La organización Alerta Minera Canadá (Mining Watch Canadá) se comunica por escrito con el Consejo de Inversiones del Fondo de Pensiones de Canadá (Canada Pension Plan Investment Board – CPPIB), urgiendo su desinversión en Tahoe Resources. Alerta Minera sostiene que la inversión es una apuesta peligrosa e inaceptable.
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Conmemoración en Toronto por asesinato de joven opositoraa mina de Goldcorp/Tahoe Resources
Por Mining Watch Canadá
Asesinato de joven de 16 años – Continúa la violencia vinculada a Tahoe Resources, Urgen al Fondo de Pensiones de Canadá desinvertir
Jueves, Mayo 08, 2014
El 13 de abril del 2014 Topacio Reynoso, una joven guatemalteca de 16 años, fue asesinada cerca de su comunidad de Mataquescuintla, Guatemala, donde organizaba un grupo de jóvenes en contra de la minería. Su padre, que había liderado la organización de una consulta municipal sobre la mina, fue herido de bala en el mismo incidente y permanece hospitalizado en estado de gravedad. Este es el ejemplo más reciente de la violencia y represión asociadas con la empresa Tahoe Resources que cotiza en la bolsa canadiense.
El día de hoy, la organización Alerta Minera Canadá se comunica por escrito con el Consejo de Inversiones del Fondo de Pensiones de Canadá (Canada Pension Plan Investment Board – CPPIB), urgiendo su desinversión en Tahoe Resources. Alerta Minera sostiene que la inversión es una apuesta peligrosa e inaceptable.
La carta indica que Tahoe no ha revelado que decenas de miles de personas en cinco municipios cercanos al proyecto argentífero Escobal de Tahoe votaron de manera abrumadora en contra de la minería en sus comunidades. Por ejemplo, en el municipio de Mataquescuintla, de donde era oriunda Topacio Reynoso, más de la mitad de la población con derecho al voto participó en la consulta y un 96% – alrededor de 10,000 personas – votó en contra de la minería.
“La oposición a la mina Tahoe en los municipios aledaños es tan elevada que Tahoe le presentó una demanda al gobierno de Guatemala, exigiéndole a este último cumplir un rol más activo en la protección de la mina”, indicó Shin Imai, abogado en el Proyecto Justicia y Responsabilidad Empresarial (Justice and Corporate Accountability Project) de la Facultad de Derecho Osgoode Hall. “Si bien la Corte desestimó la demanda, dos meses más tarde, el gobierno declaró el estado de sitio en los municipios en que se había votado en contra de la minería y se emitieron más de una decena de órdenes de captura a nombre de personas cuya oposición a la mina era conocida”.
Mientras que, del 2012 al 2013, hubo un aumento en la violencia y represión en contra de quienes se oponen a la mina, el CPPIB triplicó sus inversiones en Tahoe.
Pese a la amplia oposición al proyecto, Tahoe se precipitó para ponerlo en producción.
La carta indica que las afirmaciones de Tahoe en relación al depósito mineral en el proyecto argentífero Escobal no están respaldadas por un estudio de viabilidad, que es la norma para establecer la factibilidad económica de explotar un depósito de minerales. En julio del 2013, la Comisión de Valores de la Columbia Británica catalogó a Tahoe en su “Listado de emisores en mora” por no haber cumplido con los requisitos pertinentes de divulgación de información. La Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos también interpeló a Tahoe en relación a sus afirmaciones. Como resultado, Tahoe se vio obligada a corregir su Evaluación Preliminar Económica con objeto de clarificar que no se había realizado un estudio de viabilidad y reconocer que los proyectos carecientes de este estudio corren un “riesgo mucho más elevado de fracasar a nivel económico y técnico”.
“Dada la amenaza que este proyecto supone para las comunidades en Guatemala, y en estos tiempos en que a la población canadiense le preocupa la capacidad del Fondo de Pensiones de Canadá de satisfacer sus necesidades futuras, esta inversión es sencillamente irresponsable”, observa Jen Moore, Coordinadora del Programa de Latinoamérica de Alerta Minera Canadá.
Moore agrega que el antiguo jefe de seguridad de Tahoe, Alberto Rotondo, está detenido a la espera de juicio por una agresión con armas de fuego en abril del 2013 contra manifestantes pacíficos que dejó seis heridos. “Es muy probable que aumente la violencia y el CPPIB debería evitar su involucramiento en esto”, concluye.
Contactos:
Jen Moore, Coordinadora del Programa de Latinoamérica, Alerta Minera Canadá, (613) 569-3439, jen@miningwatch.ca
Shin Imai, Proyecto Justicia y Responsabilidad Empresarial (Justice and Corporate Accountability Project – JCAP), Facultad de Derecho Osgoode Hall, York University, (416) 736-5274, simai@justice-project.org
