Miembros de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica no dan crédito a la versión policial de rencillas entre familias. Señalan varios cabos sueltos que apuntan hacia Pacific Rim.
San Salvador – 13/07/2010. Miembros de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (MNMM) denunciaron este martes graves carencias en la investigación policial de los asesinatos de los activistas ambientalistas Ramiro Rivera Gómez y Dora Recinos Sorto, ocurridos en diciembre de 2009 en el cantón Trinidad, departamento de Cabañas.
Los ambientalistas denunciaron que la investigación llevada a cabo por la policía se ha quedado en la superficie y piden un proceso integral, profundo y exhaustivo que permita llegar al fondo de las causas de los crímenes.
Rivera y Recinos eran miembros del Comité Ambiental de Cabañas (CAC), contrarios a la actividad minera de la empresa canadiense Pacific Rim Mining Corp. en la mina El Dorado, situada en el cantón Trinidad, que había dado comienzo en el año 2002 y finalizó con la denegación del permiso por parte del gobierno salvadoreño en febrero de 2008.
Ambos fueron asesinados con fusiles de guerra M-16 los días 20 y 26 de diciembre de 2009 respectivamente.
El pasado 2 de julio, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron a diez detenidos presuntamente involucrados en estos crímenes.
Según explicaron el director de Investigaciones de la PNC, Howard Coto, y el jefe de la División Élite contre el Crimen Organizado (DECO) de la FGR, Rodolfo Delgado, la investigación les había llevado a la conclusión de que los asesinatos se produjeron en medio de una espiral de rivalidad y venganza entre familias. Entre los detenidos estaban los presuntos autores materiales e intelectuales de los hechos.
Aunque el proyecto de explotación minera “no es el elemento principal entre estos dos grupos”, afirmó Howard Cotto, “vino a exacerbar y a detonar algunos aspectos que fueron derivando en determinados hechos de violencia, dentro de los que resaltan los homicidios”.
“El hecho de que un grupo de personas estuviera a favor y otro en contra de la minería tiene alguna incidencia en esta situación que se ha generado, pero en ningún momento estamos hablando de la participación directa o intelectual de Pacific Rim en los hechos de violencia”, enfatizó Cotto.
Investigación incompleta
La MNMM señala “varios aspectos preocupantes de esta acción policial” que, en su opinión, está obviando elementos que rodean a unos hechos que se están queriendo aislar de un ambiente de violencia y amenazas contra ambientalistas que dio inicio hasta que Pacific Rim hizo su aparición en la zona.
Según Luis González, de la MNMM, es habitual que cuando una empresa transnacional minera llega a una zona, en ésta se incrementen las rencillas y la violencia entre partidarios y detractores de su actividad. Por ello, González demandó una ley que prohíba la minería metálica, necesaria para evitar este tipo de confrontaciones entre vecinos.
“Estos crímenes no sucedían en la zona antes de que comenzaran las actividades de explotación minera”, afirma el comunicado de la MNMM.
Para los ambientalistas, no se puede aislar estos hechos de las amenazas de muerte que recibían Rivera y Sorto antes de ser asesinados, en las que “se les recriminaba enfáticamente su oposición a los proyectos de minería metálica”.
Y tampoco se puede dejar a un lado el hecho de que “varias de las personas detenidas sean ex trabajadores y simpatizantes de la transnacional minera canadiense Pacific Rim”, dice el comunicado de la MNMM.
Por otra parte, Rivera y Recinos no fueron los únicos ambientalistas amenazados en Cabañas. A ellos habría que unir numerosos casos, como el del también asesinado Marcelo Rivera. Otras personas, como los religiosos Luis Quintanilla y Neftalí Ruiz e integrantes de la emisora local Radio Victoria, también fueron amenazados de muerte por su oposición a la minería metálica.
Dora Recinos Sorto fue asesinada el 26 de diciembre de 2009. Tenía 8 meses de embarzo.
“¿Por qué si son rencillas personales hay otras personas que no son de la comunidad que están involucradas en estos temas? ¿Por qué nosotros somos amenazados?” se preguntó el padre Neftalí Ruiz.
Y añadió: “Yo no soy de la familia Rivera ni Menjívar. Francisco Pineda, quien es amenazado, tampoco es parte de la familia Menjívar ni Rivera. El padre Ruiz Quintanilla, los miembros de Radio Victoria, Marcelo (Rivera), no era de la familia Menjívar de Trinidad ni de la familia Rivera de Trinidad”.
Mientras que por el asesinato de Marcelo Rivera hay varios detenidos, los otros casos de amenazas, denuncian desde la MNMM, “ni siquiera han sido registrados por la Fiscalía y la Policía”.
Otro aspecto que a los ambientalistas no les encaja es que la PNC y la FGR no hayan investigado la procedencia del dinero con el que se han financiado estos crímenes y otros hechos, como el intento de asesinato del presidente del CAC, Francisco Pineda, cuya empleada del hogar declaró que le habían ofrecido $2,000 por envenenarle la comida.
Ello, dice la MNMM, “incluiría indagar las cuentas bancarias y transferencias financieras de reconocidos personeros de Pacific Rim en el país”.
Ese sería para el padre Neftalí Ruiz el meollo del asunto, indagar los flujos de dinero que se han producido en los últimos años, para poder poner a cada actor en su sitio.
“Investiguen las cuentas. Tanto de los alcaldes, de los trabajadores de la empresa, del mismo presidente de la empresa. Tienen que ver inclusive las cuentas de los diputados de la zona. ¿Por qué Orlando Arévalo del PCN (Partido de Conciliación Nacional) propone una ley ante la Asamblea que favorece la explotación minera?”, dijo Ruiz.
Un asunto que también señalan los ambientalistas es que no se haya capturado a Óscar Menjívar, “a pesar de que las autoridades lo relacionan con los crímenes”.
Oscar Menjívar es uno de los cabos sueltos más misteriosos de este caso, pues fue juzgado y absuelto por falta de pruebas por el intento de asesinato de Ramiro Rivera ocurrido en agosto de 2009.
Rivera salió gravemente herido de un ataque tras el que pudo recuperarse y señalar directamente a Óscar Menjívar como responsable. Pero no pudo hacer esa declaración en el juzgado correspondiente porque ya estaba muerto.
En ese proceso, Menjívar estuvo defendido por prestigiosos abogados, según denuncian los miembros de la MNMM, sin que se haya investigado tampoco de dónde salió el dinero para satisfacer sus elevados honorarios.
A pesar de estos antecedentes, la PNC y la FGR no han detenido a Óscar Menjívar, que se encuentra en libertad, por el asesinato de Ramiro Rivera, pues estaba en prisión cuando ocurrió. La investigación de las autoridades señala exclusivamente a Noemí Menjívar, hermana de Óscar, como autora intelectual, tanto del asesinato de Ramiro Rivera como del de Dora Recinos.
Todos estos cabos sueltos, dicen desde la MNMM, deben investigarse para poder esclarecer todo un proceso que se ha dado en la zona de Cabañas desde hace tiempo, en vez de aislar los hechos como casos particulares.
La versión de la empresa
Luis Francisco López, miembro de la MNMM, denunció que la línea de investigación seguida por Policía y Fiscalía fue marcada por el presidente de Pacific Rim, Tom Shrake, en una entrevista concedida al periodista canadiense Jesse Freeston en enero pasado.
En esa entrevista, ante las preguntas del periodista, Shrake afirma que su empresa no tiene nada que ver con los actos de violencia y que son resultado de viejas disputas familiares.
“No tenemos ningún conocimiento de que cualquiera de estos casos esté relacionado a la minería. Ha existido el conflicto entre familias por bastante tiempo. Así que la declaración que esto está conectado a la minería, no lo creo”, declaraba el presidente de Pacific Rim.
“El presidente de Pacific Rim da una entrevista el día 12 de enero del año 2010, es decir, ni siquiera un mes después de haber sucedido los hechos y es él quien arroja una hipótesis de investigación que seis meses después viene a ratificar la Fiscalía”, afirmó este martes Luis Francisco López.
Y añadió que Tom Shrake “en esa entrevista maneja información privilegiada, que no había salido a la luz”, en referencia a la hipótesis de las rencillas familiares.
Sin embargo, Shrake afirma en la entrevista que era algo que había declarado públicamente la PNC.
¡El Salvador, sin minería metálica, vale mucho más.!
¡No a la minería metálica en El Salvador.!
¿Quién es el delincuente?
Miércoles, 14 de Julio de 2010
Las más recientes declaraciones de Thomas Shrake, presidente de la transnacional minera Pacific Rim, podrían pasar desapercibidas, sino fuera por el carácter delictivo de su contenido mentiroso, difamatorio, calumniador.
El martes 8 de junio de este año, Shrake llamó “ONG delincuente” a la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES Santa Marta), organización miembra de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, a la que identificó como responsable de la conflictividad minera en Cabañas.
Citado por el Congreso de Canadá, que se apresta a aprobar una ley para regular la conducta de las compañías extractivas canadienses que operan dentro y fuera de ese país norteamericano, Shrake también acusó a ADES Santa Marta de “oponerse al desarrollo” y “desinformar sobre falsos daños de los proyectos mineros”.
Ante los cuestionamientos de algunos legisladores sobre el desempeño de Pacific Rim en Cabañas, Shrake intentó desvirtuar los resultados del informe “El Salvador: Oro, Armas y Poder de Decisión”, realizado por el Dr. Richard Steiner, investigador de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), en febrero de 2010.
El estudio detalla la violencia criminal en Cabañas que incluye el asesinato de tres ambientalistas y varios atentados, persecuciones y amenazas de muerte contra opositores a la minería, crímenes de los que Shrake se desvincula y acusa a ADES Santa Marta de promover la conflictividad, sin tener prueba alguna.
El propósito de Shrake es obvio: desprestigiar a una organización de desarrollo comunitario que ganó respeto en el país y en el mundo por sus sólidos argumentos contra la explotación minera, su apoyo decidido a las comunidades en el legítimo derecho a un medioambiente sano y su audaz iniciativa en la promoción de una postura que ahora es de consenso nacional: NO a la minería metálica.
Esto último es necesario destacarlo porque Shrake insiste en que el rechazo a la minería es sólo un capricho de ADES Santa Marta, y que el resto del país está a favor de esta tenebrosa industria. Por conveniencia, el presidente de Pacific Rim elude el hecho de que el gobierno, tanto la gestión anterior como la actual, le negó los permisos de explotación.
Esta decisión es respaldada por la Conferencia Episcopal de El Salvador, la extinta Comisión Nacional de Desarrollo (absorbida por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República) y otros actores importantes de la vida nacional; pero Shrake no lo menciona.
El presidente de Pacific Rim debería ser inteligente y dejar de decir cosas ridículas, como que el agua residual de las minas es aún más limpia que en su estado natural o que es más el cianuro de los orines de la población de San Isidro que el utilizado para la extracción de metales preciosos (Aunque los lectores y lectoras de esta columna no lo crean, Shrake dijo esto a los congresistas canadienses que escucharon sus risibles afirmaciones).
Pero el presidente de Pacific Rim debería, especialmente, evitar las acusaciones falsas porque podría terminar enjuiciado. Shrake, incluso, podría ser investigado por hacer lo que dice que otros hacen.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
COMUNICADO DE PRENSA:
El pasado jueves 1º de julio, la Fiscalía General de la República -a través de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado (DECO) – y la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil presentaron a una decena de presuntos involucrados en los asesinatos de los ambientalistas Ramiro Rivera Gómez y Dora Sorto Recinos, brutalmente acribillados en diciembre de 2009 en el cantón Trinidad, Sensuntepeque (Cabañas). A la mayoría de estos detenidos se les decretó instrucción formal con detención provisional, excepto a dos supuestos autores intelectuales.
Es importante que, aunque sea siete meses después de los condenables crímenes y bajo una fuerte presión nacional e internacional, la Fiscalía y la Policía hayan detenido a algunos de los supuestos asesinos. Sin embargo, son preocupantes varios aspectos de esta acción fiscal y policial. Por tanto, las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, en una valoración inicial, destacan tres de éstos.
1.El primero son las declaraciones públicas, tanto del jefe de la DECO, Rodolfo Delgado, como del director de Investigaciones de la PNC, Howard Coto, referidas a que la conflictividad minera no es la motivación principal de los horrendos crímenes y que éstos fueron provocados por rencillas familiares de larga data. Los funcionarios en cuestión parecen ignorar, al menos, cuatro elementos que prueban lo contrario. El primero es que estos crímenes no sucedía en aquella zona antes de que comenzaran las actividades de exploración minera; el segundo es que las múltiples amenazas de muerte que recibían permanentemente los ambientalistas Rivera y Sorto, antes de ser asesinados, enfáticamente les recriminaban su oposición a los proyectos de minería metálica; el tercero es que entre las personas detenidas se encuentran ex trabajadores y simpatizantes de la transnacional minera canadiense Pacific Rim; y el cuarto es la consignación, en una resolución del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque (en el juicio contra Óscar Menjívar por el intento de asesinar a Ramiro Rivera), de que las confrontación en Trinidad es resultado de las opiniones encontradas sobre la minería metálica.
2.El segundo es el intento de la Fiscalía y la Policía de dar por concluidas las investigaciones del caso, afirmando que entre los capturados ya se encuentran todos los responsables intelectuales y ejecutores materiales de los repudiables asesinatos. Aquí hay varias omisiones sospechosas de Delgado y Coto, que no deben pasarse por alto. Una de las principales es la falta de líneas de investigación sobre la procedencia de las fuertes sumas de dinero con que se pagaron las acciones de sicariato, lo cual incluiría indagar las cuentas bancarias y transferencias financieras de reconocidos personeros de Pacific Rim en el país; otra es la no captura de Óscar Menjívar, a pesar de que las mismas autoridades lo relacionan con los crímenes (recordemos que Menjívar es un ex promotor minero y un matón a sueldo de Pacific Rim, poseedor de un grave historial de violencia criminal contra activistas anti mineros); y la ausencia de reportes balísticos y otras pruebas científicas, en un caso sostenido en un sólo testigo criteriado.
3. Y el tercero es el hecho de que las capturas se refieren únicamente al caso de los asesinatos de los opositores a Pacific Rim en Trinidad, y no a todos los crímenes contra los ambientalistas de Cabañas. Sobre las amenazas de muerte contra los periodistas de Radio Victoria y el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla, aún no se efectúan detención alguna. Tampoco se registran nuevas capturas en el caso de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Marcelo Rivera, perpetrado hace más de un año y por el que sólo han sido detenidos algunos posibles autores materiales. De igual forma, casos como las amenazas de muerte e intentos de asesinato contra Neftalí Ruiz y Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas, no han sido investigados por la Fiscalía y Policía.
Antes esto, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reitera, a la Fiscalía General de la República, a la Policía Nacional Civil y al Sistema Judicial, su demanda de identificar, enjuiciar y condenar a todos los autores intelectuales y materiales de todos los asesinatos, atentados y amenazas de muerte contra ambientalistas opositores a los proyectos de la minera Pacific Rim en Cabañas. Para lo cual les recuerda el mandato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que les ordena una investigación “integral, profunda y exhaustiva” de los referidos crímenes. Al mismo tiempo insiste en su propuesta de aprobar una ley que prohíba la minería metálica, necesaria para evitar una mayor confrontación social y evitar que otras compañías mineras demanden al Estado salvadoreño, como ya lo hacen Pacific Rim y Commerce Group.
MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA
San Salvador, 13 de julio de 2010.
