Los enfrentamientos por el proyecto Tía María se ha saldado 7 civiles muertos desde 2011. Amnistía Internacional denuncia el uso de fuerza excesiva contra manifestantes. Las protestas contra un proyecto cuprífero de una empresa filial del Grupo México han convertido a la provincia peruana de Islay en una zona de guerra bajo Estado de Excepción y han llevado al presidente Ollanta Humala a militarizar 8 regiones del país, que iniciaron hoy un paro de 48 horas en solidaridad con los agricultores de este valle sureño.
Fuente: El Mundo
Gruesos contingentes combinados del ejército y la policía se han desplazado a las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Moquegua, Puno, Tacna y Cajamarca -cuyos habitantes le dieron a Humala más del 60% de los votos que le permitieron ser presidente- para sofocar unas protestas que han derivado en una crisis de gobernabilidad.
Desde el 23 de marzo, los campesinos del Valle del Tambo, en Islay, mantienen un paro para forzar al Gobierno a suspender el proyecto Tía María, que le ha costado a Perú 7 muertos en protestas- los 4 últimos en este mes- y más de dos centenares de heridos entre policías y manifestantes.
La situación en Islay ha llevado a organizaciones internacionales como Amnistía Internacional a denunciar el uso de fuerza excesiva contra manifestantes. Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó este mes que 59 personas han muerto en conflictos sociales desde agosto de 2011.
Las Termópilas de Tía María
Durante los 62 días de paro en este valle arrocero, interrumpidos el pasado día 22 por la declaración del Estado de Excepción durante 60 días, los autobautizados como ‘espartambos’ se han enfrentado a la policía con hondas y escudos de madera en el puente de Pampa Blanca, punto estratégico para bloquear la carretera Panamericana Sur convertido en una triste versión del paso de las Termópilas.
En un primer momento, el Ministro de Interior peruano, Jose Luis Pérez Guadalupe, negó el uso de armamento por parte de la policía para reprimir las protestas, algo que después desmintieron las imágenes y los informes forenses de los tres pobladores fallecidos (un agricultor, un obrero y un vendedor ambulante). En el otro lado, más de un centenar de policías heridos por piedras y un oficial fallecido tras días de agonía.
El pasado 15 de mayo, cuando ya habían muerto tres personas, el presidente Ollanta Humala dio un mensaje a la nación en el que lívido justificaba la imposibilidad de suspender el proyecto por el riesgo de una demanda inversionista-Estado amparada en el TLC firmado con México. Seguidamente, la empresa anunciaba a través de un comunicado una pausa de 60 días para dialogar con la población.
Sin embargo, el pasado 22, la muerte por bala del vendedor Ramón Colque tras los nuevos disturbios en los que intervino la policía llevó al Gobierno a decretar el Estado de Emergencia. Menos de una semana después, decenas de dirigentes y manifestantes han sido detenidos en el marco de la suspensión de las garantías constitucionales, aunque la mayoría ya han sido puestos en libertad.
Cese del proyecto
No ocurre lo mismo con Pepe Julio Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, para el que la fiscalía ha decretado nueve meses de prisión preventiva por el delito de asociación ilícita para delinquir. Gutiérrez fue detenido tras la difusión de un audio en Youtube en el que supuestamente pide “un millón y medio de lentejas para no incendiar Troya” tras un ofrecimiento de soborno por parte de un presunto asesor de la mina, que está en libertad.
Este audio no ha afectado el Frente de Defensa del Tambo, que continúa exigiendo el cese definitivo de un proyecto que prevé invertir 1400 millones de dólares para explotar 120 mil toneladas de cobre.
La población del valle rechaza el proyecto de la mina a tajo abierto por considerar que el polvo de las voladuras de rocas afectará sus cultivos y las operaciones contaminarán las aguas subterráneas. En 2011, tras una primera rebelión social contra el proyecto en la que murieron tres agricultores, el Gobierno peruano envío el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado a la Oficina de la ONU de servicios para proyectos (UNOPS). Este organismo internacional realizó 138 observaciones al estudio.
En 2014, la nueva versión del EIA fue aprobada de nuevo por el Gobierno peruano pero la población del valle del Tambo no confía en la gigantesca empresa minera de capitales mexicanos, que opera desde hace 50 años en las regiones vecinas de Tacna y Moquegua y ha enfrentado graves denuncias de contaminación por Dióxido de Azufre en su planta de fundición de Ilo (Moquegua).
