“Nosotros estamos analizando como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de que la ley de prohibición debe tener una relación del artículo 8 de la Constitución de la República, que mandata prohibiciones expresas, y si existe una ley… no tienen razón para estar en el país”, explicó Saúl Baños de FESPAD.
Fuente: CoLatino
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Las diversas organizaciones que aglutina la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, lamentaron que luego que la Fiscalía General de la República informara sobre el pago de los ocho millones de dólares, de Oceana Gold al Estado salvadoreño, con ocho meses de retraso por pago de costas procesales que le impuso el Centro de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el 14 de octubre de 2016, la empresa minera aún se niega a salir del país.
“Queremos ser enfáticos, y el Fiscal (Douglas Meléndez Ruiz) debería desmarcarse de las declaraciones de la empresa Minerales Torogoz que vertió en un comunicado donde afirma –que hubo una negociación entre Oceana Gold y la Fiscalía- y debemos recordar que un litigio que llevó más de siete años, donde hubo mucha confrontación y la empresa se negó a conciliar en su momento. Y que ahora venga a decir que negoció con la Fiscalía me parece irresponsable de la empresa, pero también el Fiscal debe aclarar estas valoraciones”, señaló Baños.
Vidalina Morales, de CRIPDES, expresó su preocupación por la permanencia de la Fundación El Dorado, cuando ya no tiene su patrocinio directo que es Oceana Gold, que se dedica a la explotación de los metales preciosos.
“Para nosotros es una burla total que ellos continúen en nuestras comunidades y nos preocupa más, porque se acercan las contiendas electorales y como habitantes del departamento de Cabañas, podemos dar fe, de cómo la empresa se ha comportado esa empresa en los procesos electorales pasados, además ese municipio tuvo el impacto directo de la muerte de nuestros ambientalistas que aún no se ha aclarado a sus autores materiales e intelectuales”, agregó.
Sobre la decisión de Oceana Gold expresa en el comunicado de convertirse en una empresa dedicada a mejorar proyectos de agricultura en la zona, Sandra Ascencio, de JPIC, consideró que era difícil pensar en cambios.
“Su insistencia a quedarse nos hace dudar y creemos que solo están esperando un cambio en la correlación de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, para buscar una reforma o derogatoria total de la ley que prohíbe la minería. Necesitamos que el Ministerio de Economía y de Medio Ambiente reaccionen y definan un reglamento que operativice la ley contra la minería, para que insistitucionalizando el nuevo marco jurídico podamos estar protegidos en totalidad”, puntualizó.
