Organizaciones ambientalistas e indígenas están desde este miércoles en pie de guerra en Perú contra medidas del Gobierno que flexibilizan los controles a la explotación minera, a fin de fomentar la inversión y el crecimiento. Unas 50 entidades medioambientales y de derechos humanos convocaron a una marcha a última hora del miércoles en el centro de Lima para rechazar un paquete de medidas enviado por el gobierno de Ollanta Humala al Congreso.
Fuente: Terra
“Estamos muy preocupados. Se está aprovechando la situación de menor crecimiento económico para favorecer intereses de grupos económicos”, dijo a la AFP Javier Jahncke, secretario ejecutivo de la red Muqui de organizaciones ambientalistas e indígenas.
“Se pone en serio riesgo la fiscalización de las actividades extractivas. Es un error debilitar los controles, es una muy mala señal”, lamentó Jahncke.
Perú es una de las economías de mejor desempeño de América Latina con un crecimiento sostenido por encima del 5% desde hace más de una década, pero los indicadores muestran una clara retracción este año, con menos actividad minera influida por la caída de precios internacionales de los metales preciosos.
El banco de inversión JP Morgan cifró el martes en 4,2% la tasa de crecimiento de Perú para este año, pese a que a comienzos del año preveía un 5% en sintonía con los años anteriores.
Según las nuevas disposiciones del gobierno peruano, será la presidencia del Consejo de Ministros y no ya el Ministerio de Ambiente quien decida la creación de áreas naturales reservadas, así como la fijación de estándares de calidad ambiental y de límites máximos permisibles de contaminación.
Además se dispone agilizar los estudios de impacto ambiental (EIA) para que no bloqueen y demoren las inversiones, y disminuir las multas por incumplimientos ambientales.
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“El hecho de que el gobierno reduzca sus estándares ambientales para traer inversión nos lleva a la época de las cavernas”, dijo José de Echave, subdirector de la ONG ambientalista CooperAcción.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, un importante grupo de la sociedad civil, pidió formalmente en una carta al Congreso que rechace estas reformas.
Mientras circulaba su posible renuncia por recorte de funciones, el ministro de Ambiente peruano, Manuel Pulgar Vidal, dijo que pese a la flexibilización de controles seguirá “luchando hasta el último minuto por defender la política ambiental del país”.
“El Ministerio del Ambiente no está disminuido ni le han cortado los brazos”, señaló.
“Con estas facilidades que se otorga a las compañías no es posible controlar impactos al ambiente que afectan no sólo fuentes de agua sino también la salud de las personas”, dijo Jahncke.
Medio centenar de organizaciones ambientales e indígenas emitieron el martes un comunicado en el que señalan que Perú “perdió una oportunidad histórica al no aprovechar los beneficios de la renta extractiva para la diversificación de nuestra economía en los últimos 20 años”.
“Recién cuando se ve agravada la dependencia de nuestro modelo económico por la caída de los precios de los minerales, se pretende impulsar la economía a costa de debilitar las incipientes reformas en materia ambiental”, señalan.
Las organizaciones ambientalistas advierten que lejos de favorecer la inversión, el clima de negocios se verá afectado en el país por nuevos conflictos sociales en las zonas de fuerte actividad extractiva de recursos naturales.
