Las puertas giratorias en las industrias extractivas se mueven a todo nivel. El último caso: el de Julio Bonelli, exgerente de Permisos Ambientales de Yanacocha, la aurífera más importante de Sudamérica, y hoy nombrado como director del área que aprobará los estudios ambientales de los grandes proyectos de inversión en Senace sigla del Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles que depende del al Ministerio del Ambiente de Perú.
Fuente: Convoca
El lunes 29 de agosto, el presidente Pedro Pablo Kuczynski almorzó en su casa de San Isidro con el exmandatario Alan García, con quien intercambió buenas ideas y consejos mientras comían un solterito arequipeño, un pescado a la chorrillana, un alfajor, “con su cafecito y una gotita de vino blanco”. Pero Kuczynski no solo habló de gastronomía con la prensa al terminar su encuentro colosal. En un rapto de sinceridad, como ya tiene acostumbrada a la audiencia y para estar a tono con el generoso menú, el Presidente habló de otro banquete de cifras millonarias: aseguró que no solo invita a su casa a políticos sino también a grandes empresarios: “He hablado con los jefes de todas las grandes empresas mineras del cobre del mundo. Han estado en mi casa en las últimas semanas y creen que tanto el cobre y el zinc son los metales de los próximos 10 a 15 años. Y nosotros tenemos las mejores reservas de zinc del mundo”. Kuczynski, el economista, celebró la noticia mientras que el hecho pasó inadvertido por la prensa a pesar que era un ejemplo claro de cómo se toman las decisiones en la intimidad del poder.
Como se sabe, entre 2003 y 2004, Kuczynski fue miembro del directorio de una de las empresas de los dueños del cobre: Southern Perú Cooper que enfrenta un conflicto social en la región sureña de Arequipa por el proyecto minero Tía María, que en los últimos cinco años registró siete muertos y unos 230 heridos . Pero, además, entre los “jefes de todas las grandes empresas mineras del cobre del mundo” que visitan la casa del Presidente, aparecen otras compañías extranjeras y nacionales, cuestionadas por daños probados a ríos, suelos y a la salud de la población como la peruana Volcan, la más infractora de todas. La mayoría se resiste a invertir lo que sea necesario para mejorar sus procesos productivos. ¿De eso también habló Kuczynski en su casa durante la sesión minera? No lo dijo. Lo que sí evidenció es su nulo manejo para marcar distancia con el poder corporativo de las industrias extractivas, donde el carrusel vicioso de funcionarios que van y vienen del sector público al privado, y viceversa, alimenta la desconfianza de la población sobre la forma en que se aprueban los estudios ambientales y la calidad de estos expedientes que deben contar con planes sólidos, lejos de influencias, para proteger el territorio peruano y a sus pobladores.
Las industrias extractivas están marcadas por la puerta giratoria a todo nivel, una práctica que si bien no es exclusiva de este gobierno, ya se ha empezado a evidenciar de manera contundente en Senace, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, y que ahora es la encargada de aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados de los grandes proyectos de inversión.
El mismo 29 de agosto, el día del almuerzo entre Kuczynski y García, se aprobó la designación del ingeniero de minas Julio Bonelli Arenas como Director de Certificación Ambiental del Senace, para que encabece el equipo técnico a cargo de la aprobación de los estudios ambientales y otros expedientes vinculados a grandes proyectos de inversión.Entre ellos, los proyectos de los “jefes del cobre” y de la minera Yanacocha, cuestionada por los pobladores de Cajamarca por el caso Conga, compañía para la que trabajó Bonelli como Gerente de Permisos Ambientales. En un rotundo conflicto de interés, este funcionario tendrá a su cargo la aprobación de los expedientes ambientales que lleguen al Estado cuando antes debía gestionar lo mismo desde la empresa privada. Bonelli ha representado controversiales pedidos de Yanacocha ante las autoridades peruanas.
En diciembre de 2011, la principal aurífera de América del Sur, presentó al Ministerio de Energía y Minas una solicitud para modificar el estudio ambiental del proyecto Yanacocha Oeste y en abril de 2012 otro proyecto denominado Carachugo (Ver “El tajo junto al río” publicado en IDL-R). Tres meses después, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros de ese ministerio, pidió la opinión de la Autoridad Nacional del Agua que terminó elaborando un informe con 30 observaciones sobre el primer proyecto. ¿Dónde estaba la controversia? Yanacocha pidió ejecutar ambas operaciones a tajo abierto, sin respetar los nuevos estándares de calidad ambiental para las aguas que debían aplicarse desde 2008 y que eran más exigentes. Aceptar esos parámetros suponía que la empresa debía invertir en mejorar su proceso productivo para proteger las fuentes de agua y, en consecuencia, la salud de la población. El proyecto más grande, Yanacocha Oeste, estaba cerca del río Grande, que es la principal fuente de agua de los pobladores de la ciudad de Cajamarca. Mientras que de ser permitidas, tales operaciones a gran escala abrían paso para que la compañía removiera más de 85 millones de toneladas de mineral aurífero que luego serían procesados en las pozas de cianuro. La venta del oro producido podía representar unos 3 mil 500 millones de dólares.
Comparativamente, el nuevo estándar para medir la presencia de arsénico en las aguas tratadas que devuelven las minas al río, se convirtieron en 95% más exigente que la antigua legislación de fines de los 60 del siglo pasado a la que Yanacocha buscaba ampararse. En esos días, Julio Bonelli fue uno de los gerentes de Yanacocha más diligentes. Era el encargado de conseguir la aprobación de esos permisos. Bonelli visitó varias veces las oficinas de la ANA para lograr desentrampar el proceso. Hoy hará lo mismo en el Seace, pero del otro lado de la mesa. Uno de los temas más sensibles es el caso Doe Run, que conoce muy bien.
Cuando Bonelli Arenas estuvo a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales en el Minem se aprobaron controversiales modificaciones al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del complejo metalúrgico de La Oroya, que la empresa estaba obligada a cumplir para proteger la salud de la población. El Ministerio de Salud en convenio con la propia Doe Run concluyeron en tres censos hemáticos, entre 2004 y 2006, que más del 90% de cientos de niños examinados de las localidades aledañas a la planta han sobrevivido con concentraciones de plomo en la sangre que llegan a triplicar los diez microgramos por decilitro que exige el Organismo Mundial de la Salud. El plomo, que modifica el funcionamiento de las neuronas y produce males respiratorios, ha marcado la vida de cientos de niños incluso antes de nacer: más de la mitad de las mujeres gestantes evaluadas en estos censos concentraban en su organismo más plomo de lo tolerable. El Instituto Blacksmith de Nueva York consideró a La Oroya como una de las diez ciudades más contaminadas en el mundo, junto a Chernobyl, que fue arrasada por un desastre nuclear.
Hoy después de más de una década, el caso volverá a manos de Bonelli en medio de presiones por reducir las exigencias ambientales del complejo metalúrgico para facilitar la venta de sus activos como revelaron las declaraciones del representante de la empresa liquidadora Dirige, Pablo Peschiera, el domingo 4 de septiembre en el programa Cuarto Poder.
Pero Bonelli no sólo se reencontrará en Senace con expedientes que vio alguna vez (desde la esfera pública y privada) sino también con viejos conocidos. El abogado Patrick Wieland Fernandini, jefe de Senace y quien firmó su designación, fue practicante de Bonelli cuando éste estuvo a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas (Minem), según diversas fuentes que tuvieron conocimiento cercano de estos hechos. Bonelli ocupó este cargo entre marzo de 2000 y setiembre de 2006, como aparece en el registro de funcionarios y contrataciones del Minem. Wieland Fernandini como buen abogado también tiene experiencia en destrabar procesos: integró el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas, que poco tiempo antes impulsó la aprobación de la ley 30230 que permitió perdonar y reducir multas a las empresas mineras y petroleras por más de 55 millones de soles en sus primeros ocho meses de aplicación.
Pero la puerta giratoria sigue dando vueltas. El ingeniero ambiental Mateo Ulloa Arteaga, quien se presenta como coordinador de proyectos de hidrocarburos de Senace y figura en la nómina de especialistas de esta entidad del 15 de agosto, previamente ocupó diversos cargos en el área de Medio Ambiente de la compañía de hidrocarburos BPZ Energy. Ulloa desempeñó estos puestos luego de su interesante experiencia aprobando expedientes ambientales de empresas de hidrocarburos en la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos entre 2004 y 2008. Antes trabajó con Bonelli en la Dirección de Asuntos Ambientales.
Conflicto de interés de Ulloa Arteaga Entre 2008 y 2016, ocupó diferentes cargos en BZP Energy, empresa del sector hidrocarburos. Actualmente es coordinador en proyectos de este sector en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, institución responsable de otorgar los permisos de las compañías de hidrocarburos, entre ellas BZP Energy.
En aquellos días, el ingeniero de minas, Jimmy Guarnizo Patiño, también trabajó bajo las órdenes de Bonelli y luego pasó a las filas de compañías mineras como Milpo y Buenaventura. En la actualidad se presenta en su Linkedin como Superintendente de Gestión Ambiental en esta última compañía de propiedad de los Benavides, conocida por aparecer en el ranking de las empresas que más incumple las normas ambientales (Ver “El círculo minero de la infracción”). Según consta en el informe N°053-2005/MEM-AAM de abril de 2005, en su calidad de evaluador ambiental del Estado dio visto bueno al proyecto de exploración de minera Buenaventura Los Pircos- Cirato, con el respaldo de Bonelli. Tiempo después, Guarnizo pasó a trabajar para esta compañía. Hoy, el caso de este ingeniero no está lejos de las decisiones que se toman en el gobierno. Su esposa, la abogada Ana Lucía Quenallata Mamani, es la Jefa de la Unidad Técnico Normativa de Senace, un área clave sobre todo porque hay un grupo importante de empresas que se han amparado en interpretaciones legales para resistirse a proteger el territorio de donde extraen los recursos naturales y han impulsado normas para agilizar la inversión.
Conflicto de interés de Guarnizo Patiño Jimmy Guarnizo ha ocupado cargos en el sector privado y ha sido evaluador ambiental del Ministerio de Energía y Minas. Actualmente, según la descripción de su currículo, se desempeña en la minera Buenaventura como superintendente de gestión ambiental. Esta compañía, de acuerdo a las nuevas normas ambientales, deberá presentar sus certificaciones ambientales al Senace, institución en la que su esposa, Ana Lucía Quenallata, es jefa de la Unidad Técnico Normativa. Fuente: LinkedIn
El caso de Bonelli y su entorno no es el único. El Director General de Asuntos Ambientales Mineros del Minem, Elvis Medina Peralta, fue Superintendente de Medio Ambiente en la mina Tintaya, entre mayo de 2006 y abril de 2013, en un periodo que comprende al de la mesa de diálogo de Espinar, donde niños, ancianos, hombres y mujeres, viven expuestos a metales tóxicos por encima de lo permitido por las leyes sin que el Estado pueda determinar la fuente de la contaminación y detenerla (Ver “Espinar: La salud postergada del conflicto”). Tintaya está en manos de la compañía suiza Glencore, que controla el 50 por ciento del mercado mundial de cobre.
En el proyecto minero Las Bambas, el más importante del Perú por su inversión de 10 mil millones de dólares, la historia se repite. El exfuncionario Valery Niño de Guzmán Paredes pasó a representar los intereses empresariales de este proyecto como aparece en el registro de visitas del Ministerio de Energía y Minas, luego de ser comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) durante los gobiernos de Ollanta Humala y Alan García, el área técnica de la PCM responsable de “gestionar las diferencias, controversias y conflictos sociales en el país”, entre los cuales figura el caso Las Bambas. Este proyecto hoy está en manos del gigante asiático MMG Limited, que tiene como principal accionista a la estatal China Minmetals Corporation y a Las Bambas como su primera y única inversión en Sudamérica. Después del registro de tres muertos y 29 heridos ante el reclamo social en Apurímac por las modificaciones al estudio ambiental que se hicieron de espalda a la población, se instaló cinco meses después una mesa de diálogo que hasta hoy no tiene resultados concretos.
Las instancias que deben tomar decisiones sobre los estudios ambientales están marcadas por graves conflictos de interés que agudizan la desigualdad y que debilitan la protección de derechos ciudadanos. Este es un patrón que se ha repetido en todos los gobiernos y que hoy Kuczynski debe frenar para que se produzca la gran revolución social que ha prometido. La puerta giratoria, los conflictos de interés y el lobby que emergen en negocios altamente rentables como las industrias extractivas, pueden tener efectos nocivos para la población al igual que el colapso ambiental por desechos tóxicos y derrames de petróleo en el corazón del territorio peruano.
