Un triunfo se apuntaron el día 14 de setiembre las organizaciones ambientales que se enfrentan al Estado y a la minera Industrias Infinito en el Tribunal Contencioso Administrativo. La minera deberá esperar ahora que el Tribunal resuelva el proceso contra el Estado costarricense por el otorgamiento ilegítimo de la concesión de explotación, así como por la promulgación ilegal del decreto de Conveniencia Nacional, así como por todas las irregularidades con que fue aprobado el Estudio de Impacto Ambiental y dada la Viabilidad Ambiental.

 

 

Fuente: Costa Rica Hoy y AFP

17/09/2010. El equipo jurídico integrado por la abogada Gabriela Cuadrado de CEDARENA, en representación del demandante Jorge Lobo, y los abogados Edgardo Araya de UNOVIDA, y Bernal Gamboa de APREFLOFAS y con la presencia de Gino Biamonte Presidente de esta última agrupación, se opusieron a cada una de las argumentaciones esgrimidas por la Procuraduría General de la República, el SINAC y la empresa minera.

El tribunal  resolvió llevar a juicio la concesión otorgada a Minera Infinito para explotar oro en la norteña región de Las Crucitas, pese a un fallo de la Corte Constitucional favorable al proyecto, se informó este viernes oficialmente. También determinó mantener las medidas cautelares impuestas a la compañía hace varios meses, que consisten básicamente en la suspensión de todos los trabajos de la mina.

El resultado más importante de esta audiencia preliminar es que todos los intentos de Industrias Infinito por frenar el proceso fueron desechados, de igual manera los alegatos de la Procuraduría y el SINAC de que ya había cosa juzgada material por haber sido resueltos los amparos por la Sala IV, fueron rechazados por el Tribunal Contencioso.

Otro elemento importante es que las partes demandantes están exigiendo como parte de las pruebas, que el Gobierno entregue el informe y documentación precisa con la cual llegó a la conclusión de que en una eventual demanda internacional el Estado debía indemnizar a la minera con Us$1.700 millones.

La minera deberá esperar ahora que el Tribunal resuelva el proceso contra el Estado costarricense por el otorgamiento ilegítimo de la concesión de explotación, así como por la promulgación ilegal del decreto de Conveniencia Nacional, así como por todas las irregularidades con que fue aprobado el Estudio de Impacto Ambiental y dada la Viabilidad Ambiental.

Cabe mencionar que la Contraloría General de la República recientemente señaló la gran cantidad de inconsistencias, errores e irregularidades con que viene operando la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) por lo que se espera un desenlace final favorable en el juicio a favor de los movimientos sociales y ambientales costarricenses.
Por su parte acaba de conocerse que la empresa Industrias Infinito invertirá siete millones de dólares (US$7.000.000) más en propaganda dirigida a centros de estudio, escuelas y colegios con el propósito de intentar quebrar la férrea oposición nacional a este proyecto minero. Esto sumado a la propaganda que ya distribuyen en los casilleros de profesores y estudiantes universitarios.

Los movimientos sociales y ambientales opuestos a la minería de oro a cielo abierto hicieron un llamado a la ciudadanía para que se mantenga firme en su oposición a esta actividad y se sume activamente a las distintas acciones que se irán desarrollando hasta lograr que la la Presidenta Laura Chinchilla derogue el decreto de conveniencia nacional y cancele la concesión a Industrias Infinito; así como para que el Congreso apruebe la urgente reforma al Código de Minería y se prohíba de una vez por todas la minería metálica a cielo abierto en nuestro país.