Cinco comunidades de la provincia Nor Lípez (suroeste) del departamento de Potosí podrían ser afectadas por la extracción de 50 mil metros cúbicos día (MCD) de las reservas de agua de la región que son usadas para el procesamiento de minerales de la empresa San Cristóbal.
Fuentes: diarios La Razón, Pulso y Andrés Soliz Rada
30/03/2010.Los impactos de las actividades de la empresa minera San Cristóbal en el medio ambiente fueron presentados en diciembre en el estudio “Minando el Agua”. El documento elaborado por el hidrogeólogo Robert Moran fue financiado por el municipio de Colcha K, el Centro de Estudios Superiores Universitarios de la UMSS (CESU) y el Fondo de Becas Verdes Globales de Estados Unidos.
“Según el estudio de impacto ambiental, de cuatro a cinco comunidades de esa región (Nor Lípez) podrían ser afectadas por esta explotación”, afirmó a La Razón el investigador del CESU, Carlos Crespo.
De acuerdo con datos del estudio ambiental, San Cristóbal extraía (en diciembre) entre 42.000 y 50.000 MCD de aguas subterráneas para aprovisionar su industria; niveles de extracción que podrían incrementarse hasta la finalización de las actividades de la mina. “Hoy estarían explotando hasta 50 mil MCD”, resaltó el investigador del CESU, a tiempo de agregar que “la preocupación que tenemos es por el grave impacto que puede producir sobre el ecosistema”.
Las posibles poblaciones afectadas por la extracción de aguas son: San Cristóbal, Kulpina K y Vila Vila, entre otras. La firma MSC, propietaria de la mina, trasladó a algunos pobladores “directamente afectados por sus actividades” a otras regiones o “ha hecho otro tipo de compensaciones”, dijo Crespo.
El agua de la superficie, explicó, está interconectada mediante filtraciones con aguas subterráneas. De continuar con el bombeo de estas aguas, se corre el peligro de secar el agua superficial dejando sin este recurso a los pobladores que se dedican a la producción agropecuaria y agrícola. “Varias fuentes del entorno a la concesión -ojos de agua- ya desaparecieron”, dijo el investigador. El pasado 9 de marzo, el dirigente de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud, Samuel Llanque, aseguró en conferencia de prensa en Cochabamba que “la contaminación” de las actividades de la mina afectan a al menos 1.000 familias de las comunidades que viven en el área de influencia de San Cristóbal.
La mina de explotación a cielo abierto es uno de los yacimientos de zinc, plomo y plata más grandes del mundo. Está ubicada en la provincia Nor Lípez del departamento de Potosí, a 500 km al sur de La Paz y a 90 km al sudoeste de Uyuni. El informe señala que “los organismos responsables de los datos de control y seguimiento de San Cristóbal y otras empresas no cuentan con el personal ni los recursos adecuados para llevar a cabo una revisión técnica adecuada de los informes presentados durante la fase de operación y menos aún para obtener datos propios de campo e interpretarlos”.
Hasta el cierre de esta edición, este medio intentó comunicarse con el ministro de Minería, José Pimentel, pero la autoridad se encontraba en una reunión. Hoy podría pronunciarse sobre el tema.
Estado no exige pago por el agua
Concesión
Las leyes bolivianas sobre minería y uso de aguas son extremadamente débiles, lo cual alienta a las compañías mineras a expropiar toda el área disponible en las regiones de concesión, dice el estudio.
Importe
El informe señala que a las compañías mineras no se les exige pagar por ninguna forma de precio de mercado por el agua que usan, lo cual promueve a su vez acumulación de agua escasa en perjuicio de los campesinos, los dueños de ganado, las municipalidades y otros usuarios de este recurso.
EL escandalo de Minera San Cristobal
Por Andrés Soliz Rada (ex ministro de Hidrocarburos, 2006)
El Ministro de Minería, José Pimentel, reveló que la empresa minera “San Cristóbal” (MSC), genera ganancias por mil millones de dólares al año y tributa 35 millones. (” La Razón “, 17-03-10). Utiliza 50.000 metros cúbicos de agua por día. MSC está en la casi desértica provincia Nor Lípez de Potosí. Los 35 millones no cubren el costo del agua para uso doméstico en el cercano norte de Chile y mucho menos para uso industrial.
Por tanto, la tributación de MSC se reduce a cero, ya que no paga por el agua que utiliza. MSC es uno de los yacimientos de plata, zinc y plomo más grandes del mundo. Comenzó a ser explotado en julio de 2007, en el gobierno de Evo Morales. Es una mina a tajo abierto, es decir se usaron explosivos para abrir boquetes de 1.5 a 2 kilómetros de diámetro y 300 metros de profundidad.
En zonas áridas y desérticas, el agua es el recurso más valioso. En 20 años de contrato, lapso en el que se agotarán las reservas, MSC extraerá 240 millones de toneladas de mineral, mediante el uso de 292 millones de metros cúbicos de agua. Sólo el 18 % de esa agua es reciclada. La reposición de las aguas fósiles (depositadas hace 10.000 años) tardará seis décadas, desde que cese el bombeo, dice Jorge Molina. La contaminación ácida de aguas superficiales y subterráneas arrastra aluminio, arsénico, cadmio, cobalto, cobre, hierro, manganeso, níquel antimonio y zinc. Provoca sequía en fuentes y bojedales, además de la muerte de flamencos, pájaros y otras aves, advierte Robert E. Moran. MSC no quiso entregar a este experto, contratado por entidades campesinas de la zona, datos sobre el agua que consume. Recibió, en cambio, simulaciones computarizadas de ojos de agua que serán canalizados a futuro. MSC monitorea sus datos. La fiscalización estatal es inexistente.
Evo visitó MSC en 06-09. Indicó que se sentía feliz de lo que veía (Iturralde, 2009:1). Anotó que “Bolivia respeta a las empresas extranjeras y dijo estar sorprendido por el trabajo que realiza la empresa…”. Dio todas las garantías en temas de seguridad jurídica. (EFE, 26-06-09). Dos meses antes, El 22-04-09, la ONU declaró a Evo “Héroe y Defensor de la Madre Tierra “, por promover el “Día Mundial de Defensa de la Tierra “. El 22-03-10, recomendó que “el agua sea parte del derecho humano de los pueblos”. Gracias a su iniciativa, ahora existe el “Día Internacional del Agua”. Ha convocado en Cochabamba a la “Conferencia Mundial de los Derechos de la Madre Tierra “, para abril próximo.
El contrato con MSC se firmó con Appex Silver, compañía registrada en las Islas Caimán. Su inversionista institucional fue George Soros. La “Soros Found Management” financia la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), para la que trabajó Juan Ramón Quintana, antes de ser el ministro más influyente de Evo. Otra ONG de Soros, “Open Society”, busca despenalizar la hoja de coca. En enero de 2009, la japonesa Sumitomo compró a la Appex su paquete accionario. La representante de la ONU en La Paz , Yoriko Yasukawa (nacida en Japón), dijo que, “en varios aspectos, Bolivia ya ejerce el liderazgo internacional en defensa del medio ambiente” ( La Prensa , 23-04-09).
Pimentel indicó que no fue posible aprobar un impuesto a las utilidades mineras, ya que, si ello sucede, las empresas declaran pérdidas, como aconteció en gestión pasada. Explicó que si se aumenta la tributación se perjudicará a las cooperativas, ya que los impuestos deben ser universales (” La Razón “, 17-03-10), como si no fuera posible incluir un artículo que separare a cooperativas de compañías que ganan mil millones de dólares al año y tributan, según el Ministro, 35 millones, además de recibir elevadas subvenciones por el agua, mientras destruyen el medio ambiente.
Peligro para el equilibrio biológico del sur potosino
Por Gonzalo Jordán Lora / Pulso
El uso colosal de aguas subterráneas en los procesos extractivos del mayor centro minero del país está provocando filtraciones en acuíferos superficiales. En el largo plazo, este sistema perverso provocará la extinción de los manantiales y bofedales que preservan la vida en la región.
La capacidad creadora de la naturaleza es sorprendente. Piénsese por ejemplo en el sur de Potosí, una de las regiones más áridas del continente, no obstante, allí existen acequias superficiales y bofedales que han logrado conservar y promover la vida de diversos animales y sociedades durante cientos de años. En aquel lugar se han formado lagunas color esmeralda con tintes violeta; aves coloradas (flamencos) que danzan en perfecta sincronía, como exaltando la gracia de la creación; vicuñas y alpacas, cuyos abrigos y agilidad causan envidia entre los pobladores de comunidades milenarias que aprovechan su carne y su lana. Sin embargo, desde hace tres años, este árido pero virtuoso sistema se encuentra en riesgo, como consecuencia de las actividades del hombre moderno, tan destructoras como es de creadora la naturaleza.
Ubicada en la provincia Nor Lípez, a 90 kilómetros del Salar de Uyuni, se encuentra la Mina San Cristóbal, el proyecto minero más grande del país, que empezó sus operaciones en 2007. Robert E. Morán, experto estadounidense en hidrología, señala que este inmenso emprendimiento extrae diariamente alrededor de 50 mil metros cúbicos de aguas subterráneas para aprovisionar sus procesos mineros y otras necesidades. La recarga de los acuíferos a través de la lluvia o de los nevados es casi inexistente, en este sentido, los elevados niveles de extracción, que se calcula continuarán durante 20 años, están drenando los suministros de agua de las poblaciones y fauna locales: “A largo plazo, como consecuencia del bombeo realizado por la mina, varias de las fuentes locales y regionales de agua y bofedales se secarán, lo cuál reducirá también el flujo hacia el Salar de Uyuni (…) Grandes áreas de los acuíferos locales van a ser desabastecidos por varias décadas”.
El negocio de los minerales
La Mina San Cristóbal es una operación a cielo abierto de gran envergadura. A través del puerto de Mejillones, acondicionado especialmente para esta operación, se calcula un tráfico anual de 700 mil toneladas de minerales, entre zinc, plomo y plata. Por sus características, el ingeniero geólogo José Guillermo Tórrez señala que se puede convertir en la tercera mina de plata más grande del planeta y en la quinta de zinc. La semana anterior, según reportó la red Erbol, el ministro de Minería, José Pimentel, reveló que la Empresa minera genera anualmente ganancias de aproximadamente mil millones de dólares, pero que solamente tributa al Estado boliviano $us 35 millones.
Las instalaciones mineras y de procesamiento descansan en el antiguo pueblo de San Cristóbal, fundado en el siglo XVI como un lugar de descanso entre Potosí y el océano Pacífico, de allí su denominación. Si bien la extracción de plata en la región se viene desarrollando desde la Colonia (en las pequeñas minas históricas de Toldos, Ánimas, Tesorera y Jayula), no fue sino hasta finales del siglo XX que se constató la existencia de grandes yacimientos. En 1996, el consorcio norteamericano Apex Silver Mines se adjudicó la explotación de estos yacimientos y creó una subsidiaria boliviana con el nombre de Minera San Cristóbal. Actualmente, la empresa estadounidense continúa a cargo de la administración de la mina, sin embargo, la mayor parte de las acciones son propiedad del consorcio japonés Sumitomo.
Durante más de diez años se tuvo que acondicionar la zona para su explotación. Junto con el cementerio y una iglesia colonial de más de tres siglos de antigüedad, el pueblo íntegro fue traslado. Si bien los hogares del nuevo pueblo cuentan ahora con todos los servicios básicos, Marco Octavio Ribera, biólogo especialista en impactos ambientales, señala que en términos generales la sociedad se ha visto afectada por la ocupación masiva de campos de pastoreo y la pérdida de sitios ceremoniales. “Los tres grandes cerros ocupados por la minera representaban centros ceremoniales de gran importancia para la conservación de la cultura de la comunidad”. Por otra parte, Ribera señala que el valor histórico de la Iglesia también se ha perdido, en tanto ha sido reconstruida con tecnología moderna incapaz de conservar los criterios y valores estéticos de la colonia. Si bien son significativos, los impactos sociales no son tan peligrosos como los ambientales.
El ingeniero Tórrez señala que San Cristóbal ha cumplido con todos los procesos de seguridad industrial, así como los estudios ambientales exigidos en el país, además de normas internacionales. La aplicación de estos criterios efectivamente reduce los impactos ambientales, sin embargo, es casi imposible anularlos. Cualquier actividad minera implica siempre riesgos y genera efectos negativos.
Ribera sostiene que una de las principales vías de contaminación se relaciona con la liberación de sustancias tóxicas y de metales pesados hacia caudales de ríos y arroyos próximos a las zonas de operación. Se ha proyectado que la extracción de la roca promovida durante la vida útil del proyecto generará dos clases de desechos. Aproximadamente 511 millones de toneladas de desecho rocoso con concentraciones muy bajas de metal como para tener valor económico, que serán almacenadas en el mismo sitio.
Si bien suelen ser erróneamente categorizados como estériles, los contaminantes de este deshecho pueden ser liberados en el medio ambiente, ya sea por medio del agua o en polvo.
Por otro lado, están los sedimentos. Cuando el mineral es trasladado del pozo a la planta procesadora se le añade grandes cantidades de agua y de químicos para permitir la extracción de los metales valiosos en forma de concentrado. Los desechos que este proceso genera suelen ser proporcionalmente líquidos y sólidos, con altas concentraciones de elementos minerales (en promedio el 4 por ciento, sulfurosos). Estos elementos ejercen efectos de perturbación en la fertilidad de los suelos, pastizales y cultivos, además de promover el deterioro de la biodiversidad acuática y de los ecosistemas terrestres. El Estudio de Impacto Ambiental de la minera estima que se producirán y depositarán alrededor de 240 millones de toneladas de sedimentos en las lagunas de desechos a lo largo de 20 años.
“Minando el agua: la Mina San Cristóbal”
A pedido de la Comisión de Gestión Integral de Aguas de Bolivia (CGIAB) y de la Federación Regional Única de los Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS) Roberto P. Moran, PhD en hidrología y geoquímica, elaboró un estudio sobre el impacto ambiental de la Mina San Cristóbal en base a los documentos existentes y trabajo de campo.
Por una parte, las conclusiones del investigador subrayan la fragilidad ecológica de la región por la falta de agua, que en un ambiente tan árido debería ser valorado como el bien más valioso. Evaluaciones hidrológicas han constatado que la región recibe anualmente cerca de 150 a 200 milímetros de precipitación pluvial. Por otra parte, las tasas de evaporación fluctúan entre 1300 y 1700 milímetros por año, resultado de la intensa radiación ultravioleta que persiste en la región, con una altura promedio de 4.200 metros. Es decir, que la cantidad evaporada es en promedio ocho veces mayor a la generada, se habla entonces de un déficit agudo del vital elemento. Por tanto, “solamente cantidades muy pequeñas de agua de lluvia o de nieve derretida contribuyen a las aguas subterráneas anualmente”.
En estas condiciones, para poder cubrir la demanda acuífera de sus procesos mineros y el resto de sus necesidades, la Mina San Cristóbal se ve obligada a la extracción de aguas subterráneas consideradas como “fósiles”, en el sentido de provenir de lluvias que cayeron después de los últimos periodos glaciales, hace más de 10 mil años.
De acuerdo con datos de la propia empresa, Moran explica que actualmente se “está extrayendo aproximadamente 14,6 millones de metros cúbicos de agua anualmente a una tasa de 40 mil metros cúbicos diarios. Si uno asume una duración de 20 años, la extracción total asciende a 292 millones de metros cúbicos de agua subterránea mayormente fósil. Si la tasa de 50 mil metros es correcta, entonces la extracción sería mucho mayor”. Ni el Estado ni la sociedad civil conocen con claridad el número de pozos que están siendo empleados actualmente. Informes de la mina dan cuenta del empleo de 10 pozos, empero, el último informe de monitoreo presentado al Ministerio de Medio
Ambiente y agua reporta la existencia de 16.
Al igual que en otras regiones desérticas, estas aguas subterráneas están interconectadas con los acuíferos y los manantiales, a pesar de que éstos últimos afloran en alturas mayores. En este sentido, perturbaciones significativas de las aguas superficiales ponen en riesgo la vida de los animales y de las comunidades que dependen de las acequias y bofedales superficiales para su supervivencia.
“El uso de aguas subterráneas a largo plazo causará que muchos manantiales y filtraciones se sequen. De hecho, está situación ya se está presentando en algunos lugares (…) Muchos ciudadanos en los alrededores de la mina han empezado a preocuparse por la desaparición de fuentes y bofedales que alimentaban a su ganado, disminuciones en los niveles de agua en pozos privados, sobre la posible contaminación de aguas subterráneas y superficiales por causa de desechos mineros, envenenamiento de flamencos y otras aves, y los posibles impactos sobre el Salar de Uyuni, principal fuente de ingresos por concepto de turismo”.
En relación a la participación del Estado, se señala que en la actualidad ninguna agencia gubernamental realiza evaluaciones técnicas adecuadas, ni exige la implementación de reglas de extracción de aguas. Los organismos responsables de estas tareas no cuentan con el personal o los recursos como para llevar a cabo una revisión de esta naturaleza. Por ejemplo, Moran señaló que al inicio de su estudio le negaron el ingreso al área de operación de la minera. Después de mucha insistencia logró ingresar como parte de un equipo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, empero le prohibieron cualquier contacto con los técnicos de la empresa. De allí que ésta controle todo el flujo de información relativa al proyecto. “Recolectan sus propias muestras y datos de producción y monitoreo, de acuerdo con sus intereses”, señala el Dr. Jorge Molina de la universidad Mayor de San Andrés.
Recomendaciones que no pueden pasar desapercibidas
A tiempo de celebrar el Día Mundial del Agua, reservado para el 22 de marzo, el presidente Evo Morales manifestó su intención de presentar un proyecto que declare el acceso al agua y saneamiento básico “como un derecho humano universal”, de tal manera que los Estados y la ONU se vean obligados a promover y garantizar el respeto de este derecho. El empleo irrestricto del agua llevado a cabo no sólo por la Mina San Cristóbal, sino también por las otras compañías mineras y de otras denominaciones, que no pagan ni un centavo por el preciado bien, abre una gran oportunidad para poner en escena el discurso ecologista del Presidente. En ese sentido, las recomendaciones vertidas por Robert Moran en su informe sobre la Minera San Cristóbal deben ser tomadas en cuenta.
• Se debe considerar al agua como un recurso público comunal, en este sentido, cualquier extracción debe ser sostenible a largo plazo, sin generar impactos inaceptables para otros usuarios de agua cercanos y futuros.
• Se recomienda la creación de un grupo técnica y financieramente independiente en relación de la compañía minera, que recolecte información sobre los volúmenes disponibles de agua, así como también sobre su calidad.
• Desarrollar una red extensa de monitoreo de pozos para determinar la disminución real de la extensión vertical y lateral de los niveles de agua. Exigir la medición y el reporte público del uso del agua en todas las instalaciones de la compañía.
• Considerando que el agua es el recurso más valioso en condiciones tan áridas, el Gobierno debería desarrollar regulaciones y procedimientos que limiten el uso, contaminación y desperdicio de aguas superficiales por parte de la MSC.
• Crear una agencia gubernamental apropiada responsable de revisar los datos y verificar la idoneidad de la recolección de datos en el campo varias veces al año.
• Desarrollar una legislación que exija a todas las compañía mineras, existentes y futuras, la existencia de alguna forma de garantía financiera viable que permita el pago por impactos futuros e imprevistos tanto medioambientales como específicos del recurso.
