Mientras mil dueños de títulos mineros están endeudados con el Estado, el Minambiente blindó de esta actividad a seis ecosistemas esenciales comprendiendo una supervicie de 1.600.000 hectáreas. Uno de ellos, vital para la supervivencia del jaguar.
Fuente: El Espectador
La decisión que ayer tomó el MinAmbiente la había estado esperando por varias décadas la población del sur de Bolívar y del nordeste antioqueño. Proteger la serranía de San Lucas era un paso clave para evitar que la minería de oro, la tala y la ganadería extensiva la siguieran fragmentando.
Esos males estaban acabando con corredores biológicos esenciales para la supervivencia de especies como el jaguar. “Sin él, este felino quedaría desconectado de otros ecosistemas. Se va a perder si el Gobierno colombiano no actúa ya”, le dijo hace cuatro meses a El Espectador Alan Rabinowitz, director mundial de la Fundación Panthera.La petición de Rabinowitz, liderada en el país por Esteban Payán (líder de esa ONG en Colombia) y varias organizaciones como The Nature Conservancy, por fin fue escuchada. El Ministerio, en un trabajo conjunto con Parques Nacionales Naturales (PNN), dio el primer paso para conservar aquella serranía. Por medio de una resolución y valiéndose del principio de precaución, la declaró como una zona protegida.
Lo mismo hizo con otros cinco ecosistemas más: las Selvas Transicionales del Cumaribo, entre los ríos Vichada y Guaviare; el Alto Manacacías, en el Meta; la Serranía del Perijá, en el Cesar; las sabanas y los humedales de Aracua, y los bosques secos del Patía, en el Cauca. En total, estas áreas suman 1’660.000 hectáreas aproximadamente.
La medida, en palabras de Payán, resulta un acierto importantísimo. Y es trascendental porque justamente hoy se vencía la moratoria de títulos mineros que Panthera y otras entidades se habían ingeniado para evitar que San Lucas y el Magdalena Medio se llenaran de esta actividad.
En términos sencillos, el principio de precaución al que se acogió el Ministerio permite proteger unas zonas importantísimas en términos ecológicos y evita que se otorguen más títulos mineros.
Y la idea de fondo, parafraseando a Julia Miranda, directora de PNN, es que estas áreas formen parte del sistema de Parques Nacionales. Pero este es apenas un primer paso en un trabajo complejo que implica, entre otras cosas, consultas con las comunidades, estudios técnicos y el aval de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
“A partir de la fecha la Agencia Nacional Minera no podrá otorgar nuevas concesiones en los territorios delimitados”, dijo Gabriel Vallejo, jefe de esa cartera. Sin embargo, las fronteras de esos seis sitios estratégicos pueden ser modificadas a lo largo de este proceso. Los linderos finales dependerán de muchos factores y disputas que no serán fáciles de zanjar. Por ejemplo, es probable que dentro de ese polígono que trazó PNN haya áreas tan desgastadas que declararlas como parte de PNN resulte un despropósito.
Pero, además, hay otros ingredientes que no van a dejar de causar polémica. En el caso de la serranía de San Lucas, el ecosistema más frágil de todos, ya hay otorgados 172 títulos mineros. En la del Perijá hay 27 y en 4 en los bosques del Patía. En total son 203, que para entrar en fase de exploración y explotación necesitarán el aval de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Será esta entidad la que deberá decidir si bajo estas nuevas condiciones permite la actividad minera en estos sitios. Ya sobre la marcha había otras 234 solicitudes de títulos.
Y como si fuera poco, de ahora en adelante PNN y el Ministerio también tendrán una difícil tarea por delante: tranzar las condiciones de declaratoria con no pocas comunidades. En San Lucas, por dar una muestra, hay 23 familias en 7.500 hectáreas de bosque nativo. Asociadas bajo el nombre de Fundación Funcopromas, estos grupos de colonos que llegaron a la región hace más de cinco décadas, desplazados por la violencia, han desarrollado actividades de protección de ese ecosistema por iniciativa propia y ahora temen no ser tenidos en cuenta en el proceso.
“Entendemos que es una buena iniciativa, pero pedimos que sea concertada con nosotros que somos los que hemos cuidado este ecosistema. Hasta el momento el Estado lo abandonó y por culpa del Gobierno esto se llenó de minería. Fueron ellos quienes otorgaron esos títulos y nunca quisieron ponerle freno. Además hay comunidades que después de ser cocaleras y cortar madera, quieren hacer minería artesanal y limpia. Si no concertamos, habrá un problema social grande”, asegura Héctor Carreño, director de Funcopromas.
Pero más allá de estas disputas, lo cierto es que con esta decisión se logró una ganancia enorme en términos biológicos. Como dice Payán, con sólo proteger la serranía de San Lucas, que tendrá por ahora casi 522 mil hectáreas, se empieza a garantizar la supervivencia de especies en estado crítico como el jaguar, el mono tití y la araña café, la danta y la tortuga del Magdalena. “Sumado al resto de lugares, podríamos decir que Colombia queda con un portafolio completo en términos de protección. Eso, por fin, nos permitirá pensar como un país que hace parte de una conectividad regional”.
