El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, aseguró que El Salvador no está en condiciones para desarrollar la minería metálica y por eso el gobierno central presentó el anteproyecto de Ley para suspender todas las actividades relacionadas con este sector.

 

Fuente: Diario Co Latino

«La evaluación ambiental estratégica concluyó que, en las condiciones actuales en El Salvador, no es posible desarrollar minería metálica, cumpliendo todas las garantías sociales y ambientes; y en ese sentido, recomendó suspender la actividad», dijo Rosa en la entrevista Agenda de Nación de Canal 10 y Radio Nacional.

El funcionario detalló que la iniciativa de ley que presentó a la Asamblea Legislativa acompañado del titular de Economía busca suspender formalmente los procesos administrativos relacionados con la minería metálica e impedir que se reciban nuevas solicitudes.

«Hay 21 expedientes activos en el Ministerio de Economía que quedarían automáticamente suspendidos y hay 18 estudios de impacto ambiental que fueron presentados al Ministerio de Medio Ambiente que también ya no seguirían ningún trámite», detalló Rosa.

El ministro explicó, que de ser aprobado el proyecto de ley, la suspensión podría ser levantada por un comité de seguimiento, conformado por representantes del Ejecutivo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y consultores internacionales, si la entidad considera que el país está en condiciones de desarrollar la minería respetando todas las garantías sociales y ambientales.

La propuesta estipula que se deben cumplir una serie de condiciones para que se pueda desarrollar la actividad minera, entre ellas generar los sistemas de información geominera e hidrogeológica adecuados, establecer una zonificación y un ordenamiento territorial vinculante, fortalecer a los ministerios de Economía y Medio Ambiente y establecer un sistema para la gestión de los conflictos.

Además, establece que se debe realizar el cierre adecuado de minas antiguas, la compensación a la población afectada, y la creación de políticas impositivas y fiscales compensatorias que permitan que los beneficios de esta actividad se distribuyan adecuadamente.

«Esta no es una decisión caprichosa del Ejecutivo, este decreto no surgió como producto de una noche de insomnio, ha sido muy meditado y creo yo que tiene un mecanismo de seguimiento que podría garantizar que se mantiene una evaluación objetiva de los avances del proceso», destacó el ministro de Medio Ambiente.

Agregó que con este decreto el gobierno envía «una señal muy clara de que el país toma decisiones sobre la base de bases objetivas».

El ministro Rosa explicó que la legislación ambiental establece que las políticas de gran envergadura deben someterse a evaluaciones ambientales estratégicas como la que se realizó en este caso.