El día viernes 22 de noviembre se realizó la Audiencia de Apertura de Investigación contra seis personas que pertenecen a asambleas de Chubut en contra de la megaminería, cuatro de ellas comunicadoras sociales. La denuncia por delitos no cometidos como agresiones a una menor, amenazas, coerción ideológica, incitación a cometer delitos, entre otros, fue efectuada por el vicegobernador Gustavo Menna y los diputados provinciales María Andrea Aguilera y Luis Emilio Juncos. Los hechos que consideraban delictivos supuestamente habrían ocurrido el 15 de agosto en inmediaciones de la Legislatura luego de la adhesión provincial al RIGI. Sin embargo, los mínimos elementos presentados por la Fiscalía sólo lo encuadran bajo el delito de amenazas por la letra de una canción “… como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar…”. A pesar de ello, la jueza Martini igualmente decidió abrir esta causa para investigación, convirtiéndose en otra muestra más de la persecución política del Estado contra los luchadores ambientales.
Por: Noalamina.org
Motivo de la protesta
El 15 de agosto próximo pasado, en la Legislatura de la Provincia de Chubut se aprobaba la adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) con la engañosa salvedad de respetar la Ley XVII 68 (Ex-Ley 5001) que “prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro” en toda la provincia. Esta excepción, no es más que un artilugio para intentar convencer a las asambleas ambientales de que el RIGI no era la herramienta necesaria para habilitar la megaminería en la provincia. Sin embargo, el mismo texto del RIGI expresa que la adhesión es “en todos sus términos”, dejando sin efecto cualquier modificación.
Los Poderes Ejecutivo y Legislativo tenían conocimiento del rechazo al RIGI de quienes pertenecemos a la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCH) por numerosas publicaciones, entrevistas, conferencias y charlas informativas previas realizadas en los últimos meses, por considerarlo un modelo de saqueo y colonialismo. Ese, quizás haya sido el motivo por el cual, ante la posibilidad de la protesta social se decidió que en la sesión ordinaria que se iba a tratar se rodeara a la Legislatura Provincial con un número mayor que el habitual de personal policial.
Manifestación del rechazo
Una vez aprobado el RIGI, se pasó a un cuarto intermedio, durante el cual los diputados oficialistas María Andrea Aguilera y Luis Juncos, deciden ir a la confitería de la estación de servicio ubicada frente a la Legislatura compartiendo la mesa con otras personas. Allí, también estaba presente personal policial y se produce el encuentro con seis asambleístas de los cuales cuatro son comunicadores sociales que estaban transmitiendo “en vivo” o sacando fotos.
Durante ese acercamiento, históricos defensores del agua de Chubut, les pidieron a los legisladores explicaciones por su voto positivo al RIGI, considerando que fue una entrega de los bienes comunes como el agua y que su decisión perjudicará a las futuras generaciones.
La primera reacción fue de Aguilera que les contesto: “me enorgullece no ser como ustedes”. Seguidamente, se escucha un cántico muy popular en el ámbito de los movimientos sociales que dice: …”como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”…
Una persona le dijo a Juncos: “El pueblo ya decidió, el RIGI puede habilitar la minería”. Y Juncos le contesta: “¿Qué pueblo?” Entonces, se habló de la pueblada ocurrida durante el Chubutazo pero Juncos responde con un gesto de que no le importaba. El diálogo se vuelve más acalorado, Juncos repite de manera amenazante una y otra vez: “Vos no sabes quien soy yo”. Se levanta como para irse insultando a su interlocutor y la policía interviene acompañándolo a la Legislatura.
La denuncia
El vicegobernador publicaba el 16 de agosto que “un grupo minúsculo de patoteros violentos respaldados por el diputado Vasconcelos pretendió impedir el funcionamiento de uno de los poderes del Estado como lo es la Honorable Legislatura de Chubut intimidando de palabra y con agresiones físicas a los diputados. Ayer esa violencia tuvo como víctimas a familiares y a una niña de 14 años, que fue agredida físicamente y retenida contra su voluntad”.
Equivocadamente, Menna distorsionó lo ocurrido, lo relacionó políticamente con el Bloque de la Izquierda, se refirió como ultraizquierda, y que si fuesen gobierno “con estas metodologías en poco tiempo instaurarían una dictadura como la de Maduro”.
La denuncia ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) por delitos no cometidos como agresiones a una menor, amenazas, coerción ideológica, incitación a cometer delitos, entre otros, fue efectuada por el vicegobernador Gustavo Menna y los diputados provinciales María Andrea Aguilera y Luis Emilio Juncos.
Foto: Aníbal Aguaisol – denunciado por hacer su trabajo de fotoperiodismo durante los hechos en los que se evidencia la presencia policial.
Audiencia de apertura de investigación
El 15 de octubre, en la Oficina Judicial de Rawson ante la jueza María Laura Martini debería haberse realizado la Audiencia de Apertura de una investigación que involucra a los seis militantes socioambientales y comunicadores de FM Radio Sudaca 103.3 que fueron denunciados por Menna, Aguilera y Juncos acompañados por la Fiscal General Florencia Gómez. Sin embargo, más allá de las horas de espera de los denunciados no pudo efectuarse debido a la ausencia de los denunciantes. Finalmente, la misma tuvo lugar el viernes 22 de noviembre, en la que tampoco estuvieron presentes los denunciantes y reemplazando a la Fiscal se encontraba un funcionario de la Fiscalía.
Foto de la Audiencia del 22 de noviembre, los asambleístas denunciados están de pie.
En una entrevista realizada por pst chubut a la abogada defensora Silvia de los Santos informaba los detalles de la misma:
Se realizó la Audiencia de Apertura de Investigación contra seis personas que pertenecen a asambleas de Chubut en contra de la megaminería, cuatro de ellas comunicadoras sociales, por hechos que no son delitos. Y sin embargo, la jueza decidió aperturar esta causa para investigación. Fue muy enfática en decir que la Fiscalía había reunido mínimos -lo dijo dos veces- mínimos elementos y que le daba la posibilidad ahora de investigar. Le dio un plazo prolongado -entendió ella también que era un plazo en exceso- por seis meses, pero se lo daba porque así lo decía el Código Procesal.
Y lo que la Fiscalía imputa hechos que describen, son una canción: “a donde vayan los iremos a buscar”, “olé, olé”. En su discurso hizo mención. Esos son los hechos relatados por el MPF, que los encuadra en el delito de amenazas -Art. 149 de Código Penal-.
Lo cierto es que también tomaron intervención algunas de las personas denunciadas, lo cierto que los hechos de acuerdo a lo que relata el MPF no fueron así, no hubo amenazas, no existieron. Pero bueno, como no era el momento procesal tendremos que probar nuestra inocencia en el marco de los siguientes seis meses, a ver si Fiscalía desiste finalmente por el principio de objetividad y pide el sobreseimiento de todas las personas denunciadas de este proceso o bien tendremos que demostrar a futuro en un juicio que fue lo que en realidad sucedió.
También mencionamos que Fiscalía omitió decir los exabruptos que una de las denunciantes diputada Aguilera y diputado Juncos, que en este momento son irreproducibles, pero para quien vea los videos va a poder escuchar lo que también dicen y como agreden a su vez a las personas luego denunciadas.
Este proceso no es más que un intento más de criminalizar la protesta social. Tuvieron dispuesta una medida de prohibición de acercamiento y contacto durante sesenta días, cuyo único fin ha sido disminuir el ejercicio de defensa de derechos que estas personas llevan adelante, máxime cuando cuatro de ellas son comunicadoras sociales, contrahegemónicas, por supuesto contra los medios de comunicación masivas que responden al gobierno (poder ejecutivo y poder legislativo) y así lo denunciamos. Denunciamos que hubo manipulación del proceso penal y denunciamos que el MPF no es objetivo. Tiene el deber se ser objetivo a pesar de ser denunciante y oportunamente ser acusador. Tiene el deber de ser objetivo.
Seguimos en carrera, obviamente hay que tener paciencia, ofreceremos obviamente nuestras pruebas de inocencia para que este proceso en algún momento termine.
La defensora se refirió a que el elemento para probar la inocencia está en el contenido de los videos transmitidos “en vivo” durante lo acontecido el 15 de agosto.
Por otro lado, la Fiscalía mencionó la existencia de videos realizados por el Jefe de Seguridad de la Legislatura que estaba presente en la confitería. Sin embargo, la Policía de Chubut transcurridos más de tres meses aún no ha entregado ese material al Ministerio Público Fiscal. Resulta llamativo que si se hubiera cometido un delito ante el Jefe de Seguridad, claramente una flagrancia, éste no haya intervenido.
No obstante, haber admitido la jueza Martini que la redacción de la acusación por parte de la Fiscalía era “poco feliz” y que se habían reunido mínimos elementos, decidió abrir la investigación otorgando un plazo de seis meses que reconoció como excesivo. Esta es otra muestra de la persecución política del Estado contra los luchadores ambientales.
