Perú – 13/12/06. El año 2001 la empresa Minera Majaz, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, obtuvo ocho concesiones mineras en la zona norte del Perú. Una de estas concesiones es el proyecto minero Río Blanco, de 6472 has, que busca explotar un yacimiento de cobre y molibdeno. Las comunidades campesinas de la zona rechazan fuertemente el proyecto porque representa una grave amenaza para la agricultura y por ende para sus derechos humanos a la alimentación y al agua.
El proyecto tendría un impacto negativo en las actividades productivas agrícolas y pecuarias de las comunidades campesinas de la zona y de las poblaciones de las partes bajas, ya que las operaciones de la minera y otras concesiones mineras adyacentes que esperan el inicio del proyecto Río Blanco están ubicadas en las nacientes de cuenca de ríos importantes para la región. La degradación ambiental que produciría la explotación minera afectaría a miles de personas.
Como las comunidades afectadas no han sido consultadas apropiadamente, los trabajos exploratorios no cumplen con las exigencias previstas por la ley peruana.
Escriba una carta al Gobierno del Perú, para apoyar a las comunidades que se encuentran amenazadas por este proyecto minero en su defensa de sus derechos a la alimentación, al agua y a un medio ambiente limpio.
Antecedentes
Hace cinco años, la empresa minera Majaz obtuvo del Estado Peruano los derechos de la concesión minera en la alta amazonía del Perú, de la Región Piura. Actualmente el proyecto Río Blanco se encuentra en fase de exploración. Una vez concluidos los trabajos de exploración, la explotación de cobre se realizaría mediante tajo abierto ubicado entre los 2,000 y 3,000 metros sobre el nivel del mar, en territorios que son propiedad de las comunidades campesinas de Yanta (provincia de Ayabaca) y Segunda y Cajas (provincia de Huancabamba).
Miles de campesinas y campesinos, representantes de las comunidades, alcaldes provinciales y distritales, así como organizaciones sociales y ambientalistas exigen que se revoque la certificación ambiental que se le otorgó a la empresa para iniciar la etapa de exploración del proyecto ya que los habitantes no fueron debidamente informados ni consultados sobre la actividad minera planeada. Esto implica una violación flagrante de la ley de Comunidades Campesinas y Nativas (Ley Nº 24656) y de la Ley de Tierras (Ley Nº 26505) y del Convenio Nº 169 de la OIT, suscrito por el Perú. Esta exigencia se ve apoyada con un informe de la Defensoría del Pueblo y la respuesta al mismo por el Ministerio de Energía y Minas, aceptando que la empresa minera no cuenta con el permiso de los propietarios para realizar sus actividades, es decir se encuentra realizando sus operaciones de manera ilegal en la zona. Pese a ello, el Estado peruano viene prestando seguridad a la empresa a través de las fuerzas especiales de la policía, cuya presencia permanente ocasiona constantes violaciones a los derechos humanos, como lo comprobó una Comisión presidida por la Diócesis de Chulucanas y conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, los Ministerios de Energía y Minas y del Interior y la Defensoría del Pueblo.
La población local opta por su propio modelo de desarrollo basado en la agricultura orgánica (café, banano, etc.), la actividad agropecuaria y la agro-exportación. Además, las actividades mineras se llevarán a cabo en una zona ecológicamente muy frágil (en los bosques de neblina, afectando al páramo) y muy cerca del Santuario Nacional Tabaconas Namballe. De esta forma la minería amenaza con desaparecer las especies únicas que quedan, tales como el tapir andino y el oso de anteojos.
La presencia de la empresa Minera Majaz ha generado un conflicto social muy intenso que se ha agudizado debido a los métodos cuestionables y al comportamiento irresponsable y agresivo de la empresa, como el amedrentamiento a dirigentes campesinos, periodistas, religiosos y autoridades, acusándoles incluso de terroristas y narcotraficantes. Desde el año 2003, las comunidades campesinas afectadas vienen padeciendo problemas de violencia, represión y violación de sus derechos ocasionados por la empresa. Además, en 2004 y 2005 las protestas masivas contra el proyecto cobraron la vida de dos líderes campesinos, Reemberto Herrera Racho y Melanio García González, y dejaron a varias personas heridas, algunas de gravedad. La empresa minera Majaz y el Ministerio del Interior no ha sumido hasta ahora su responsabilidad frente a estos hechos. Además a la fecha 140 dirigentes son procesados/as judicialmente debido a las protestas. En muchos casos, los dirigentes no tienen acceso a la defensa legal. Las fuerzas especiales de la Policía Nacional de Perú siguen acordonando las cercanías del campamento minero, afectando el derecho al libre tránsito de los comuneros dentro de sus territorios, su derecho a la propiedad, a su integridad física y a la tranquilidad y paz pública.
El 11 de septiembre del 2006, la empresa publicó un pronunciamiento pidiendo disculpas por los errores del pasado intentando así obtener la licencia social de las comunidades. No obstante, los actores locales opinan que la empresa tiene que suspender sus operaciones y retirarse de la zona, para luego solicitar la autorización de la población afectada, tal como la normatividad legal peruana lo establece.
Mandato de FIAN
Perú es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en el cual esta consagrado el derecho humano a la alimentación. Además el Estado peruano ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Estado del Perú tiene que respetar y proteger estos derechos, especialmente el derecho a la alimentación y al agua, el derecho de los pueblos indígenas de ser debidamente consultados y el derecho a la integridad física de las personas.
Acción
Por favor escriban cartas a las autoridades políticas en el Perú para respaldar a las comunidades amenazadas por la minería en su resistencia y su lucha por la defensa a su derecho a la alimentación, al agua y a un medio ambiente adecuado.
Destinatario de la carta
Presidente de la República
Dr. Alan García Pérez
Palacio de Gobierno
Plaza de Armas s/n, puerta Pizarro
Lima 1
PERU
Fax: 00 51 1 3113911
Sepres@presidencia.gob.pe
lzlatar@presidencia.gob.pe
mcunza@presidencia.gob.pe
Ministro de Energía y Minas
Sr. Juan Valdivia Romero
Av. Las Artes 260, San Borja
LIMA 41
PERU
Fax: 0051 1 224 4490
jvaldivia@minem.gob.pe
Ministerio del Interior
Dra. Pilar Mazzetti Soler
Plaza 30 de Agosto s/n, Urb Corpac, San Isidro
Lima 27
PERU
Fax: 0051 1 225 7234
ocosmin@mininter.gob.pe
Copia
Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte
Carlos Martínez Solano, Alcalde Provincial de San Ignacio
Av. San Ignacio Nº 101
San Ignacio
Región Cajamarca, PERU
Fax: 0051-76-356048
eulerjave@hotmail.com
La carta
Señor Presidente de la República de Perú
Dr. Alan García Pérez
Sr. Ministro de Energía y Minas
Sr. Juan Valdivia Romero
Sra Ministra del Interior
Dra. Pilar Mazzetti Soler
Excelentísimo Señor Presidente,
Excelentísima Señora Ministra, Excelentísimo Señor Ministro,
Me dirijo a Ustedes para expresarle mi profunda preocupación por las violaciones de derechos humanos en el contexto del proyecto Río Blanco operado por la empresa Minera Majaz en la zona norte del Perú. Se puede considerar el caso Majaz como emblemático para el futuro de la zona norte de Perú sabiendo que existe una gran cantidad de concesiones mineras en la región.
La empresa minera Majaz, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, obtuvo la licencia ambiental para la exploración a través del Ministerio de Energía y Minas, aunque las comunidades campesinas no han sido ni informadas ni consultadas sobre las pretensiones de la empresa. Esto implica una violación flagrante de la ley de Comunidades Campesinas y Nativas (Ley Nº 24656) y de la Ley de Tierras (Ley Nº 26505) y de varios acuerdos internacionales (Convenio Nº 169 con la OIT, suscrito por el Perú). Las comunidades temen que la actividad minera afecte las fuentes de agua que permiten los cultivos. La explotación minera pondrá en peligro las aguas del río Chinchipe y Marañon (afluentes del Amazonas), y, de expandirse a las concesiones aledañas, afectaría también al río Quiroz (cuenca del Pacífico). Con eso se afectarán gravemente las actividades agrícolas de la zona y por ende el derecho humano a la alimentación y al agua, consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual Perú es Estado parte.
Es importante señalar que recientemente se ha comprobado por un informe preliminar de la Defensoría del Pueblo y, en respuesta al informe, por el propio Ministerio de Energía y Minas, que la empresa Minera Majaz incumplió con los principios de legalidad al no respetar los requisitos de funcionamiento para la exploración minera, iniciando operaciones sin contar con la autorización de la población local.
La presencia y conducta agresiva de la empresa Minera Majaz ha generado un conflicto social muy intenso que se ha agudizado debido a métodos cuestionables como el amedrentamiento a dirigentes campesinos, periodistas, religiosos y autoridades. Desde el año 2003, las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba vienen padeciendo problemas de violencia y violación de sus derechos por parte de la empresa. L as protestas masivas contra la minera ya cobraron la vida de dos líderes campesinos y dejaron a varias personas heridas, fruto de la represión generada por las fuerzas especiales de la Policía Nacional que dan seguridad a una empresa que no respeta la ley. El 11 de septiembre del 2006, la empresa publicó un pronunciamiento pidiendo disculpas por los errores del pasado. No obstante, la empresa sigue operando ilegalmente en la zona.
Ante las violaciones y amenazas descritas exigimos:
– El cese inmediato de las operaciones en el proyecto Río Blanco de Minera Majaz, y la consulta inmediata a las Asambleas de las Comunidades Campesinas, como esta previsto por la ley peruana. Las futuras operaciones de la empresa deben sujetarse a la autorización de la población local.
– El retiro de las fuerzas policiales – DINOES – de los territorios de las Comunidades Campesinas de Yanta y Segunda y Cajas.
– La investigación de las violaciones de derechos humanos de las poblaciones afectadas y de la muerte de Reemberto Herrera Racho y Melanio García González. La indemnización de aquellas/os comuneras/os afectadas/os por la represión generada por la empresa Minera Majaz.
– El respeto y la protección de los derechos humanos de las comunidades históricamente asentadas en las zonas de influencia de las operaciones de Minera Majaz.
Atentamente,
