El Departamento Provincial de Aguas (DPA) de la provincia de Río Negro, no autorizó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el volcado de desechos de uranio enriquecido al río Pichileufu. A su vez, afirmó que el proyecto de tratamiento de residuos, se encuentra en sus albores.
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Así quedó documentado ante un pedido de informes del legislador Alejandro Betelú (UCR) buscando aclarar aspectos sobre el permiso de uso de agua pública y posterior escurrimiento de efluentes. La solicitud está referida a la necesidad de fabricar ese combustible en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu.
Betelú -precisamente- se basó en que un estudio preliminar de impacto ambiental presentado por la CNEA a la Secretaría de Ambiente, con carácter de declaración jurada, hace mención a vertidos de líquidos al curso de agua.
La superintendenta del DPA, Raquel Morales, reveló en una nota enviada a la Legislatura el 25 de marzo y entregada recién el 30 de junio, que “varias de las consideraciones” del estudio de impacto de la Uncoma elevado por la CNEA perdieron vigencia.
Sostuvo que “no (se) aceptó la hipótesis” del volcado al río de “ningún tipo de efluentes” por lo que la CNEA propuso reformar la planta de líquidos cloacales y emplazar un sistema natural denominado Filtro Fitoterrestre. Es una laguna artificial impermeable con plantas acuáticas absorbiendo nutrientes de efluentes y evaporando líquidos que eviten contaminaciones de tierra y napas.
Según el DPA, una vez verificada que la calidad de la descarga (fluoruro) cumpla con los límites máximos admisibles “se unifica en el humedal artificial con los líquidos cloacales”.
Indica que de la misma forma, previa verificación de que la calidad de salida alcance las condiciones exigidas para el reuso de efluente en riego, se dispondrá de éste en un predio de seis hectáreas. Además el sistema (filtro y humedal) se encuentra “en una fase ‘preoperativa'”; agrega la respuesta oficial. Precisa que se implantan especies vegetales, y se deriva el 90% del caudal de la planta para su riego, en tanto que el 10% se mantiene sobre el humedal que es fiscalizado por inspectores. Estos, añadió, “informarán el momento en que estas instalaciones queden habilitadas para el funcionamiento normal”.
Ratificó que permitió uso de agua sólo para esa primera fase, y que en vistas de habilitar las instalaciones en operación normal -previa inspección- se emitirá un nuevo consentimiento. Concluye en que proseguirán los controles para verificar el “funcionamiento” del proceso de tratamiento que se requiere cuando haya que “otorgar la autorización de descarga con destino final de reuso” de líquidos.
