Procuraduría presentó ante la Corte Distrital de La Haya en los Países Bajos una demanda de anulación de la sentencia en el arbitraje planteado por Copper Mesa Minnig Corporation en contra del Ecuador, informó el organismo, a través de un comunicado, hoy 23 de junio del 2016.
En el laudo -que se emitió el 15 de marzo pasado- se determinó un pago de USD 19 millones a favor de la compañía minera canadiense por la terminación de las concesiones mineras de Junín (Intag), Chaucha y Telimbela, en años pasados. En la sentencia del arbitraje se estableció la responsabilidad de Ecuador por una supuesta violación del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Canadá, al haber incurrido en una expropiación indirecta de las inversiones de Copper Mesa y no haberle otorgado trato justo y equitativo con relación a las concesiones mineras de Junín y Chaucha.
Según un comunicado de la Procuraduría, oportunamente el Estado ecuatoriano presentó sus objeciones a la jurisdicción del Tribunal, debido a que no se trataba de una inversión protegida por el TBI suscrito con Canadá, pues la empresa no había operado de conformidad con la ley ecuatoriana.
“A pesar de que se probaron las actuaciones ilícitas de la compañía y su personal, el Tribunal estableció equivocadamente que el requisito de cumplimiento de la ley se refiere únicamente al momento en que se hizo la inversión y no a su operación posterior; y, como consecuencia, estableció que se trataba de una inversión amparada en el TBI.”
El Tribunal, sin embargo, aceptó el argumento de la defensa del Estado en cuanto a que la compañía también es responsable por el daño sufrido, por lo que redujo el monto inicial reclamado por la minera canadiense, de USD 69,7 millones a USD 19 millones. Para la defensa del Estado, hay los argumentos necesarios para anular completamente ese laudo.
“El pedido de anulación se fundamenta principalmente en la falta de jurisdicción del Tribunal Arbitral para conocer y resolver la demanda de Copper Mesa, por tratarse de una inversión no protegida por el TBI al estar viciada de ilegalidad, ya que conforme lo indica el propio Tribunal en su laudo, los ejecutivos de la minera en Quito dirigieron hechos violentos, en violación de la normativa penal ecuatoriana”.
La Procuraduría señala que se impugnó el laudo, además, por ser contrario al orden público. “Es inaceptable que a pesar de las diversas ilegalidades perpetradas por parte del inversionista, que fueron debidamente probadas dentro del arbitraje y reconocidas por el Tribunal, el laudo concluya que el Ecuador ha violado el TBI con Canadá”. La demanda de Cooper Mesa se presentó el 21 de enero del 2011.
