La ciudad rionegrina de Cinco Saltos fue la primera en América Latina en rechazar el fracking como método de extracción de hidrocarburos en diciembre. A pesar de las presiones de la intendenta y el gobernador la normativa seguirá vigente.
Por Diego Ariel Bernardo publicado en Marcha
El fracking o fractura hidráulica es un proceso para obtener hidrocarburos no convencionales. Más difíciles de extraer y con mayores costos este tipo de hidrocarburos están cobrando vigencia ante el agotamiento yacimientos convencionales. En la Argentina las exploraciones realizadas por Repsol-YPF y otras empresas dieron por resultado el descubrimiento de enormes cantidades de estos hidrocarburos, atrapados en las rocas del subsuelo. Tanto es así que el país se ubicaría tercero en existencias estimadas de este recurso (detrás de Estados Unidos e Irán).
Esto alienta al gobierno Nacional a continuar con una matriz energética basada en la utilización intensiva de combustibles fósiles en desmedro de energías alternativas que pese a su gran potencial, no reciben las inversiones necesarias para desarrollarse y aportar de forma significativa al sistema energético nacional. Sin embargo, el problema de este nuevo método es que además de continuar con dicha matriz, genera un profundo deterioro ambiental, agotando y/o contaminando de forma irreversible otros recursos estratégicos como el agua potable. Una mezcla de cientos de miles de litros de agua junto a un coctel de productos químicos de alta toxicidad y arena, se inyecta a través de una tubería vertical de unos dos a tres km de profundidad. Los productos tóxicos se filtran en el suelo y en las napas de agua a partir de las averías producidas en las cañerías, las válvulas abiertas y los vehículos de transporte. El objetivo de esto es producir fracturas en las rocas que permiten liberar la salida del gas. Aunque las empresas que explotan estos yacimientos alegan que la profundidad a la que quedan depositados estos residuos no genera peligro pues están muy por debajo de las napas, existen aguas de reflujo que vuelven a la superficie, arrastrando gases altamente nocivos como el metano, junto a minerales tóxicos y a los químicos usados para desprender los hidrocarburos de la roca, que dañan el suelo, las napas y los arroyos.
Esta actividad busca implantarse en varias localidades del país, en la Patagonia principalmente (aunque también en Entre Ríos) y es justamente, en la localidad de Cinco Saltos (Rio Negro) donde se ha logrado una normativa que prohíbe esta actividad. A instancias de José Chandia, concejal del Partido Comunista, quien previamente había escuchado a vecinos y a las organizaciones (“Tierra Madre” y “La Ruedita”, entre otras), el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que prohíbe la práctica del fracking en el municipio. La fecha de aprobación fue el 26 de diciembre del 2012.
A pesar de haber sido aprobada por unanimidad la intendenta de Cinco Saltos Liliana Alvarado, perteneciente al Frente Grande, vetó la norma por presiones realizadas desde los gobiernos nacional y provincial. Al hacerlo la intendenta recibió el respaldo del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, que en un comunicado citó a las Constituciones Nacional y Provincial para afirmar que los recursos hidrocarburíferos pertenecen a la provincia y que esta tiene potestad para su utilización. Remarcando a sí mismo que la provincia cuenta con un plexo normativo vigente que comprende tanto la explotación de hidrocarburos convencionales como no convencionales donde se detallan los medios técnicos y cuidados ambientales para aplicar en cada caso.
No obstante esto, el Concejo Deliberante, junto a las organizaciones y los vecinos, que resisten han logrado rechazar el veto de la Intendenta, ya que alegan que este se produjo recién el 14 de febrero del 2013, por fuera del plazo de los 10 días establecido para que un proyecto sea revisado y vetado por el Ejecutivo municipal. De esta manera Cinco Saltos vuelve a ser la primera localidad de Latinoamérica donde la fractura hidráulica se prohíbe.
Quedan por ver los movimientos que desplegaran el gobierno provincial y municipal, pero el pueblo ha vuelto a poner, mediante una estrategia institucional, a la soberanía popular por sobre los intereses del modelo extractivista.
