No a la minería, no al ‘fracking’ y no al petróleo. ¿Por qué este creciente rechazo, que se expresa con contundencia en los resultados de las consultas populares? Los conflictos socioambientales sobre estas actividades extractivas aumentarán y se agudizarán porque el gobierno desoye el reciente informe de la EPA (la autoridad ambiental de EE. UU.), o el estudio ‘Environmental Impacts of Shale Gas Extraction in Canada’, realizado en 2014 por su consejo de academias, no está informado sobre los múltiples estudios científicos, adelantados en EE. UU. y otros países, todos los cuales muestran los riesgos ambientales y sociales de esta modalidad de extracción, así como los daños ocasionados en lugares concretos. Tampoco se dio cuenta de que el estado de Nueva York prohibió esta actividad, a similitud de otras localidades de EE. UU. y algunos países europeos.
Fuente: El Tiempo
Ante el No de las comunidades, altos funcionarios, tecnócratas y dirigentes del sector privado responden, con inusitada frecuencia, con una mezcla de lugares comunes, arrogancia y autoritarismo, que para lo único que sirve es para agudizar el conflicto. En ocasiones ni siquiera responden, como fue el caso de una solicitud de moratoria al ‘fracking’ firmada por 25.000 ciudadanos que, con el liderazgo de De Justicia, el Foro Nacional Ambiental y WWF, presentamos en 2014 a las más altas autoridades. La misma suerte corrió una segunda solicitud de moratoria, suscrita por más de cuarenta organizaciones. En ambas solicitudes, la moratoria está debida y robustamente sustentada.
La posición predominante en el Gobierno la encarna el ministro de Minas, Germán Arce, que pidió a quienes cuestionan el ‘fracking’ que “muestren pruebas científicas del daño ambiental”. ¿Será que Minminas no ha leído el reciente informe de la EPA (la autoridad ambiental de EE. UU.), o el estudio ‘Environmental Impacts of Shale Gas Extraction in Canada’, realizado en 2014 por su consejo de academias, o que no está informado sobre los múltiples estudios científicos, adelantados en EE. UU. y otros países, todos los cuales muestran los riesgos ambientales y sociales de esta modalidad de extracción, así como los daños ocasionados en lugares concretos? ¿O será que no se dio cuenta de que el estado de Nueva York prohibió esta actividad, a similitud de otras localidades de EE. UU. y algunos países europeos? A Minminas hay que recordarle que es el Gobierno el que tiene la obligación legal de demostrarle a la ciudadanía que los riesgos para el agua y la salud, así como los riesgos del incremento de la actividad sísmica, identificados en territorios de otros países.
Por fortuna, el ministro de Ambiente, Luis G. Murillo, quien cuando ingresó a su cartera encontró la política de ‘fracking’ ya andando, reconoció con valor, en recientes declaraciones, que el país no está preparado para esta actividad y señaló la urgencia de realizar un conjunto de estudios sismológicos y de aguas superficiales y subterráneas y una evaluación ambiental estratégica en el Magdalena Medio. Así mismo, subrayó la necesidad de fortalecer la capacidad de Minambiente y Minminas, confirmando con claridad lo que muchos sabemos: que el Gobierno cuenta con una lánguida capacidad técnica y administrativa en la que es difícil confiar. Estas son, justamente, parte de las principales razones que motivaron las solicitudes de moratoria, la que algunos países se han dado para entender mejor el asunto y definir si se lanzan o no al ruedo.
La decisión de diversos gobiernos del mundo de aceptar el ‘fracking’ se ha basado en muchos casos en el pragmatismo económico, sin importar los riesgos sociales y ambientales.
