Las protestas realizadas por agricultores contra el proyecto minero Tía María en Perú han dejado ya cinco personas muertas en más de 60 días por lo que esto el gobierno nacional decretó el estado de emergencia para la provincia de Islay, en el departamento de Arequipa, al sur del país.
Fuente: Global Voices
Ver también: Lo que usted debe saber sobre el conflicto minero de Tía María, en Perú (Parte I)
Aunque los hechos violentos se han producido en ambas partes, quienes apoyan el proyecto minero han tratado de capitalizar esta sensación de desgobierno que produce la violencia y han pasado de llamar “antimineros” a los manifestantes a llamarlos “terroristas antimineros”. El uso del término “terrorista” despierta una fibra sensible en la opinión pública que aún recuerda la época del terrorismo en el país.
La congresista peruana Verónika Mendoza, señala en su blog lo contraproducente que resulta el uso de estos términos en medio del esfuerzo para instaurar un diálogo:
“si esos que protestan son ‘terroristas’ entonces poco valen sus vidas, menos sus opiniones”, ese parece ser el mensaje final. “Escalamos” así de la desciudadanización [sic] a la deshumanización del otro. Quienes han hecho uso de estos términos públicamente saben muy bien de todas estas implicancias. Por eso resulta preocupante que desde el Estado, supuesto garante neutral de derechos, no se haya deslindado o exigido rectificación como correspondía sino más bien se haya refrendado tácitamente.
En la publicación digital Lampadia mantienen una opinión contraria. Afirman que muchas de las acciones protesta de los manifestantes infunden terror a la población por lo que pueden ser calificadas de terrorismo. Es más, según ellos estas acciones son parte de un llamado “Manual Anti-minero” aplicado en diversas partes del país.
El proceso para detener un proyecto minero es siempre el mismo: miente; búscate un publicista, como Bueno en Tambo Grande; juega con la ignorancia de la población, a la que nadie explica las cosas; juega con sus miedos y sentimientos; amenaza; demuestra tu poder haciendo daños físicos a determinadas personas; organiza marchas; toma carreteras; destruye la propiedad pública y privada y trata de conseguir la muerte de un inocente para “demostrar la brutalidad” de la represión.
Sin embargo, fue otro hecho el que afectó más la credibilidad de los manifestantes. El 26 de abril se dio a conocer un audio en el cual presuntamente se escucha al Dirigente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, pedir dinero a la Southern para terminar las protestas. El dirigente negó que se tratara de su voz, aduciendo que sería un montaje, pero finalmente fue detenido por 24 horas el pasado 15 de mayo, medida que luego fue ampliada a 7 días. El 19 de mayo la Fiscalía confirmó que la voz del audio es la de Gutiérrez.
El dirigente del Frente de Defensa es además miembro de la agrupación política Tierra y Libertad, liderada por el exsacerdote Marco Arana. Arana declaró a una radio local que la empresa minera Southern también debería ser investigada por este caso de corrupción:
Si hubo actos de corrupción, hay un corrompido y un corruptor. Las personas que estaban dispuestas a hacer estos pagos deben ser investigados. Si existen pruebas materiales, que caiga todo el peso de la ley.
El exviceministro de Gestión Ambiental José De Echave preguntado en el blog de Noticias Ser respecto a la separación de Gutiérrez del movimiento político Tierra y Libertad, respondió:
Hay una comisión de ética que está revisando el caso y, mientras tanto, se ha tomado la decisión correcta. Espero que se hagan todas las pericias técnicas posibles, para que se aclare esta situación lamentable, que afecta y ha tenido un impacto negativo, pero que da la impresión que no daña una lucha que creo que tiene fundamentos y razón de ser.
En una reacción un poco tardía, el 15 de mayo se anunció que el presidente Ollanta Humala daría un mensaje a la nación respecto a Tía María. La aparición del presidente en la televisión se vio demorada un par de horas, lo que ocasionó bromas ácidas y memes. Finalmente el mensaje se emitió y si bien lo más importante del mismo fue el anuncio presidencial de que el proyecto minero no podía suspenderse, a la vez dejaba en manos de la empresa Southern la decisión final.
La decisión de la empresa se conoció ese mismo día por intermedio del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien anunció que la Southern había decidido “pausar” el proyecto durante 60 días para “socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes”.
Los manifestantes no quedaron muy convencidos con estos anuncios y ese mismo día una marcha pacífica se convirtió en un enfrentamiento con la policía en la localidad de Cocachacra, Arequipa.
Como para azuzar más los ánimos, la prensa local se hizo eco de un video difundido por la página de Facebook Revolution News, en el cual se aprecia a un policía disparando hacia los manifestantes, lo que originó que la Inspectoría de la policía anunciara la investigación del caso, pero luego el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, declaró que los efectivos policiales están autorizados a “hacer uso de su armamento en caso sea necesario”, añadiendo que en el caso del video con los disparos se logró la liberación de un policía que estaba siendo golpeado por los manifestantes.
El pasado 22 de mayo nuevos enfrentamientos en la localidad de Cocachacra dejaron como saldo un manifestante muerto y la comisaría local recibió un petardo, supuestamente de los manifestantes que intentaban tomarla luego de la muerte de su compañero, aunque hay versiones que dicen que fueron los propios policías los que habrían detonado el petardo. De cualquier forma, fue este hecho el que desencadenó la declaratoria de emergencia en la región.
Tras esta declaración de emergencia, la policia ha estado deteniendo a personas acusadas de extorsionar a choferes que pasan por la zona, y también a los huaraqueros o espartambos, que es como se conoce a los que en los enfrentamientos lanzan piedras a la policía con ayuda de huaracas, una especie local de honda.
La Federación de Campesinos de la región Arequipa ha anunciado que saldrán a marchar como protesta y en apoyo al paro de los campesinos de la provincia de Islay, los proximos 27 y 28 de mayo. La medida de protesta incluye la participación de sindicatos y asociaciones de vivienda de diversas regiones del país. Esto ha generado que la policía se ponga en estado de alerta en Arequipa y el desplazamiento de 3.000 efectivos en puntos claves de la ciudad.
Al parecer los 60 días de pausa ofrecidos por la empresa minera Southern no lo serán tanto. En este contexto algunos se preguntan por qué la empresa no abandona el proyecto. Las razones son económicas, y en el blog de Servindi recogen algunas que fueron publicadas por el semanario Hildebrandt:
Según un reporte de la propia empresa, de los 5.787 millones de dólares recaudados el año pasado por Southern, 2.482 millones fueron producto de sus operaciones en el Perú.
La ganancia obtenida en suelo nacional tiene su explicación en la cantidad de mineral concentrado que se encuentra en las rocas.
En Cuajone y Toquepala la concentración es de 0.68%, mientras que en el yacimiento mexicano de Buenavista, la mina más importante que tiene el Grupo México -dueño de Southern-, la concentración es de 0.58% …
además, la diferencia en los volúmenes de producción. Mientras que el año pasado en México la empresa produjo 568 millones de libras de cobre, en el Perú este volumen llegó a los 670 millones.
Pero el quid del asunto sigue siendo el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y las dudas que genera. Convoca, un equipo de periodismo de investigación, analizó el EIA de más de 10.000 páginas junto con ingenieros ambientales y en sus propias palabras: “Como resultado se encontraron graves inconsistencias en el manejo de las aguas y el monitoreo de los impactos”.
Southern presentó el nuevo EIA incluyendo apenas diez carillas para explicar cómo se construiría la planta desalinizadora para tratar el agua de mar y no captar agua del río Tambo, del que dependen los pobladores de la zona. Los ingenieros entrevistados señalaron que una planta de esta dimensión, que además es el tema más sensible del conflicto, requiere que la empresa presente como parte de los anexos del EIA, un Estudio de Factibilidad que especifique cómo se procesará el agua de mar. Este documento es clave para que los evaluadores del ministerio determinen que la planta tendrá la capacidad para procesar el mineral que se explotará sin que luego la minera use al agua del río.
Luego de leer el informe de Convoca queda la impresión de que realmente hay motivos para preocuparse por los impactos que esta gran operación minera tendría en las vidas de los habitantes del valle del Tambo.
