En la primera de dos votaciones, los legisladores panameños aprobaron el 1 de febrero una controvertida reforma al Código Minero dirigida a expandir exponencialmente el sector en el país y que fue duramente criticada por grupos ambientalistas y de defensa de los derechos indígenas.
El Ministerio de Comercio e Industrias tiene actualmente más de 180 solicitudes de licencias mineras que, de otorgarse, abarcarán el 40% del territorio panameño.
La reforma, promovida por el Ejecutivo, permitiría a empresas o personas extranjeras realizar actividades mineras en el país, así como incrementar al doble la tasa por regalías a US$0.40 por cada dólar de ingreso generado por la minería.
Diversos grupos ambientalistas y organizaciones indígenas sostienen que no han sido suficientes el debate y el análisis técnico sobre el impacto ecológico y social que podría tener la industria.
La empresa canadiense INMET se encuentra desarrollando un proyecto cuprífero de $5 millardos que implicaría la reubicación de más de 5,000 personas, principalmente indígenas y campesinas cerca de la costa norte del país. El proyecto sería el más grande de América Central.
El gobierno del presidente Ricardo Martinelli también está buscando socios para desarrollar el proyecto cuprífero de Cerro Colorado, en la occidental provincia de Chiriquí, que pondría a Panamá como uno de los principales productores de cobre del hemisferio occidental. Según el mandatario, la mina tiene reservas probadas más grandes que las de El Teniente, en Chile, principal productor de cobre del mundo.
Otro proyecto que también ha provocado críticas y protestas es la mina de oro de Molejón, de propiedad de la empresa canadiense Petaquilla Minerals, que hace un año empezó a producir.
Grupos ambientalistas e indígenas manifestaron en un comunicado conjunto “nuestra más profunda preocupación sobre el proceso y el contenido de este polémico y nefasto proyecto de ley que atenta contra la seguridad ambiental y la soberanía de Panamá”, en referencia a la reforma al Código Minero.
“En particular preocupa la posición recalcitrante de los representantes del gobierno de no integrar de manera efectiva los aportes de la sociedad civil en su conjunto”, señalaron.
Agregaron que el proyecto de ley no toma en cuenta el tema de la consulta previa a las comunidades indígenas afectadas por la minería y otros proyectos de inversión, tal como lo establece el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Antes de la votación, organizaciones como Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) presentaron una contrapropuesta: la moratoria a la minería a cielo abierto.
En la vecina Costa Rica, la presidenta Laura Chinchilla emitió el año pasado una moratoria a la minería a cielo abierto que prohíbe nuevos proyectos. —Noticias Aliadas.
