Porfirio Lobo aparece sonriente, posando junto al embajador canadiense Neil Reeder y empresarios mineros, entre ellos Patrick Docuney y David M. Petroff, el primero es director ejecutivo de Aura Mineral Inc. y el segundo es un reconocido inversionista de la explotación minera, maquila textil y otros rubros.
Por Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
05/05/2010. La fotografía, ubicada en el sitio web oficial de la presidencia hondureña, se acompaña de una breve descripción del magno evento: el presidente Lobo se compromete a expandir el sector minero en Honduras.
Entre los compromisos de Lobo está una ley de minería mucho más permisiva y seguridad jurídica total a las mineras canadienses, que enfrentan una resistencia social creciente debido a los daños a la salud humana y a los recursos hídricos que provoca la extracción de metales (Sólo en Valle de Siria, Minerales Entremares ha secado 19 de los 23 ríos que habían).
A cambio de esto, los generosísimos empresarios canadienses prometieron invertir unos 700 millones de dólares, y el embajador Reeder ofreció compensar la patriótica actuación de Lobo apoyando el retorno de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Esto sucedió el 6 de abril recién pasado en la sede del gobierno hondureño, lugar de donde fue expulsado -el 28 de junio de 2009- el entonces presidente Manuel Zelaya. Lo desterraron vándalos militares a sueldo de la oligarquía hondureña y de un puñado de transnacionales, principalmente mineras canadienses.
Estas compañías detestaban a Zelaya porque impulsaba -junto a grupos ambientalistas, organizaciones comunitarias y la Diócesis de Santa Rosa de Copán- una nueva ley minera que prohibía la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, y otorgaba a los pobladores afectados el derecho a decidir sobre los proyectos extractivos.
Perpetrado el golpe de Estado, representantes mineros avalaron “la nueva situación política”; mientras Peter Kent -secretario de Estado canadiense para las Américas- condenó el golpe, pero sin pedir la restitución de Zelaya.
Efectuadas las elecciones, y tras su toma de posesión, Porfirio Lobo empezó a premiar a los militares golpistas y a sus financiadores. Por eso, nombró presidente de la estatal telefónica Hondutel al ex jefe castrense Romeo Vásquez y al oligarca Mario Canahuati lo designó canciller.
Acto seguido, Lobo compensó -por los trabajos realizados- a los candidatos presidenciales que legitimaron los democráticos comicios en los que resultó ganador. Así, puso al ex candidato demócrata cristiano Felícito Ávila en el Ministerio de Trabajo y a César Ham (el revolucionario candidato de la izquierdista Unificación Democrática) le entregó la dirección del Instituto Nacional Agrario.
Hoy es el turno de las empresas extractivas canadienses (Gold Corp, Yamana Gold, etc.), a las que Lobo les entrega lo que aún faltaba del territorio hondureño. En la fila de espera destacan telefónicas, petroleras, medios de comunicación, entre otras.
