Más de 60 pobladores del céntrico valle de Siria, quienes se encuentran con altas concentraciones de plomo, arsénico y cianuro en su sangre, continúan a la espera de un dictamen oficial sobre los efectos que el agua contaminada de una mina de oro pudiera haber provocado en sus organismos.
Fuente: ALAI, América Latina en Movimiento
01/04/2011. Hace más de tres años que las autoridades sanitarias hondureñas tomaron muestras de laboratorios que fueron enviadas para su estudio a Colombia, pero se niegan a entregar resultados por escrito de las evidencias encontradas.
Entre tanto, Honduras sigue en espera de una ley de minería que, tras años de estancamiento y limbo jurídico, termine de abrir las puertas a la inversión privada, tal como esperan las multinacionales, o establezca mayores controles ambientales, como lo solicita un amplio sector de la ciudadanía.
Oro que contamina
Tras el paso del huracán Mitch en 1998, Honduras abrió sus puertas a las multinacionales, hasta el punto de que hoy un tercio de su territorio está concesionado a empresas mineras, con un total de 157 licencias de explotación.
Una de las concesiones más significativas es la mina de oro San Martín que se entregó el año 2000 a Entre Mares, subsidiaria de la canadiense Goldcorp, la tercera mayor productora de oro en el mundo. Pronto nació la oposición a la minera ante las serias sospechas de que la misma era altamente contaminante y dañina para los pobladores de los municipios de San Ignacio, Cedros y El Porvenir, que se extienden en el valle de Siria, en el departamento de Francisco Morazán.
Su caso se convirtió en un paradigma de los problemas que la extracción minera a cielo abierto causa a la salud de la población. De acuerdo con denuncias del Comité Ambientalista del Valle de Siria, el agua contaminada del perímetro de la mina ha penetrado a las quebradas que son usadas para consumo doméstico y agrícola.
Roger Escober vicepresidente del comité, declaró a Noticias Aliadas que “los tajos abiertos [auríferos] de Palo Alto y La Rosa derraman aguas con drenajes ácidos, que terminan llegando al consumo humano, pero la Fiscalía no ha hecho nada”.
Y es que tras el golpe de Estado de junio del 2009, dice Escober, “hemos perdido la confianza en la Fiscalía que, a pesar de saber que hay niños gravemente enfermos, no ha actuado de oficio, como era su deber”.
De no haber pronto una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades, los pobladores no descartan acudir a instancias internacionales en busca de justicia.
Ley controvertida
La Ley General de Minería fue aprobada apresuradamente en 1999, siguiendo la estela de otros países de América Latina.
Como dice Pedro Landa, reconocido activista a favor de una minería limpia, la ley “responde a una iniciativa regional del BID [Banco Interamericano de Desarrollo] y la CEPAL [Comisión Económica para América Latina y el Caribe] consistente en reducir los impuestos y disminuir los controles ambientales para atraer la inversión”.
En el 2004 una serie de organizaciones de la sociedad civil redactaron consensualmente con instituciones del Estado un proyecto de ley que trataba de reconducir la extracción minera dentro de un marco de respeto al medio ambiente y a los derechos de los pobladores, que nunca llegó a aprobarse. Igual suerte corrió otra propuesta de ley, mucho más restrictiva para las compañías mineras, presentada dos años después por la Alianza Cívica por la Democracia (ACD).
En el 2007, la Corte Suprema declaró inconstitucionales 13 artículos de la Ley General de Minería, entre ellos los referidos a la exoneración de pagos de impuestos de las mineras y a la no necesidad de evaluación de impacto ambiental previo para otorgar la concesión, lo que ha sumido a la minería hondureña en un limbo jurídico. De ahí que está ley esté actualmente parcialmente vigente.
El año pasado, el diputado izquierdista Marvin Ponce volvió a impulsar en el Congreso un nuevo texto para la Ley General de Minería. Su contenido es similar al presentado por la ACD y supone, entre otras cosas, una actualización impositiva de la actividad minera.
Ponce subraya “que el subsuelo le corresponde al Estado”, por lo que la ley debe beneficiar fundamentalmente a la población hondureña.
El rechazo por parte de los empresarios locales a la propuesta del legislador ha sido frontal. “Definitivamente estamos en un 100% en contra del proyecto del diputado Ponce, quien quiere cerrar las oportunidades de trabajo a miles de hondureños que necesitan un empleo”, manifestó Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI).
Falta de consenso en sociedad civil
Lamentablemente, la actual polarización política y social tras el golpe no está permitiendo una articulación social que haga posible incidir políticamente para consensuar una ley aceptable por todos los sectores, que garantice la salud de los pobladores y estándares altos de respeto al medio ambiente, al tiempo que desarrolle los importantes recursos mineros con los que cuenta el país.
Algunos miembros de la sociedad civil, como Pedro Landa, integrante del Centro Hondureño para la Promoción y el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), creen que el texto presentado por la ACD es demasiado ambicioso para que pueda ser aprobado.
“Se ha perdido la perspectiva al buscar la bendición del Frente Nacional de Resistencia Popular [organización surgida contra el golpe de Estado del 2009 y que actualmente aglutina la oposición al actual gobierno] para cualquier tipo de lucha social”, dijo Landa a Noticias Aliadas. “Esto impide una articulación efectiva de la sociedad civil, mientras que del otro lado el poder del grupo empresarial es tan grande que la decisión ya está tomada”.
Mientras el impase se prolonga, los pobladores del valle de Siria confían en que su caso se resuelva y se haga justicia para las personas afectadas, repercutiendo asimismo en el contexto nacional.
“Debemos transmitir esto al resto de la población; nuestra lucha no termina aquí, queremos una nueva ley de minería”, insiste Escober.
Un dictamen de la Fiscalía favorable a los pobladores del valle de Siria, que impidiera a Goldcorp cerrar e irse tranquilamente de Honduras, obligándola en cambio a compensar a los afectados, sería probablemente un primer paso para evitar que Honduras, siglos después de ser un enclave minero colonial, vuelva a poner en manos extranjeras sus riquezas naturales.
