en una audiencia pública este viernes, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de comunidades hablarán por primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de los impactos que la extracción de minerales para la transición implica para los derechos humanos en el continente. Darán testimonio de casos concretos y de afectaciones particulares a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades, al derecho a un ambiente sano y a los derechos de acceso a la información pública ambiental, la participación ciudadana y a la justicia.
La CIDH tiene un rol esencial para impulsar el diálogo con los Estados y la adopción de medidas eficaces y oportunas para prevenir la violación de derechos humanos en la gestión de la crisis climática. Frente a este desafío mundial, es fundamental entender que no existe una sola transición energética, sino varias, que respondan a las necesidades de cada territorio, así como a los diferentes contextos sociales. Desde una perspectiva latinoamericana, las transiciones implican un cambio de sistema energético y no solo un cambio de matriz energética. Deben ser procesos que promuevan el acceso a la energía para las comunidades, asegurando su participación en las decisiones y sistemas locales sostenibles basados en energías limpias.
Es necesario un consenso diferente a nivel mundial: la necesidad de abordar la crisis climática y los procesos de transición energética con un enfoque de derechos humanos para proteger a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad.
* Gladys Martínez de Lemos es abogada costarricense, experta en incidencia internacional ambiental y directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Publicación original: https://elpais.com/america-futura/2024-11-14/la-urgencia-de-proteger-los-derechos-humanos-durante-la-transicion-energetica.html
