En un paraje lleno de de árboles, en lo alto de la sierra, unos llamativos letreros anuncian la próxima llegada a la mina La Colorada, “una mina con responsabilidad ecológica”, lo que contrasta con los respiraderos de la misma que a lo lejos se pueden escuchar arrojar gases tóxicos.La mina Las Coloradas es propiedad de la canadiense Panamerican Silver Corp, y su subsidiaria Plata Panamericana SA de CV.
Ver también: Minera Pan American Silver deja sin casa a habitantes de La Colorada
Fuente: El Sol de Zacatecas
Ahí, hace apenas una semana, un total de 18 trabajadores fueron despedidos de manera injustificada por haber participado en un reciente paro de labores y exigir sus derechos como trabajadores y propietarios de terrenos de los cuales fueron despojados hace dos años.
Hombres armados
Ellos y sus familias, integrantes de las 46 afectadas, acudieron junto a los diputados locales, María Elena Ortega Cortez y Santiago Domínguez Luna, al querer hacer un recorrido por los terrenos que anteriormente ocupaban las familias, fueron recibidos por hombres encapuchados con chalecos anti balas, portando armas largas.
Al menos unos diez hombres armados, en vehículos o motocicletas, se apersonaron en el acceso a la mina, justo debajo de donde las familias despojadas de sus terrenos fueron instaladas en casas que se les otorgaron en comodato.
Luego de que se les negara el acceso a la mina, bajo el argumento de que no había ya personal administrativo y en medio de un ambiente de tensión por parte de los posesionarios del lugar, quienes con escritura en mano reclamaban su derecho a transitar por el lugar.
Por ello, los diputados que acudieron al lugar, junto al líder de las Colonias Agropecuarias, Cuauhtémoc Espinoza Jaime, recordaron que se trataba de terrenos nacionales y reclamaron su derecho al libre tránsito, pues recordaron que se trataba de caminos de uso común por los cuales las personas pueden pasar libremente.
Ante la insistencia, pudieron acceder al lugar, en donde ya solo quedan los cimientos de las viviendas de piedra y en pie solo la escuela y “la casa del maestro” que fue construido en este lugar en el que llegaron a habitar al menos unas 200 familias.
Acoso
Durante el recorrido, el acoso de los elementos de seguridad privada de la mina no se hace esperar, mientras que repentinamente aparece una camioneta que se cruza frente al contingente y de ella sale Karla Sosa, titular de recursos humanos de la empresa minera, quien reitera que no pueden acceder al lugar los visitantes.
Pese a ello, la diputada le pide a la representante de la empresa que se retire, junto con el personal de seguridad, pues le recordó que el terreno que en esos momentos pisaban es propiedad de Don Chava, un hombre de unos 70 años, quien tiene una tiendita, la cual luce vacía, pues se les prohibió a los trabajadores comprarle.
La legisladora pidió que se abriera la tienda de Don Chava e invitó a quienes integraban el grupo a comprar algo, y luego pidió que se les tomara una foto en el lugar, mientras que algunos perros correteaban contentos y otros más armaban peleas.
Lo enterraron vivo
En ese lugar, justo a un lado de la entrada principal de la mina, el rostro de doña Felícitas Guerrero Pasillas se endurece, sus ojos casi cerrados muestran la tristeza que lleva encima, al recordar que justo ahí estaba ubicada la casa de su padre y la de ella.
Ella solo puede recordar la impotencia de su padre, J. Socorro Guerrero, quien con el rostro desencajado le dijo que acababan de derrumbar su casa con todo y sus pertenencias y en el interior enterraron vivo al burro en el que él mismo paseaba por la sierra.
La mujer, tras recordar que en ese lugar que derribaron pasó una niñez feliz, pues ahí se ubicaba un huerto con frutas y verduras de diferentes tipos, una casa modesta pero espaciosa y contaban con animales, así como una pequeña parcela en la que sembraban maíz y frijol.
Murió de tristeza
Ahora de eso ya solo quedan recuerdos y una presa de jales encima de la parcela que le servía de sustento a la familia, pero lo más grave, la pérdida de su padre, quien comenzó a enfermar desde que fueron despojados de sus tierras y luego murió de tristeza, no sin antes llamar a sus hijos a luchar por lo que les pertenece.
La hermana de Felicitas, también falleció a consecuencia del despojo. Ella llegó muy mal, se enfermó, pues fue sacada de la casa con pistola en mano y a jalones y al poco tiempo sus nervios no soportaron el dolor.
Entre las personas despedidas por la compañía minera también se encuentra don Efraín, una persona que fue ocupado como velador y de quien la empresa aprovechándose de su discapacidad auditiva no le otorgaron seguro social, por lo que lo llamaron, le entregaron dos mil pesos y le hicieron saber que ya no trabajaba con ellos.
Del lado de la empresa
Alfonso Guerrero Pasillas informó que el subsecretario de gobierno, Julio César Chávez Padilla, les hizo saber que no serían despojados de sus viviendas, pero luego envió personal que realizó una encuesta a modo a favor de la empresa y se hizo del lado de la empresa.
Por ello, los posesionarios de la mina La Colorada, hicieron responsable al gobernador, Alejandro Tello Cristerna de lo que les pueda suceder o cualquier represalia que sufran, pues afirmaron que no les da la cara y que en lugar de proteger los intereses de los ciudadanos se hace del lado de la minera.
Acusaron asimismo a Juan Villegas González, gerente general de la mina de dar tratos inhumanos a los trabajadores y lamentaron que estén viviendo en casas que son muy pequeñas con solo dos cuartos en las que habitan hasta tres familias.
Guerrero Pasillas también acusó a la minera y a las autoridades de no cumplir la minuta que firmaron en la que se ofrecieron mejores condiciones para las familias que fueron despojadas de sus viviendas.
Sin acceso a la iglesia
Lamentaron asimismo que la iglesia se haya hecho del lado de la empresa a través del párroco, quien los acusó de problemáticos y les impide el acceso al templo que se construyó en la nueva unidad habitacional.
Por su parte el diputado Domínguez Luna llamó a que se instale una mesa de diálogo entre las diferentes partes, en la que también intervenga el Gobierno del Estado y pidió al gobernador, Alejandro Tello Cristerna atender esta situación, pues consideró que actualmente hay ingobernabilidad.
