El boom minero que experimentó nuestro país en la última década generó el incremento de las concesiones mineras en Ayacucho. Asimismo, se iniciaron nuevos proyectos de exploración y explotación minera que en varios de los casos generaron el surgimiento de conflictos socio-ambientales. La confrontación, lejos de resolverse, se complejiza ante las pocas capacidades del Estado para responder la situación.
Por Omar Rosel publicado en Noticias SER
Las concesiones mineras otorgadas en Ayacucho ocupaban una extensión de 421 mil hectáreas en el 2002, según referencias de Perú Económico. La misma fuente refiere que, a julio del 2010, las concesiones se incrementaron a una extensión de 992,773 hectáreas, área que representaba el 22% del territorio regional. A mayo del 2015, según el Sistema Geológico Catastral Minero (GEOCATMIN), en Ayacucho existen 2299 concesiones mineras tituladas, que sumadas dan una extensión de 1´181,405.87 hectáreas, y equivalen a 11,814.06 kilómetros cuadrados. Esta cifra representa el 28% de la extensión del territorio ayacuchano, y no toma en cuenta las concesiones mineras que están en trámite, que abarcan 1628 kilómetros cuadrados.
Al igual que las de las concesiones, las cifras de los conflictos en torno a la actividad minera también han ido en aumento. Para contrastar este dato, recurrimos a información de la Defensoría del Pueblo, pues en el primer reporte sobre conflictividad social –publicado en el 2004- no se registraba para Ayacucho, ningún conflicto relacionado con la actividad extractiva. Fue recién en el 2006 (Reporte 33), cuando se reportó el conflicto en Canaria (Víctor Fajardo), generado por la presencia de la Minera Catalina Huanca. El último informe de la Defensoría del Pueblo, que data del mes de abril de este año (Reporte 134), refiere que en Ayacucho hay 14 conflictos sociales, de los cuales ocho son socio-ambientales o han surgido en torno a la presencia de la actividad extractiva.
El caso Laconia
Uno de esos nuevos conflictos que reporta la Defensoría del Pueblo es el que confronta a la comunidad de Santa María Magdalena de Tintay y a la Minera Laconia South America (de capitales australianos). Si bien, en el pasado mes de enero, la empresa desistió de iniciar actividades de exploración minera en los territorios del denominado Apu Ccarhuarazo, indicando que no existen condiciones sociales para la misma, las y los dirigentes comunales de Sucre, así como el Frente de Defensa de esta provincia, insisten en que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) debe declarar la nulidad del permiso otorgado a la empresa Laconia, porque este habría sido obtenido de forma irregular.
“No podemos permitir que exista un permiso para realizar exploración minera en una cabecera de cuenca como el Ccarhurazo, porque dado un eventual ingreso de la actividad minera, se podría contaminar las aguas que irrigan a la provincia de Sucre y el Valle Sondondo”, explica Hilaria de la Cruz, presidenta de la comunidad de Querobamba. En este caso, las comunidades han pedido el pronunciamiento del gobernador regional, pero hasta el momento no han obtenido respuesta alguna; asimismo, se han visto obligados a emprender medidas de fuerza escalonadas, porque su demanda no es escuchada. De hecho, para las próximas semanas están planteando un paro indefinido; mientras tanto las instancias estatales –nacional y regional- no están tomando en serio las primeras manifestaciones de protesta que vienen realizando estas poblaciones.
El titular de la Director Regional de Energía y Minas de Ayacucho (DREM), Uriel Ramos, dijo que su instancia no intervino en el conflicto de Laconia porque no es su competencia, “ya que pertenece al estrato de la mediana minería”. Por su parte, la Oficina de Conflictos Sociales (OCS) del gobierno regional se ha reunido con los dirigentes de las comunidades de Sucre, para conocer sus demandas y servir como intermediario ante el Ejecutivo nacional. “Estamos buscando canalizar el pedido de las comunidades, para que el Ccarhuarazo sea reconocido como cabecera de cuenca, pero ellos parece que ya no creen y solo quieren que se anule el permiso otorgado a Laconia”, explica Mario Coras, responsable de la OCS.
Caso Gran Canaria
Otro conflicto que se ha registrado este año y, del que aún no se reportan cifras oficiales, es el que sucedió en la comunidad de Paras (Cangallo), en el mes de enero, debido a la presencia en la zona de la Minera Gran Canaria SAC (capitales españoles). Según los registros del MINEM, esta empresa obtuvo el título de concesión la última semana del mes diciembre del 2014 y, quince días después, llegó a las tierras del anexo de Vista Alegre y Chalana para solicitar permiso de ingreso a sus tierras y realizar un cateo, a cambio de ciertos regalos y puestos de trabajo. Orestes Jayo, presidente de la Comunidad de Paras, manifiesta que no disponían de información respecto a si esta empresa tenía el título de la concesión y el permiso del MINEM. La incertidumbre también se instaló en un sector de la población, porque en la zona de concesión minera de Gran Canaria hay fuentes de agua que proveen del recurso a la comunidad de Paras y a sus anexos de Chalana y Vista Alegre.
A fines de febrero, Gran Canaria se retiró de la zona tras remover más de 14 toneladas de tierra de forma irregular, ya que estas actividades –según refiere Orestes Jayo- se debían realizar como parte de la exploración minera, y ésta compañía no tenía el permiso respectivo. El otro inconveniente fue el lento accionar de las instancias estatales, porque el presidente de la comunidad de Paras dio a conocer el descontento de los pobladores a la Fiscalía del Ambiente, para que esta interviniera, y también solicitó información a la DREMA sobre si Gran Canaria tenía el título de concesión y el permiso para remover tierras. La fiscalía se constituyó en el lugar recién en el mes de marzo y la DREMA hasta el momento no ha otorgado información.
“Nosotros no sabíamos, no nos habían comunicado. En este caso hay otras instancias que hacen cumplir las normas; por ejemplo, la Policía, al enterase, nos envía un documento, para que nosotros, a nuestra vez, informemos en qué situación se encuentran esas concesiones mineras, de modo de que sea posible indicar si ellos recién están titulándose o tal vez están en pleno tramite”, dice Uriel Ramos, titular de la DREMA.
Los conflictos descritos son una muestra de cómo el gobierno regional tiene limitaciones para intervenir en la solución de los mismos. Tampoco se tiene un sistema de monitoreo de los conflictos sociales en la región. A decir de Marcos Coras, su instancia recién está realizando un mapeo de zonas de conflictividad, a fin de contar con datos sobre actores y, a partir de ello, elaborar mecanismos y herramientas de intervención.
