Andres Mckinley, representante de la Universidad Centroamericana (UCA) junto a miembros de ADES y la International Allies Against Mining in El Salvador demandaron la prohibición total de la minería en el país, indistintamente la sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para el Estado salvadoreño.
Fuente: Diario Co Latino
“Esta demanda es injusta, de Pacific Rim/Oceana Gold, ante el CIADI, organismo del Banco Mundial que tiene una demanda por 250 millones de dólares. Desde el año 2009 el Estado salvadoreño ha gastado 12 millones de dólares… en los últimos siete años… cuando esos recursos pudieron utilizarse en salud, educación, seguridad, producción alimentaria”, afirmó.
Las organizaciones consideran que la acción legal de la transnacional minera era “abusiva”, al no recibió el permiso de la Unidad de Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Economía para la explotación de oro y plata en el municipio de San Isidro, departamento de Cabañas, por tanto no calificaba con sus permisos según leyes de El Salvador.
“A pesar de esta falta de respeto a la soberanía de El Salvador ahora, Pacific Rim/ Oceana Gold mantienen una presencia en Cabañas a través de la Fundación El Dorado, que tiene como objetivo central crear conflictos sociales entre la población por la explotación minera, y bajo una estrategia de desarrollo de las comunidades”, indicó.
La resistencia que por años ha mantenido ante las transnacionales mineras generó la muerte de cuatro activistas anti-minería entre junio y diciembre del año 2009, Marcelo Rivera, Ramiro Rivera, Dora Sorto y Enmanuel Sorto que tenía 8 meses de gestación, cuando fue asesinada su madre; lo que consideró Vidalina Morales de ADES, una muestra de impunidad contra la población al buscar justicia.
“Cabañas ha sido un escenario de actos fuertes de violencia contra la población, pur su resistencia contra los proyectos mineros y en el año 2009 fue la Pacific Rim, pero como todos sabemos, ahora es Oceana Gold y esta ha restructurado su articulación con la Fundación El Dorado que opera mostrando un rostro bonito con sus cursos de inglés, computación y otros, para hacer labor de convencimiento sobre la minería”, acotó.
No obstante, consideró que los estatutos y objetivo de la Fundación El Dorado, ya no cuentan con vigencia como el desarrollo de las comunidades en los alrededores de los proyectos mineros de la Pacific Rim/Oceana Gold.
“Por eso estamos exigiéndole al Ministerio de Gobernación y la Dirección de Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro a que investiguen y tomen las medidas necesarias para suspender las operaciones de la Fundación El Dorado en el departamento de Cabañas, porque esa fachada de desarrollo social busca explotar los bienes naturales de El Salvador”, aseveró.
Yanira Cortez, Procuradora Adjunta para la Defensa del Medio Ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), reiteró el acompañamiento a la población civil en Cabañas y su beneplácito con los medios de comunicación que retoman el tema de la minería metálica en la agenda nacional. “La PDDH conserva su posición en contra a las actividades mineras en El Salvador, en virtud que recogemos el sentir y la posición que han tomado diferentes comunidades, que se oponen a la minería y creemos que esta exigencia está basada en la justicia, en la dignidad de los pueblos y creemos que debe ser respetada”, declaró.
La funcionaria reiteró que la minería metálica en América Latina, que ha sido una inversión que ha impactado a extensas poblaciones y que en casos como Guatemala, Argentina, Honduras y El Salvador la demanda de las transnacionales se vuelve inflexible por sus conocimientos de yacimientos de metales preciosos en sus territorios.
“De acuerdo, al Centro de Estudios de Minería y Cobre de Santiago de Chile plantean, podría haber una inversión de casi 200 mil millones de dólares, en minería y algunos piensan que podría haber algún tipo de desarrollo, y la PDDH que también se ha documentado -podemos decir- que de México a Chile los proyectos de extracción y explotación minera han traído, violaciones a derechos humanos, aumentaron también la pobreza en todos los pueblos y lo hemos constatado”, puntualizó.
