La capital azuaya acoge a decenas de indígenas y campesinos de varias provincias del país en Encuentro Internacional por el Agua y Pachamama. Este evento fue organizado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y la Ecuarunari para conocer la posición de los candidatos frente al tema de la minería.
Fuente: El Comercio
La cita se desarrolla este viernes 3 de febrero del 2017 en el Salón de la Ciudad y reúne a líderes de pueblos de Cañar, Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. En las tres últimas provincias mencionadas están asentados los cinco proyectos mineros a gran escala, considerados estratégicos por este Gobierno.
También asisten líderes indígenas que dirigen procesos de resistencia anti-minería en los países de Perú, Bolivia, Colombia y Uruguay. En la mañana se cumplió una jornada de conferencias con estos líderes donde intercambiaron experiencias sobre los procesos de lucha y resistencia que viven en sus territorios.
Janeth Suárez relató sobre los 15 meses de lucha y resistencia del pueblo Piojó de Colombia contra el extractivismo. “Vivimos duros conflictos por la minería. Hemos sido desplazados y perseguidos… pero con estas luchas logramos detener un proyecto en la zona que traerá contaminación de la naturaleza”, dijo. Cristóbal Huaca mencionó que en su país, Bolivia, hay territorios muy afectados por la extracción minera. “Se han secado cuencas hídricas y contaminado el suelo.
Estamos esperando hasta el 2019 que llegará el cambio de Presidente, para comprometer a los candidatos no se permita la minería en los páramos. La no minería en los páramos y fuentes de agua consta en el Pacto Ético, como uno de los planteamientos de las organizaciones indígenas y campesinos participantes, a los candidatos a la presidencia de la República, que fueron invitados para cerrar la jornada a las 17:00.
Según el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, todos fueron invitados y quienes no asistan asumirán que están de acuerdo con la mega-minería y que, de ser favorecidos por el voto popular, avanzarán con la política extractivista de este Gobierno. “Es una forma de obligarlos a conocer la posición que tienen”, dijo Quishpe.
