El candidato a la presidencia por el partido FMLN Salvador Sánchez Cerén se comprometió públicamente con las ambientalistas y la población de Cabañas a no permitir la actividad de la industria minera en el país, durante su gira electoral por la zona Paracentral este fin de semana pasado.
Fuente: Contrapunto
El compromiso del aspirante de izquierda es simbólico por la importancia que represento haberlo hecho en el municipio donde la comunidad ha resistido férreamente contra la explotación de la minera metálica que ha cobrado la vida de 5 activistas ambientales.
“La amenaza de la extracción metálica es una amenaza de la vida. Se va a destruir nuestras vidas”, fueron parte de las palabras del postulante presidencial Salvador Sánchez Cerén a la militancia y público que se dio cita al evento desarrollado en la ciudad de San Isidro, Cabañas.
Las reacciones al compromiso no se hicieron esperar
“Primero la mesa tiene una lucha desde hace varios años porque se proteja el medio ambiente contra la destrucción que ocasionan las empresas mineras, por ello celebramos que la fórmula presidencial del FMLN se haya comprometido públicamente, y esperamos que el compromiso que mantuvo el gobierno de Mauricio Funes, se impulse la aprobación de una ley que prohíba la exploración y explotación minera. Lo que queremos como mesa en este nuevo gobierno es que se legisle en relación a prohibir la exploración y explotación minera en El Salvador y, con ello evitar nuevas demandas que pueden significar erogación de recursos para pagar condenas por mantener una legislación a favor de la destrucción del medio ambiente”, señalo Marcos Gálvez, representante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El compromiso del Ejecutivo sin ley que la respalde
El actual gobierno a cargo del Presidente Mauricio Funes firmó una carta compromiso que está en desacuerdo con la actividad minera metálica cuando fue su campaña electoral en el 2009, esta promesa electoral no ha trascendido desde ese periodo, hasta traducirse en una legislación que garantice la negativa total de la explotación, debido a que en la presente legislatura no existe correlación de fuerzas partidaria que provoque que la balanza se incline a favor de la prohibición.
A pesar que desde hace 8 años han existido demandas sociales como las expresadas por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador, que ha presentado en dos ocasiones (2006 y 2013) propuestas de ley al respecto, las cuales se mantienes archivadas en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, acumulando polvo ante la falta de voluntad política por parte de las fracciones de derecha en no querer estudiar y discutir ambas propuestas de ley.
El Ejecutivo solo propuso una ley de suspensión de procesos administrativos para la exploración y explotación minera, que significa que no otorgarán permisos a las empresas mineras, mientras no se generan las condiciones en el país, que aseguren que su actividad no provocará perjuicios sociales y ambientales como ha pasado en otros países como Guatemala y Honduras, donde las comunidades han sufrido contaminación de sus fuentes de agua y daños a la salud.
