No a la minería metálica en el territorio. Esa fue la decisión que tomó el Concejo Municipal de Urrao (suroeste de Antioquia), con la aprobación de un proyecto de acuerdo, el pasado fin de semana, y que pasará a sanción por parte del alcalde en los próximos días. Las votaciones estuvieron 12 a favor de la iniciativa y uno en contra. Este es el tercer municipio antioqueño que prohíbe esta actividad económica en el territorio. El argumento es simple, pero para muchos habitantes guarda un gran significado: proteger las verdes montañas, las plantas que emergen de la tierra, los nacimientos de agua y los animales que habitan en los bosques.
Fuente: El Tiempo
Para el concejal Carlos Fernando Sierra, proponente del proyecto, con el acuerdo se dictan medidas para la defensa del patrimonio ecológico y cultural de Urrao, una iniciativa que desarrollaron en la misma línea que Jericó y Támesis, también en el suroeste, los dos primeros lugares del departamento que rechazaron la minería en sus territorios.
En el caso de Jericó, la población tiene posiciones encontradas respecto al desarrollo de la minería. El temor de una parte de ella está basado en las exploraciones que desde hace 12 años realiza la empresa Anglo Gold Ashanti en la vereda Quebradona, a unos 11 kilómetros del casco urbano.
Aunque el proyecto está propiamente en Jericó, también cobija territorio del vecino Támesis. En este último, casi la totalidad de los residentes apoyan el no a la práctica minera.
En Urrao la diferencia es que no hay presencia de una multinacional dedicada a exploración o explotación. Sierra explicó que la minería que se explota allí es ilegal, pues ninguno de los que se dedica a la actividad tiene las autorizaciones, si bien, hay varios trámites de título minero que aún no se han otorgado.
“Este tipo de minería ilegal se ve más que todo en el corregimiento Mandé. Incluso, algunas personas de allá dijeron que apoyan el no, pero con la condición de que el Estado no los abandone y les brinde alternativas de desarrollo”, agregó el concejal.
Jericó y Támesis dicen no a la minería
En el corregimiento de Palermo (Támesis) la mayoría de habitantes le dice no a la minería. Al respecto, Javier Urrego, el único concejal que no votó favorable el proyecto, expresó que su decisión se basó en que en Urrao hay algunos mineros ancestrales que se quedarán sin sustento para sus familias. “La minería se prohíbe, pero hay una falencia frente al control que se debe hacer para que sea efectiva la medida”, acotó el corporado.
Por su lado, Ana Ligia Mora, diputada de Antioquia, manifestó que aunque no se debe desconocer la minería como polo de desarrollo, también es importante entender las dinámicas productivas y ambientales de las regiones, especialmente del suroeste, que no tiene vocación minera sino caficultura, agrícola y ganadera, a una menor escala. Asimismo, en la región se quiere fortalecer el turismo.
Por ello, aseguró Mora, otros municipios como Salgar, Ciudad Bolívar, Andes y Tarso también están trabajando para lograr la prohibición de la minería.
El instrumento jurídico necesario para prohibir la minería es la actualización de los esquemas de ordenamiento territorio . Una situación difícil, manifestó Rubén Darío Gómez, secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol, es que en el suroeste antioqueño hay riquezas incalculables en el subsuelo, lo que lo hace atractivo para las multinacionales. Sin embargo, determinar cuánto hay bajo la tierra no es sencillo.
Para el caso de Jericó, la empresa Anglo Gold Ashanti aseguró que las labores de exploración que se realizan hace 12 años están en la fase de estudios avanzados y que aún hacen falta por lo menos dos años más para determinar con mayor exactitud si existe un proyecto viable desde el punto de vista técnico, ambiental, económico y social.
El proyecto de acuerdo de Jericó y Támesis pasó de la sanción del alcalde al Tribunal Administrativo de Antioquia, que definirá su viabilidad. Lo mismo pasará en su momento con el de Urrao. El riesgo de que se diga que no tiene validez es grande. Por ello, Mora reiteró que el instrumento jurídico necesario es la actualización de los esquemas de ordenamiento territorio (EOT), en los que se pueden determinar zonas de exclusión minera y definir con mayor exactitud los usos del suelo.
Fuente: El Tiempo
