Existe un demostrado, justo y legítimo rechazo de las comunidades a la minería metálica, reiterado en distintos cabildos y consulta dentro de los procesos de Estudio de Impactos Ambiental contemplados en la realización de estos proyectos, el cual no es debidamente tomado en cuenta por la ley ni las autoridades como parte del derecho a decidir de los pueblos. Hacemos una llamado a todas las fuerzas sociales y solidarias, para levantar un bloque nacional en defensa del ecosistema y los derechos humanos de los pueblos panameños.
Carta abierta a las Autoridades Panameñas y a las Empresas Transnacionales de la Minería
Las organizaciones que emiten este comunicado, activas en la lucha por el respeto a los derechos humanos y la vida en Panamá, en contra de la minería metálica a cielo abierto y otras formas de despojo y depredación, expresamos:
Que en Panamá impera la corrupción y falta de transparencia en el otorgamiento de las concesiones para la exploración y explotación minera, y en general, no existe una política de información, consulta y participación ciudadana para decidir sobre el modelo de desarrollo y el uso y distribución de la riqueza, generando un escenario de conflictos políticos de carácter socioambiental.
Que a pesar del auge económico en Panamá, esta riqueza no ha significado una mejora en las condiciones de vida de los sectores sociales, por el contrario, ha significado despojos, explotación y aumento en los costos para satisfacer las necesidades básicas de la población.
Específicamente en el tema minero, prevalece la falta de transparencia e información sobre los montos de los ingresos que genera la exportación de minerales extraídos actualmente en territorio panameño, ya que las autoridades competentes en materia ambiental, financiera y minera como la Dirección Nacional de Recursos Minerales, la Autoridad Nacional del Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República no aplican ni promueven la creación de procedimientos que auditen y rindan informes sobre lo que pierde y lo que obtiene la economía nacional de la actividad minera.
La explotación ejecutada por las compañías mineras pretende sostenerse públicamente con el discurso de falsas soluciones a los problemas socioambientales como la Economía Verde, Minería Responsable, Minería Verde o Sostenible, que han demostrado ser falacias para justificar el modelo extractivo minero frente al desequilibrio ambiental que produce, el cambio climático y sus implicaciones sociales.
Aunque nuestra posición es totalmente opuesta al desarrollo de proyectos depredadores, denunciamos, además, el desplazamiento de la mano de obra panameña en los proyectos mineros que se han impuesto en Panamá.
En Panamá, hemos conocido las consecuencias sociales y ecológicas negativas de la minería, hemos sido testigos de luchas históricas de los pueblos indígenas y campesinos en defensa de la tierra y la vida, como ha sido la lucha del pueblo del Distrito de Cañazas de Veraguas y corregimiento de Remance en el Distrito de San Francisco en Veraguas, en donde las secuelas de la contaminación se constituyen en el único patrimonio de contaminación y muerte afectando a las comunidades.
Denunciamos el nulo acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos a la vida, libertad e integridad personal, ente otros, a consecuencia de sus actividades en defensa de sus derechos y los derechos de la tierra, por ejemplo, los sucesos del 2012 en la comarca indígena Ngäbé, en donde los resultados fueron tres muertos, mujeres, ancianos y niños hostigados y reprimidos por fuerzas policíacas y militares.
Existe un demostrado, justo y legítimo rechazo de las comunidades a la minería metálica, reiterado en distintos cabildos y consulta dentro de los procesos de Estudio de Impactos Ambiental contemplados en la realización de estos proyectos, el cual no es debidamente tomado en cuenta por la ley ni las autoridades como parte del derecho a decidir de los pueblos.
De igual manera, rechazamos otras políticas de imposición de megaproyectos hidroeléctricos, turismo inmobiliario y leyes que van en detrimento del acceso al agua y el uso de la tierra para fines colectivos y por la soberanía alimentaria.
Consideramos que el actual Código de los Recursos Minerales es obsoleto y no constituye una eficaz regulación para dicho desarrollo minero. Pero denunciamos que los últimos intentos para reformarlo en los años 2011 y 2012 han carecido de participación y consulta ciudadana, por ende, su debate ha estado viciado para favorecer los proyectos mineros.
Sobre las leyes nacionales en materia ambiental, se contradicen con las leyes y tratados ratificado por el Estado Panameño. En los últimos años los Estudios de Impacto Ambiental han sido aprobados a tambor batiente, sin acceso a la información, sin la debida divulgación del procedimiento, trámites y términos que permitan la igualdad de las partes en el procedimiento, sin una discusión científica y técnica por todos los sectores involucrados, sin considerar las culturas y saberes ancestrales de los sectores indígenas y campesinos que no son considerados de ninguna manera.
Denunciamos el otorgamiento de beneficios y facilidades por los gobiernos para que empresas mineras procedan a extraer minerales, caso del Distrito de Donoso en Colón y Distrito de Santa Fe de Veraguas, en donde Reservas Mineras se declararon sin efectos a fin de ofrecerlas para la exploración y explotación.
Los panameños hemos considerado que las tierras y aguas son la base para la salud y vida de todos los seres que habitamos este planeta, abogamos e impulsamos como actualmente hacemos en nuestras comunidades rurales, por políticas sustentables y de buen vivir para todos/as como es la agroecología, comercio justo y solidario, y producción agrícola tradicional.
Hacemos una llamado a todas las fuerzas sociales y solidarias, para levantar un bloque nacional en defensa del ecosistema y los derechos humanos de los pueblos panameños. Que esta lucha se hace legal y social con el ánimo de utilizar todos los medios para no permitir más la explotación de la naturaleza y los seres humanos de Panamá.
Dado en la Ciudad de Santiago de Veraguas, 9 de marzo de 2013.
Frente en Defensa del Cerro Cabra, Arraijan, Panamá
Manos Unidas, El Peñón, San francisco, Veraguas
Frente Cañaceño por la Defensa del Ambiente, Veraguas
Red Ecológicas, Social y Agropecuaria de Remance, Veraguas
Comité en Defensa de Sabaneta, Ponuga, Veraguas
Asociación Amigos del Parque Nacional Santa FE-AMIPARQUE, Veraguas
Coordinadora en Defensa de las Tierras y Aguas de Coclé CODETAC, Coclé
Frente Santeño contra la Minería FRESACOMIN, Los Santos
Coordinadora en Defensa de los Recursos Naturales y Humanos del Pueblo Indígenas Ngäbé Büglé
Movimiento Mesoaméricano contra el Modelo Extractivo Minero M4
