Alcaldes de los siete municipios afectados por el derrame de 40 millones de metros cúbicos de sulfuro de cobre acidulado a los ríos Bacanuchi y Sonora, emplazaron a Javier García de Quevedo, presidente de Minera México, Subsidiaria de Grupo México, a un encuentro para el próximo miércoles, a fin de impulsar un programa de atención a los afectados que responda a sus necesidades urgentes.
Fuente: El Informador
Entre éstas se encuentran: “gravísimos daños ecológicos, afectaciones a la ganadería, a la agricultura, al comercio, la salud y la estabilidad económica y emocional de los pobladores de los siete municipios contiguos a los afluentes señalados”.
Los munícipes Pedro Armando Lugo López, de Aconchi; José Manuel Valenzuela Salcido, Ures; Vidal Guadalupe Vázquez, de Arizpe; María Delfina López Quijada, de Huépac; Jesús Lauro Escalante, de Banámichi; José Eleazar de la Torre Curiel, de San Felipe de Jesús y Francisco Javier Durán Villa, de Baviácora, hicieron un llamado público al directivo de Grupo México.
Lo citaron a un encuentro en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), ubicada en esta capital, el próximo miércoles a las 17:00 horas y le piden que si no puede acudir al encuentro, envíe a un funcionario de la empresa con amplias facultades y poder de decisión, en donde se tratarán todos los temas relacionados con afectaciones provocadas por la contaminación de los ríos.
“Como ya es de su conocimiento, el derrumbe de un represo construido por la empresa Buenavista del Cobre, perteneciente al conglomerado Grupo México, ocurrido el 6 de agosto produjo el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado a lo largo de 176 kilómetros del arroyo Tinajas, municipio de Cananea, Sonora, incluyendo otros ácidos y metales pesados que corrieron 64 kilómetros del Rio Bacanuchi y 190 kilómetros del Río Sonora hasta la presa El Molinito que causó gravísimos daños, recuerdan en un comunicado al directivo de Grupo México”.
Estas afectaciones deben ser reparadas a la mayor brevedad, además de proceder a la extracción de los desechos tóxicos y metales pesados del lecho de los ríos y otras medidas de saneamiento y prevención de nuevos derrames.
En el mensaje al Directivo de Grupo México, le refieren un desplegado publicado en medios estatales y nacionales, donde la empresa destaca su antigüedad, empleos que genera y la capacidad de exportación de cobre al año, admitiendo que el daño ecológico se originó en un represo propio, imputando a las lluvias las causas del problema, además de asegurar que el sulfato de cobre derramado no es un desecho o residuo peligroso.
Pero, independientemente de la responsabilidad de su representada, sea por un hecho ilícito que por su responsabilidad objetiva, y la inadmisible afirmación de que no se trataba de residuos peligrosos, el hecho de que propuso en dicho desplegado “la implementación de un plan que de manera coordinada permita conocer y validar las posibles afectaciones en materia agrícola y ganadera en la región que hubieren sido provocadas por la filtración para su consecuente reparación, le aceptamos la propuesta, le señalan.
En este sentido, aseguraron, buscan una solución consensada a todos los problemas originados por el derrame de tóxicos a los ríos Bacanuchi y Sonora, por lo cual lo citaron justo en las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
