Indígenas de Cerro Colorado aseguran que la explotación minera dejó enfermedades en la piel, males estomacales, afectación del agua. En Santa Rosa el cianuro y otros químicos también efectos dañinos y desolación La Minera Petaquiilla Gold fue sancionada por la ANAM por iniciar operaciones sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental. Foto: Archivo | La Estrella
2011-02-02 PANAMÁ. A pesar de la escasa explotación minera que se ha practicado en Panamá en los últimos años, la experiencia no ha sido del todo positiva para el país.
A la fecha sólo existe una mina en plena explotación, Cerro Petaquilla, en la provincia de Colón, colindante con Coclé. Hace dos años, la empresa fue multada con $1.9 millones por contaminar el ambiente.
Cerro Colorado y Santa Rosa se suman a las huellas negativas que ha dejado la minería a cielo abierto en Panamá.
CERRO COLORADO
En la década de 1975, el Estado panameño creó la empresa CODEMIN para la explotación de 2 mil hectáreas en el área del Oriente chiricano, incluyendo Remedios y la comarca Ngöbe-Buglé.
La actividad minera fue cerrada por la caída del precio del cobre y la presión de los grupos de la sociedad civil.
Antes del cierre, la explotación minera afectó el río San Félix y todos sus afluentes, los cuales desembocan en la playa Las Lajas.
Bernardo Jiménez, del Comité de Derechos Humanos por el Congreso General Ngöbe, sostiene que durante la explotación minera, además de la deforestación, la tala indiscriminada, la contaminación del agua de los ríos con cianuro y otros químicos utilizados por la compañía minera, hay registro del incremento de escoriaciones en la piel, afectaciones respiratorias y complicaciones estomacales por el consumo del agua contaminada.
Hasta la fecha, la concesión para la explotación minera en esta área del país se mantiene vigente, pero la junta directiva de la empresa, que es propiedad del Estado, no se reúne desde hace años.
MINA SANTA ROSA
La mina Santa Rosa, en Cañazas de Veraguas, cerrada a finales de la década del noventa, tampoco dejó buenos recuerdos para los pobladores del área.
El alcalde del distrito en ese entonces, Euris Omar Amores, informó que el Municipio recibía anualmente unos $42 mil de la mina.
Según Amores, durante el período de la explotación minera se registró un incremento inexplicable de los casos de vómitos y diarrea, sobre todo en infantes y adultos mayores.
La situación se atribuyó a los fuertes olores que emergían del cianuro y demás químicos que se usaban en la planta.
La operación de la mina cerró en 1999, según la empresa, por la caída del precio de los metales.
Durante la operación de la mina, la región vivió un gran auge económico.
Habitantes de áreas apartadas atraídos por el auge económico abandonaron sus tierras y se mudaron al distrito de Cañazas.
Al concluir la explotación, cerraron abarroterías, farmacias, bodegas, escuelas y una serie de pequeños negocios que habían surgido para atender a la población que se beneficiaba directa e indirectamente de la operación de la mina.
La empresa suspendió operaciones por la caída del precio del metal. En el área quedó parte del equipo que utilizaba para la operación, las instalaciones e incluso dos tinas de lixiviación.
Tres años después, el entonces ministro de Salud, Fernando Gracia, ordenó un estudio en la población ante la existencia de indicios de contaminación por plomo en la sangre y otros malestares aparentemente provocados por los químicos que fueron aspirados por la población o ingeridos en el agua.
La Cámara Minera rechaza esta posibilidad. Zorel Morales, su director ejecutivo, asegura que las tinas de lixiviación con más de un kilómetro de diámetro que fueron utilizadas en la operación, hoy día se han convertido en dos lagos artificiales producto del agua de las intensas lluvias que se registran en la región en los cuales incluso hay peces y mucha vida alrededor.
Concluidas las operaciones de la mina, unos 500 trabajadores que formaban parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) demandaron a la empresa. Exigían el pago de prestaciones laborales por encima de $1.0 millón. El pleito está pendiente todavía.
MINERÍA ‘SATANIZADA’EL DIRECTOR DE LA CÁMARA MINERA CONSIDERA QUE LOS GRUPOS AMBIENTALISTAS HAN ‘SATANIZADO’ LA MINERÍA.ACUSA A ESTOS GRUPOS DE ATEMORIZAR A LOS INDÍGENAS Y RESIDENTES DE LAS POBLACIONES COLINDANTES CON LOS PROYECTOS MINEROS, SIN TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL AUGE ECONÓMICO QUE LA ACTIVIDAD GENERA EN ÁREAS QUE, EN SU MAYORÍA, SON AFECTADAS POR LA POBREZA EXTREMA.
Morales insiste en que la tecnología moderna permite la explotación minera y a la vez mitigar los daños al ambiente.
Sin embargo, se muestra de acuerdo con el fortalecimiento de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), con el fin de que puedan hacer una vigilancia efectiva de la actividad minera en Panamá.
De hecho, sostiene que las empresas mineras tienen responsabilidad social con las comunidades y al momento de iniciar sus actividades, se comprometen a mitigar los daños al ambiente.
Azael Barrera, profesor de la Florida International University y activista contra la actividad minera, sostiene que la minería a cielo abierto ha generado contaminación en todo el mundo y en Panamá, sólo hay que analizar las sanciones que se han impuesto a la mina Petaquilla Gold para darse cuenta de los efectos que puede dejar la actividad en el país.
Barrera se pregunta ¿por qué hubo que aplicar estas sanciones a la mina, si las empresas transnacionales respetan las leyes nacionales y el medio ambiente?
Alida Spadafora, de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), insiste en solicitar la declaratoria de una moratoria para que se consulte a todo el país, a fin de analizar si sacrificar el patrimonio ecológico del país vale la pena por ‘unas cuantas monedas’.
No se trata de ‘satanizar’ ninguna actividad, las muestras son evidentes y también remitió a los interesados a evaluar el comportamiento de la empresa Petaquilla Gold, que por ahora es la única que mantiene una explotación minera en el país.
Al mismo tiempo, afirmó que se requieren acciones firmes de parte del Estado contra quienes se dedican a la ‘minería clandestina’, pues estimó que aunque lo hacen a una menor escala, también se constituyen en contaminantes.
