El Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), rehuyó participar en un foro sobre el proyecto minero Crucitas, para extraer oro a cielo abierto, organizado por la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (ULACIT).
Fuente: diario El Pais
27/03/2010. Durante la tarde del día Jueves 25 de marzo, la Facultad de Derecho de la ULACIT realizó en sus instalaciones en Barrio Tournón el foro público “Minería en Las Crucitas”, Moderada por el profesor de derecho internacional público, M.Sc Ronald Alpízar Sartí, de dicha casa de estudios.
El foro reunió a la M. Sc. Yamileth Astorga Espeleta, coordinadora de PROGAI-CICA, de la UCR, al abogado M.Sc. Álvaro Sagot Rodríguez , académico de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (UNA), al Dr. Allan Astorga Gattgens, geólogo y consultor internacional en evaluación internacional y gestión ambiental integral, y al Dr. Nicolás Boeglin, miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CEL) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
En sus intervenciones, los especialistas advirtieron de los serios riesgos que representa para el país este proyecto minero, y de la serie de irregularidades de todo tipo que se dieron durante su tramitación ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
El geólogo Allan Astorga enfocó el tema de las consecuencias ambientales de la minería, que es “altamente impactante al ambiente, pues la cobertura rocosa y la boscosa de flora y fauna, se eliminan irreversiblemente”. Indicó además que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado se limita a analizar el impacto en el área del proyecto, pero no en el contexto de la microcuenca del Río Infiernillo, que tiene relación directa con el Río San Juan”.
El especialista aseveró que “Crucitas es la punta de lanza detrás de la cual se prepara un gran proyecto de explotación minera en la zona norte de Costa Rica”, que también podría darse en otras zonas del país con potencial aurífero.
Dichos sitios con potencial minero coinciden con remanentes de bosques primarios. Astorga también se refirió a la propuesta del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) de un nuevo Código de Minería. “El actual, que es de 1982, tiene muchas deficiencias, pero la nueva propuesta es aún más problemática, y parece haber sido elaborada para precisamente evitar los problemas que ha tenido que enfrentar la empresa minera en Crucitas”.
Por su parte, Yamileth Astorga recordó que una ampliación al EIA presentada en el 2007 y que ampliaba la profundidad de excavación de 10 m a 67 m, “fue aprobada en el tiempo récord de ocho semanas”.
Recordó que esta nueva reformulación del proyecto minero implica el uso de explosivos para remover miles de toneladas de material (1 tonelada para la obtención de 1, 21 gramos de oro aproximadamente) que luego será filtrado con cianuro, un elemento químico venenoso para toda forma de vida orgánica.
Aseguró que durante la vista celebrada en Noviembre del 2009, fue evidente que no existe ningún estudio sobre el impacto que tendrá sobre la biodiversidad el uso de estos explosivos, y que se subestimó el efecto del cianuro a largo plazo.
Enfatizo al advertir que mientras el cierre de un relleno sanitario en Costa Rica exige un lapso de tiempo de 15 años, para este proyecto, SETENA admitió un cierre técnico de menos de 18 meses.
Además, coincidió con Allan Astorga en subrayar lo problemático de la cercanía del proyecto con el Río San Juan. Ello en razón de la red hídrica sumamente densa, el alto índice de precipitaciones, y la falta de estudios sobre el impacto real a los acuíferos subyacentes.
Por su parte, el abogado Álvaro Sagot arremetió contra del MINAET, invitado por los organizadores a participar a dicho evento, entidad que ha dejado de participar a foros en recintos universitarios de manera repetida y sistemática, “lo cual es muy preocupante, tratándose de una entidad que debe en buena teoría dar la cara”.
Sagot refirió al auditorio, compuesto por un centenar de personas, estudiantes, periodistas y miembros de ONG en su mayoría, al decreto ejecutivo que declara de Conveniencia Nacional el Proyecto Minero de Crucitas, publicado el 17 de octubre del 2008 en la Gaceta Oficial.
Entre otros elementos, destacó el hecho de que éste se sustentó “en posibles e indefinidas situaciones de ingresos para el Estado”, utilizando expresiones tales como “se estima que., la mina proporcionará., se crearán empleos…” sin mayor seguridad.
Aseveró que durante la vista en noviembre pasado, tanto la empresa como el MINAET y la misma SETENA fueron incapaces de señalar a los magistrados el folio en el que se encuentra el estudio de costos/beneficios” a partir del cual se pretende declarar de conveniencia nacional este proyeco.
“Entregamos todo por nada, ni siquiera el mismo gobierno tiene claros los posibles beneficios”, aseveró.
Por su parte, Nicolás Boeglin, especialista en derecho internacional, advirtió sobre la alta vulnerabilidad de la zona de Crucitas y el posible conflicto que pueda ocasionar con Nicaragua una contaminación del fronterizo río San Juan, o, igualmente grave, el acuífero regional subyacente a la zona.
En este sentido, señaló que hay una gran falta de información del lado de Costa Rica sobre las conexiones de los acuíferos locales con este acuífero regional, sobre los linderos de dicho acuífero, de ambos lados de la frontera.
Recordó que “hoy en día, los acuíferos constituyen una reserva estratégica de agua para los dos países, de cara a los problemas de agua que podrían darse en los próximos decenios”.
En ese sentido, dijo que “hay señales y advertencias claras hechas por Nicaragua, de manera oficial, o por vía de su Embajador en declaraciones ante la prensa, o mediante referencias claras a Crucitas en las exposiciones orales de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en marzo del 2009, sobre la profunda preocupación que genera este proyecto para la calidad de las aguas del río San Juan”.
Explicó que el segundo proyecto presentado por la empresa Infinito Gold en diciembre del 2007 multiplica por 6 la profundidad de extracción, por dos el volumen extraído, sin que la SETENA haya exigido un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, y “sin que se sepa a ciencia cierta cual serán las consecuencias para la cuenca del Río San Juan y el acuífero regional que comparten Nicaragua y Costa Rica en esta zona”.
En sus intervenciones, los participantes se refirieron a la amenaza de arbitraje que la empresa ha externado en algunos medios en caso de no obtener una sentencia satisfactoria de la Sala IV.
A ello se refirió recientemente el Ministro del Ambiente Jorge Rodríguez al publicar que “Costa Rica esta a la puerta de una demanda” (1). Varios de ellos recordaron que esto no es nada nuevo, y que la empresa canadiense Vanessa Ventures había amenazado en el 2003 a Costa Rica con un arbitraje internacional si no obtenía la viabilidad ambiental en Crucitas, y había presentado una demanda en ese sentido en el 2003.
En una carta fechada con el 3 de octubre del 2005 que se proyectó ante el auditorio, la empresa “retira la demanda que tenía ante el CIADI, del Banco Mundial, y se refiere textualmente a negociaciones en curso con el Gobierno de Costa Rica, indicando que se muestra relativamente optimista sobre el resultado de estas”.
“No sabemos a qué tipo de negociaciones se refiere esta carta” han sido las respuestas de los entonces jerarcas del MINAE, Carlos Manuel Rodríguez y del COMEX, Manuel González Sáenz, consultados al respecto, ni “qué se negoció” afirmaron los expositores, “nadie sabe nada”.
Sin embargo estas cartas – reproducidas al final de este articulo – ameritan una investigación más profunda debido a que el “optimismo” al que se refiere la empresa “tenia algún tipo de fundamento: el 12 de diciembre del 2005, es decir 2 meses después de suscritas, SETENA le aprobaba la viabilidad ambiental” afirmaron los expertos.
Los participantes lamentaron nuevamente que las autoridades públicas invitadas (MÍNAET) se hayan negado a venir a debatir públicamente a este foro, “lo cual es una señal sumamente preocupante, sobre todo viniendo de autoridades que en teoría deben velar por la debida aplicación de la ley y de la tutela del ambiente”.
“Los argumentos técnicos para declarar de conveniencia nacional semejante proyecto al parecer no cuentan con la solidez suficiente como para ser debatidos y defendidos públicamente en un recinto universitario”, recalcó a modo de conclusión uno de los participantes.
(1)Articulo del actual titular de MINAET, “Un problema se resuelve, no se pospone” (La Extra, 26 de enero del 2010).
