Ecuador,09/01/08. Organizaciones sociales ecuatorianos solicitan a la Asamblea Constituyente que sesiona en Ecuador “que no de paso a la minería de gran escala en el Ecuador y definir, conjuntamente con la sociedad, especialmente con las comunidades afectadas, un modelo de desarrollo sustentado en la conservación de nuestros recursos naturales y en el respeto a las comunidades que los custodian.”
Carta abierta a la Asamblea Nacional Constituyente y a la ciudadanía ecuatoriana
Como legítimos representantes de pueblos y organizaciones indígenas,
afroecuatorianas, campesinas, de derechos humanos, productivas,
ambientalistas y sociales, hacemos llegar a las y los Asambleístas nuestra profunda preocupación por la agenda minera que un pequeño grupo de poder transnacional pretende imponer en nuestro país.
Debido a un modelo de vida urbano e industrial, paradigma de ³progreso²,basado en el saqueo de la naturaleza, se han desmantelado y están en riesgo formas de vida rural en las que radica la soberanía alimentaria de los pueblos. Para organismos internacionales como las Naciones Unidas, la minería a gran escala, es responsable de pasivos ambientales de gran magnitud. Es la industria más voraz y contaminante del planeta, ha generado importantes externalidades sociales, culturales y ambientales, muchas de las cuales han implicado la pérdida irreversible de recursos estratégicos para la humanidad como el agua, los bosques y las tierras agrícolas.
No es posible que Ecuador, un pequeño, pluricultural y megadiverso país, lleno de oportunidades sustentables como la agricultura, el ecoturismo, fuentes de energía alternativa, continúe siendo devastado por este cuestionable paradigma de desarrollo. La extracción y venta de materias primas nos ha colocado en un círculo de inequidad social, intercambio desigual, dependencia tecnológica, endeudamiento, empobrecimiento, despojo de territorios, desmantelamiento de culturas y pueblos, y la profundización del deterioro ambiental y el calentamiento global.
En el afán de desarrollar la actividad minera, varias empresas y sus
representantes han perpetrado una serie de violaciones a los derechos
humanos de las poblaciones locales que han ejercido su derecho de
precautelar la naturaleza, sus espacios vitales, la soberanía alimentaria y sus propios proyectos de ³desarrollo². Hombres y mujeres campesinas han sido y continúan siendo víctimas de juicios por delitos comunes forjados, acusados de terrorismo y sabotaje, sufren amenazas de muerte, persecución, agresión física, encarcelamiento.
La intervención minera no sólo ha significado atropellos contra las
personas, sino también agresiones a las comunidades y a sus organizaciones, como el ingreso violento de grupos armados, pérdida de tierra, superposición de organizaciones paralelas a las legítimamente constituidas, implantación de la cultura asistencialista y una serie de conflictos sociales de tal magnitud que, como se refirió alguna vez el Presidente Correa, han llevado a algunas comunidades al ³borde de una guerra civil².
El Ecuador no presenta condiciones físicas ni sociales para la gran minería. Por estos motivos, hacemos un llamado a la Asamblea Constituyente para que no de paso a la minería de gran escala en el Ecuador. Solicitamos a la Asamblea Constituyente definir, conjuntamente con la sociedad, especialmente con las comunidades afectadas, un modelo de desarrollo sustentado en la conservación de nuestros recursos naturales y en el respeto a las comunidades que los custodian.
Solicitamos que la Asamblea considere que las concesiones minera deben ser revertidas al Estado, ya que son una forma perversa de acaparamiento y expansión territorial en extensas zonas de bosques y fuentes de agua, áreas naturales, tierras agrícolas y territorios ancestrales, que benefician a los actores empresariales en detrimento de nuestros pueblos campesinos, indígenas y afroecuatorianos.
Finalmente, solicitamos que la Asamblea Constituyente se pronuncie por la amnistía de los hombres y mujeres que han sido criminalizados en el contexto de defensa del ambiente y sus derechos.
Atentamente,
COORDINADORA ZONAL DE INTAG – ASAMBLEA DE UNIDAD CANTONAL DE COTACACHI
UNION DE ORGANIZACIONES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE COTACACHI (UNORCAC)
FEDERACIÓN INDÍGENA CAMPESINA DE IMBABURA (FICI)
CONFEDERACIÓN COMARCA AFROECUATORIANA DEL NORTE DE ESMERALDAS, COMUNA RÍO SANTINAGO CAYAPAS (CRSC)
FEDERACIÓN DEL PUEBLO CHACHI
FEDERACIÓN DEL PUEBLO EPERA, DEFENSA Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA DE INTAG (DECOIN)
ACCIÓN ECOLÓGICA
COMISIÓN ECUMÉNICA DE DERCHOS HUMANOS (CEDHU)
SERVICIO PAZ Y JUSTICIA (SERPAJ)
CEDES
INREDH
ANA
CEDENMA
REPRESENTANTES DE LAS ORGANICACIONES DE LA PROVINCIA DEL ORO: UROCAL PTO BOLIVAR PASAJE PIÑAS
FUNDACIÓN ECOHUMABRAL
POLO DEMOCRÁTICO
FUNDACION ALTROPICO
REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DEL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA
RED DE BOSQUES
Consejo de Desarrollo de las COMUNIDADES DE GARCÍA MORENO DE COTACACHI
ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES RÍO INTAG
FRENTE DE RESISTENCIA SUR CONTRA LA MINERÍA A GRAN ESCALA
COORDINADORA NACIONAL POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y LA SOBERANÍA
UNIÓN DE SISTEMAS DE AGUA DEL AZUAY
