San José, 12 ene (elpais.cr) – El Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), ordenó el embargo de 600 mil dólares, depositados por la transnacional canadiense Infinito Gold como garantía ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), para hacer frente a las costas del juicio perdido en noviembre del 2010.
El abogado ambientalista Álvaro Sagot informó a este medio que en la solicitud de medidas precautorias, como parte de los trámites para la ejecución de la sentencia, un juez de los Contencioso Administrativo no acogió todas las peticiones presentadas en diciembre.
Sagot dijo, vía telefónica, que el juez rechazó la propuesta de que una comisión de profesionales fuera nombrada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), para hacer las valoraciones de la destrucción ambiental en Crucitas.
Infinito Gold perdió ante el TCA el juicio para seguir adelante con el proyecto de construir una mina de oro a cielo abierto en Crucitas, San Carlos, provincia de Alajuela, a unos tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.
La sentencia fue ratificada por la Sala Primera, por voto unánime de magistrados y magistradas, como última instancia legal en Costa Rica, donde se demostró la ilegalidad en el otorgamiento de permisos, así como de un decreto del ex presidente Oscar Arias Sánchez, que declaraba el proyecto de “interés público y conveniencia nacional”.
Sagot anunció que como “no tenemos dinero para contratar una empresa o un equipo de profesionales para valorar el daño ambiental, causado por la minera, estamos buscando llegar a un acuerdo con alguna empresa especializada, o con varios profesionales”.
“El Juez decidió que nuestra parte haga los estudios de valoración; además, ya ha notificado al Gobierno, a la Setena, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y a la Procuraduría General de la República, así como a la empresa minera y a la Asociación de Empleados de Crucitas”, añadió.
No se descarta que la empresa haga su propio estudio, ni tampoco que impugne la resolución del juez ejecutor de la sentencia, del TCA.
Los peritos, aprobados por el Juez, deberán valorar los costos de los daños al ambiente por contaminación y tala, al paisaje, la recuperación del bosque, entre otros, anotó Sagot.
Para Sagot, lo más importante es que sea la empresa la que pague todas las costas, tanto legales como por daños ambientales, “porque ha sido la causante del problema”.
“El Estado costarricense no debe pagar parte de las costas porque, entonces, se usaría dinero de los contribuyentes. No queremos eso”, insistió.
Recordó que los ambientalistas han rechazado que sean expertos de entidades gubernamentales quienes realicen esos estudios, ya que el Sinac, la Setena y el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), tomaron parte activa en la defensa del proyecto minero de la transnacional canadiense.
Entre los costos del proceso judicial, conocido como Crucitas, los abogados calculan los honorarios en alrededor de cien millones de colones, que de prosperar serían pagados con el dinero depositado en Setena como garantía, por parte de la empresa, de que su proyecto no causaría daño ambiental.
