El Decreto que autoriza a la minera Newmont adquirir derechos en la frontera peruano-ecuatoriana, es insuficiente porque requiere de una ley, explicó el constitucionalista César Valega. Fuente: CNR-Noticias
28/10/2009. Consultado por CNR, el letrado explicó que, según la Carta Magna, la inversión privada en zonas de frontera está permitida sólo si se declara de necesidad pública la zona, y aunque en este caso se ha declarado, lo ideal es la dación de una ley y no sólo de un decreto supremo.
Aunque constitucionalmente es válido, el Decreto Supremo Nº 072, que autoriza a la minera Newmont adquirir derechos en la frontera peruano-ecuatoriana, es insuficiente.
“Lo que se ha hecho desde el gobierno de Fujimori ha sido dar un Decreto Supremo y nada más, pero el carácter excepcional que establece la Constitución obliga a que sea por ley”, resaltó.
Recordó que hasta antes del fujimorismo la tendencia histórica era a no ceder territorio en áreas fronterizas porque resulta peligroso para la soberanía nacional.
El último jueves, Energía y Minas promulgó el Decreto Supremo Nº 072 que da concesión de 20 derechos mineros en la provincia piurana de Ayabaca a Newmont Perú en un área de 18 mil 936.368 hectáreas, con la opinión favorable del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Sectores ambientalistas han denunciado que parte del área dada en concesión es zona de ecosistemas frágiles, páramos y bosques de neblina, generadores de las nacientes de los principales ríos de la región.
Valega considera que éste es un fundamento que justificaría la derogatoria del decreto, porque, además, no está claro si realmente favorece al interés nacional. “Habría que ver si el desarrollo de la actividad minera en la zona va a favorecer el desarrollo de la Nación o de una empresa privada (porque) el interés nacional difícilmente coincide con el de una empresa privada”.
El integrante de la Red Muqui y analista de temas ambientales Javier Jahncke, observa también que el tema del interés nacional es clave. Considera que debía haber un estudio técnico que demuestre el desarrollo que generaría la actividad minera en la zona.
Para Jahncke, no basta con declarar “desde un escritorio” el interés nacional; hay que acercarse a la zona y conocer las actividades económicas de la población. “Hay productos que salen de esa zona y se exportan”, explicó.
El experto lamentó que no haya mecanismos legales de protección de recursos naturales como los que hay en esta área.
La norma sólo prohíbe las concesiones en áreas declaradas por el Estado como intangibles y en zonas donde hay grandes infraestructuras, pero en este caso, donde hay ecosistemas que no están dentro de parques nacionales o reservas, no hay restricciones.
Emplazó por ello al ministro del Ambiente, Antonio Brack -quien en una reciente entrevista expresó su preocupación por la facilidad con que se da concesiones mineras-, a tomar cartas en el asunto.
