A partir de un testigo clave, los asambleístas de Jáchal exigen a la justicia de San Juan reabrir la investigación sobre el derrame de cianuro ocurrido en la mina de oro de Barrick Gold en Veladero, en septiembre de 2015, ya que un ex gerente de la empresa denunció haber sido despedido luego de advertir sobre los riesgos ambientales del proyecto.
Ver también:
Fuente: Mendoza On Line
“El juez Oritja no permitió ni a los vecinos ni a la Asamblea ser querellantes en la causa, está en sus manos reabrir la investigación y tomar declaración de Ramán Autar, , quien en marzo de 2015 presentó un informe que demostró que Veladero era un proyecto a bajo costo”, dijo a Télam Marcelo Arancibia, abogado representante de los asambleístas de Jáchal No Se Toca.
Ramán Autar aseguró haber trabajado como gerente global de mantenimiento de la minera canadiense entre enero de 2013 y marzo de 2014; según consta en la demanda que presentó ante la Corte Suprema de Ontario, fue despedido luego de visitar Veladero e informar sobre el mal estado de la planta, los inaceptables niveles de polvo y el incumplimiento de las normas de seguridad.
“Es absolutamente falso que los trabajos de Raman Autar tuvieran alguna conexión con los incidentes en el Valle de Lixiviación de Veladero, ni es cierto que los haya anticipado a la compañía”, dice un comunicado oficial de la Barrick.
La minera afirmó que “su despido no tuvo nada que ver con el planteo de preocupaciones acerca de la operación en Veladero”.
“Autar nunca fue empleado de Barrick Argentina”, sostiene.
La demanda de Autar contra Barrick, presentada en marzo de 2015, fue publicada por el diario canadiense National Observer.
Respecto a la imputación de nueve operarios realizada por el juez Oritja, el abogado de los asambleístas afirmó que “la denuncia de Autar comprueba que el derrame de septiembre de 2015 no se debió a la negligencia de un trabajador ni a que el frío congeló la válvula”.
En la causa, la empresa alegó que un empleado “no se dio cuenta que la compuerta de contención estaba abierta”, agregó el abogado.
La imputación a los operarios fue apelada, y el expediente está ahora en la cámara de apelaciones provincial; mientras tanto, la investigación sobre los efectos contaminantes del derrame fue cerrada.
“El juez dictaminó que no hubo contaminación e imputó a nueve operarios que no tiene capacidad de dirección, pero no investiga a los empresarios ni a los funcionarios que deberían haber controlado a la empresa”, afirmó Arancibia.
Y concluyó: “El caso Autar pone fin al slogan de minería responsable de la Barrick y al de minería controlada del gobierno provincial, los funcionarios tendrían que haber visto lo que vio Autar”.
