Resumen. El presente artículo es la primera producción de la investigación: Conflictos por el territorio asociados a la gran Minería en Antioquia – Colombia, en este texto se presentan las conclusiones de la primera fase que da cuenta de la dinámica económica extractiva que viene asumiendo Colombiaen los últimos 10 años como ruta estratégica que responde a las necesidades de recursos naturales disponibles y a bajo costo que demanda la actual crisis del capital internacional, decisiones que favorecen intereses foráneos pero involucran y ponen en riesgo las lógicas culturales, las autonomía, la soberanía, la vida, la dignidad y el entorno natural de los habitantes de los territorios de interés para el desarrollo de estos grandes proyectos de extracción de recursos naturales.
Por: Alfonso Insuasty Rodriguez , Daniel Grisales , Eliana Marcela Gutierrez León publicado en Agencia de noticias Nueva Colombia ANNCOL
Introducción.
“El capitalismo de nuestros días requiere materiales y energía más que en cualquier otro momento de su historia, como resultado de varios procesos complementarios: el aumento del consumo a nivel mundial, a medida que se extiende la lógica capitalista de producción yderroche; la incorporación de países como China, India, Brasil y Rusia a la órbita del capitalismo mundial, mediante la producción de manufacturas o materias primas; las innovaciones tecnológicas y la producción de mercancías electrónicas de consumo masivo precisan de minerales y materiales para asegurar su producción. En pocas palabras, la generalización del American way of life, requiere de un flujo constante de petróleo y materiales, para asegurar la producción de mercancías que satisfagan los deseos hedonistas, artificialmente creados, de cientos de millones de seres humanos en todo el planeta.(Vega Cantor, Colombia y geopolicia hoy., 2013)
El nivel de producción y consumo del capitalismo requiere asegurar fuentes de abastecimiento de recursos materiales y energéticos:en términos de minerales, algunos datos ilustran la dependencia externa de los Estados Unidos: “Entre el 100 y el 90% del manganeso, cromo y cobalto, 75% del estaño, y 61 % del cobre, níquel y zinc que consumen, 35% de hierro y entre 16 y 12% de la bauxita y plomo que requieren. Europa depende en un 99 a 85% de la importación de estos minerales, con excepción del zinc, del que depende en un 74% de importaciones del extranjero”. Lo significativo estriba en que en conjunto América Latina y el Caribe suministran a los Estados Unidos el 66% de aluminio, el 40% del cobre, el 50% del níquel” (Diez Canseco, 2007).
¿Cuántos metales diarios se requieren para mantener los niveles de producción a escala ascendente que requiera el “hombre blanco Occidental” con su modelo de ser humano competitivo y consumista?.
Esta tendencia consumista del planeta no es nueva, lo que es nuevo son los niveles acelerados de este deterioro planetario, según estudios de “todo crédito”, en 1961 precisábamos de la mitad de la Tierra para dar respuesta a las demandas humanas. En 1981 se daba un empate, es decir ya necesitábamos la Tierra entera. En 1995 sobrepasamos en un 10% la capacidad de reposición, aunque todavía era soportable. En 2008, superamos el 30%. La Tierra está dando señales inequívocas de que ya no aguanta más. Ahora bien, si se mantiene el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial entre 2-3% por año, como está previsto, en 2050 necesitaríamos dos planetas Tierra para dar respuesta al consumo, lo que es imposible porque contamos con sólo una. (Boff, 2012).
Hierro, cobre, zinc, plata, cromo, cobalto, berilio, manganeso, litio, molibdeno, platino titanio, tungsteno, son algunos de los metales más importantes en la producción capitalista de hoy. Un ejemplo ayuda a visualizar la importancia de esos metales: para producir elturborreactor de un avión se usa un 39% de metales corrientes y el resto consta de titanio(35%), cromo (13%), cobalto (11%), niobio (1%) y tántalo (1%) (Globedia, 2010).
Los países poderosos, que en el 2008 entraron en una profunda crisis capitalista, marcada por los altos costos de las materias primas, por la necesidad de mayores fuentes de energía, el acceso rápido y económico al petróleo, la crisis del mercado, del acceso al agua potable, de los alimentos, entre otras, requieren asegurar fuentes de abastecimiento de recursos materiales y energéticos, los cuales se encuentran concentrados en unas pocas zonas del planeta.
¿Cómo abastecer una incontrolable sed de recursos para el mercado global?, los países potencias se debaten en una guerra por el control de dichos recursos que se concentran en zonas específicas del globo, Estados Unidos, Japón o la Unión Europea, tienen déficits estructurales tanto en petróleo como en minerales estratégicos, ejemplos:
Europa, es el continente con menos reservas probadas de crudo, cuenta con el 13% de la población y consume el 21% del petróleo, 25% de gasolinas y 20% de gas del planeta. En estos momentos, Estados Unidos consume 21 millones de barriles diarios, de los cuales importa más de la mitad. Ese petróleo procede en su orden de los siguientes lugares: de Arabia Saudita y Canadá el 35%, de América Latina el 33%, de los países miembros de la OPEP el 32%. El petróleo que posee Estados Unidos sólo le alcanza para 11 años, pero si consumiera únicamente sus reservas éstas durarían 4 años. Lo significativo estriba en que en conjunto América Latina y el Caribe suministran a los Estados Unidos el 66% de aluminio, el 40% del cobre, el 50% del níquel (Diez Canceco, 2007).
Los pueblos de la América latina y caribeña habitan un territorio en el que se encuentra el 25 por ciento de los bosques y el 40 por ciento de la biodiversidad del globo. Casi un tercio de las reservas mundiales de cobre, bauxita y plata son parte de sus riquezas, yguarda en sus entrañas el 27 por ciento del carbón, el 24 por ciento del petróleo, el 8 porciento del gas y el 5 por ciento del uranio. Y sus cuencas acuíferas contienen el 35 por ciento de la potencia hidroenergética mundial.(Vega Cantor, Colombia y geopolicia hoy., 2013)
En este sentido Barrio afirma que cuando hablamos de América del Sur es necesario recalcar su importancia geoestratégica, lo cual puede demostrarse con datos elementales: está compuesta por 12 países, cuenta con360 millones de habitantes y con una gran identidad lingüística, puesto que predominan el castellano y el portugués, su territorios tiene un área de 17 millones de kilómetros cuadrados, con lo que dobla al de los Estados Unidos, (9.631.418 kilómetros cuadrados), tiene innumerable cantidad de riquezas minerales y energéticas, biodiversidad, agua, pesca yfauna (Barrios, 2006).
América Latina, con el 12% de la población mundial, tiene el 47% de las reservas de agua potable del mundo. El Acuífero Guaraní en el Cono Sur del continente, tiene 1.194.000 km2 y supera en tamaño a España, Francia y Portugal juntos.
En cuanto a petróleo y gas se refiere, México cuenta con un potencial de petróleo, extraíblecon la tecnología vigente, hasta el año 2012; Venezuela tiene 30 años de reservas para seguir explotando, pero posee petróleo asfáltico, lo cual las aumenta; Bolivia tiene importantes recursos de gas, 27 trillones de pies cúbicos, que alcanzaría para exportar hasta el 2024; además, pueden existir grandes reservas de hidrocarburos en Guatemala, Costa Rica y Ecuador, entre otros países de la región. (Vega Cantor, Colombia y geopolicia hoy., 2013)
En lo que respecta a la Amazonía, la selva más biodiversa de la tierra, con una extensión de 7 millones 160 mil kilómetros cuadrados, alberga la mayor extensión de bosques tropicales del planeta (56 por ciento) y posee una gran variedad biológica de ecosistemas, especies y recursos genéticos. Allí se encuentra un millón y medio de especies conocidas y se estima que en total puede albergar más de diez millones de especies. Por el Amazonas y sus más de 7.000 tributarios corren 6.000 billones de metros cúbicos de agua por segundo. Adicionalmente, es la zona que más oxígeno provee (40 por ciento del oxígeno del mundo) y la que absorbe una mayor cantidad de carbono, en razón de lo cual, y con sobrados méritos, se le denomina el“pulmón del planeta”. (Vega Cantor, Colombia y geopolicia hoy., 2013)
Varios países de América del Sur son fundamentales por los minerales que se encuentran en sus suelos. Entre esos sobresalen Chile, Perú y Bolivia. En estos países se encuentran lasreservas más grandes de cobre, de litio y de estaño. Chile y Bolivia son países mineros desde fines del siglo XIX y ahora Perú ha sido incorporado a la división internacional del trabajo como un nuevo país minero. Posee unos 40 metales diferentes, siendo el tercer productor mundial de cobre, zinc y estaño y el primer productor del mundo en plata, quinto en oro y cuarto en plomo. Con relación a toda América Latina, Perú es el primer productor de oro, plomo, plata, zinc, uranio y estaño y elsegundo productor de cobre, después de Chile. En cuanto a la plata, Perú posee el 30% de lasreservas mundiales. Por su parte, Chile es el primer productor y exportador mundial de cobre, con un 37% de la producción mundial.(Vega Cantor, Colombia y geopolicia hoy., 2013)
Esto ha implicado que compañías multinacionales provenientes de Canadá, Estados Unidos, Europa, China, entre otros, se hayan apoderado como en los viejos tiempos de la colonia de grandes porcionesterritoriales del continente, donde se encuentran yacimientos minerales. La búsquedainsaciable de minerales metálicos y no metálicos ha llevado a que en estos países se implanten multinacionales extractivas, lo que ha generado un boom coyuntural que ha elevado los precios de esos minerales. (Barrios, 2006)
“Latinoamérica (encabezada por México, Perú, Chile, Brasil y Argentina) mantiene su posición líder en cuanto al destino de la exploración minera que, desde el punto de vista regional, no ha sido superada por ninguna otra región durante las últimas dos décadas, según el informe 2011 de la firma Metals Economics Group (MEG).
En términos globales “Canadá fue el país más importante”, asegura MEG con cifras de exploración del año 2010 y estima que el total mundial de presupuesto para exploración alcanzó los US$10.680 millones durante ese año y fue realizado por 2.089 empresas que, según el estudio, representan el 95% de los presupuestos de exploración por minerales no ferrosos.
Los países de América Latina fueron los receptores del 27% (unos US$2.884 millones) de la inversión mencionada por MEG y el 83% de esa cifra (cerca de US$2.394 millones) se destinó a exploración en México, Brasil, Argentina, Chile y Perú. El oro fue el principal objeto de exploración en Argentina y en México.(Herrera, 2011).
Colombia.
América Latina representa un sector importante dentro de los flujos de Inversión Directa de la economía mundial, pues se ha convertido en uno de los destinos predilectos de inversionistas, recibiendo cerca del 30% de los flujos mundiales de inversión (Cardenas, 2008), esto como consecuencia del crecimiento del comercio mundial, ligado al comercio de commodities, que muestra un alto precio sostenido de los minerales, atrayendo de manera creciente grandes flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), como puede contrastarse con el informe de la CEPAL sobre IED para 2012 en A.L.:
La IED para 2012, registra un crecimiento del 5.7%, respecto de 2011, alcanzando una cifra record de 174.546 millones de dólares, de los cuales, Brasil se constituyó en el país con mayor recepción de recursos con el 38%, para un total de 65.272millones de dólares, seguido por Chile con el 17.3% y un valor de 30.323 millones de dólares, en tercer lugar Colombia con el 9%, para un valor de 15.824 millones de dólares y en cuarto lugar Perú con el 4.7% para un total de 8.233 millones de dólares. (CEPAL, 2012)
Por sectores económicos de destino de la inversión, para el caso colombiano, entrega las siguientes cifras:
Se destinaron 5.377 millones de dólares para inversión en hidrocarburos, equivalente a un 34% del total recibido; para la minera de asignaron 2.250 millones de dólares para un 14%; para el sector manufacturero: 2.049 millones de dólares correspondiente a un 13% y para sector servicios: 6.040 millones de dólares para un 38% del total de la IED en Colombia durante el 2012.(CEPAL, 2012)
Estos gruesos fines económicos comprenden o cubren además grandes proyectos agroindustriales, hidroeléctricas y micro-centrales, agua para la generación de energía y para abastecer la demanda de trasnacionales mineras. Todas estas actividades centran su atención en la tenencia de la tierra como su motor o condición, asociado a la alta concentración por vía legal y sobre todo ilegal (despojo) de la tierra en Colombia. Esta situación nos lleva indefectiblemente a temas como el desplazamiento forzado, victimización, persecución, asesinatos, criminalización de la protesta, entre otros. Es decir, frente a esta intención político-económica derivada del interés inversionista son los campesinos, indígenas y afrocolombianos los que se encuentran en mayor riesgo de cara a la vulneración de sus derechos ya que se encuentran ubicados en áreas ricas en yacimientos mineros y biodiversidad.
El Estado Colombiano está inserto en la dinámica de la economía mundial soportado en una ideología neoliberal cuyos elementos más relevantes son: primero un Estado mínimo es decir, que la inversión privada sea quien regule la economía y que entre a aportar al desarrollo de la sociedad; segundo, que haya austeridad fiscal; tercero, la globalización de los procesos de expansión del capital en los Estados que reducen su soberanía a favor de otras políticas más globalizantes dictadas por organismos multilaterales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, entre otros) creados por los países desarrollados económicamente que propenden facilitar el comercio mundial.
Colombia por ende es muy estratégico además por estas razones: – cuenta con una reserva mineral diversa de gran importancia, así como una reserva hídrica y biológica de gran valor, – tiene acceso a dos mares lo que implicaría un desarrollo portuario importante, – un área espacial adecuada para la ubicación de satélites, – su posición en el continente es clave para el control militar de la región, – su dirigencia política es proclive históricamente, a la negociación favorable para los intereses extranjeros “confianza inversionista”, además de ser débil institucionalmente para la regulación, fiscalización y el establecimiento de políticas mineras.
La explotación de los recursos naturales y proyectos a gran escala involucran tanto intereses nacionales como multinacionales, factores que entra a chocar con las lógicas culturales de los territorios de interés habitados por diversas comunidades tanto indígenas, negras, campesinas, raizales quienes entran en una dinámica de resistencia por su cultura y sus territorios por lo que varias de estas comunidades han sufrido el desplazamiento armado forzado o el despojo legal de sus tierras o el desarraigo cultural, o procesos de eliminación violenta así como la criminalización de sus formas de resistencia, entre otras consecuencias.
Metodología.
Para identificar los enlaces de las dinámicas que se cruzan entre el modelo económico de corte extractivita y los conflictos asociados en las regiones de Colombia para centrarnos en las subregiones Antioqueñas, así como las prácticas de presión y violencia dirigida contra la población que habita zonas estratégicas para la extracción de los recursos, se desarrollaron cuatro niveles metodológicos:
1. El análisis de bibliografía especializada que permitirá identificar referentes temáticos en torno a la conexión de la crisis económica global con el acelerado ritmo de la re-primarización de la economía Colombiana.
2. Rastreo de prensa local, regional y nacional que permitirá obtener y sistematizar información sobre límites y dinámicas de los poderes locales y nacionales que intervienen en el desarrollo de esta realidad.
3. Sistematización de encuentros regionales y locales de procesos en resistencia y defensa del territorio para identificar problemáticas y actores locales en la configuración del fenómeno;
4. Análisis de los datos estadísticos de fuentes institucionales que dan cuenta del tema para identificar vínculos con diversos sectores de la sociedad, actores amados, sector empresarial e institucionales;
Resultados.
¿Cómo se inserta Colombia en estas lógicas y necesidades globales?
A partir de la década de los 90 del siglo XX, la legislación minera del país sufre una serie de modificaciones tendientes a transformar el papel del estado en este campo.
Ya para 1997 El Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- aprueba el documento titulado “Estrategias Para El Fortalecimiento Del Sector Minero Colombiano” (CONPES, 1997), que además de perfilar el modelo de Estado como regulador y fiscalizador, propone la adopción de un nuevo código de minas que a la postre se dio apenas 4 años después con la ley 685. En la nueva norma se hallan más claras las intenciones de transformación de la labor del estado definiéndolo como un “…facilitador y fiscalizador en el desarrollo de los proyectos mineros, al tiempo que incentiva en forma eficaz y contundente la inversión privada.”(Ministerio de Minas y Energía. Colombia., 2001), así la labor estatal queda reducida a los campos de facilitador y promotor de la actividad minera en manos de inversores privados y fiscalizadores de los proyectos extractivos.
Posterior a esto aparece el “Plan Nacional de Desarrollo Minero 2002-2006” en el cual según la misma Unidad de Planeación Minero Energética en Colombia “queda en claro que es la iniciativa privada la única fuerza capaz de generar el desarrollo minero del país” (Ministerio de Minas y Energía Colombia., 2006).
En el “Plan Nacional de desarrollo minero 2007-2010”, sigue siendo evidente la mirada del sector privado como principal y casi que único generador de desarrollo en el campo definiendo que:
Los actores fundamentales del desarrollo minero son los inversionistas, los empresarios u operadores de proyectos, pero eventualmente llegan a ser determinantes -por los roles que desempeñan- la institucionalidad minera, las comunidades de las localidades mineras y las entidades territoriales. (Ministerio de Minas y Enegía, 2007)
Con esto queda claro que los intereses del gran capital prevalecen incluso sobre el derecho de las comunidades a realizar actividades similares; las reformas a la legislación en el campo mencionado, tienen entonces como uno de sus objetivos primarios generar con la existencia de un derecho positivo escrito, la seguridad jurídica que es a su vez una de las exigencias del capital monopolista para invertir en un país.
No obstante no es solo tal seguridad la que por sí sola busca atraer capital foráneo, las cuestiones tributarias son otro de los elementos que han buscado tal fin, así se pueden observar entre otros mecanismos como los contratos de estabilidad jurídica, mediante los cuales el Estado garantiza a todos aquellos que lo suscriban que “si durante su vigencia se modifica en forma adversa a estos alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como determinante de la inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo” (Ley de Estabilidad Jurídica para los inversionistas en Colombia., 2005).
Lo anterior significa que si la legislación relativa a la actividad que una empresa desarrolla en el país es modificada, ésta solo se aplicaría si tal cambio beneficia a la empresa, la misma ley permite la firma de contratos de estabilidad jurídica desde 3 hasta un máximo de 20 años.
Paralelo a esto aparecen beneficios como zonas francas en las cuales, independiente de que sean permanentes o uniempresariales se ofrecen entre otros incentivos cómo:
– Impuesto de renta y complementarios a la tarifa del 15%, a diferencia del 33% de la tarifa normal
– los bienes introducidos desde el resto del mundo a la Zona Franca no se consideran importaciones y por tal no pagan arancel e IVA,
– las importaciones a Zona Franca de los bienes terminados en el territorio nacional no pagarán IVA, siempre que estos sean necesarios para desarrollar la actividad empresarial.
Gracias a las exenciones que la legislación tributaria les otorga a las grandes empresas, estas han casi que anulado las obligaciones que tienen por impuesto de renta, el economista Guillermo Ruda (2012) afirma en una de sus investigaciones:
“Disparan las exenciones fiscales y llegan casi a anular las regalías. Pasan de $6 billones de regalías en el 2007 y exenciones tributarias de menos de un billón, a regalías de $6,5 billones en el 2009 y beneficios fiscales de $3,5 billones. Más de la mitad de las regalías se las están devolviendo. Permiten deducir las inversiones como si fueran costos de producción y con ello se anula prácticamente la obligación de impuesto a la renta” (Hernandez, 2011)
Son todos estos intentos por adecuar la legislación interna a las exigencias del gran capital, las que han generado un aumento sostenido en materias como el área contratada para actividades mineras, así entre 2004 y 2008, se pasó de 1´270609 a 4´485910 hectáreas contratadas, lo cual representa un aumento de 253% en cuestión de 4 años.
Las exenciones, beneficios tributarios y los adelantos en materia legislativa para atraer la inversión extranjera, se enmarcan entonces dentro de un concepto determinado de competitividad nacional, definida cómo “la calidad del ambiente de inversión y el aumento de la productividad total, en un medio de estabilidad macroeconómica” (Ministerio de Minas y Enegía, 2007). Los adelantos en materia de seguridad, estabilidad jurídica y beneficios tributarios para inversores han logrado que entre 2009 y 2010, Colombia subiera 8 puestos en el escalafón sobre Libertad Económica en el Mundo, publicado anualmente por el Instituto Fraser De Canadá, ubicándose en el puesto 101 (Instituto Fraser Canadá, 2010).
Ahora bien, durante el gobierno del Presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se implementó la estrategia de impulsar el sector minero-energético como motor de la economía y así convertir a Colombia en uno de los países más importantes en América Latina para el 2019, mientras se avanzaba en la política de seguridad democrática y en paralelo se desplegaba una gran estrategia paramilitar de tierra arrasada, dejando sin dueño o en el limbo jurídico muchos territorios “sin propietarios o poseedores aparentes”, pero con la confianza inversionista avanzando.
Mapa 1: Densidad de predios abandonados y/o despojados.Fuente:http://anncol.eu/templates/jsn_epic_pro/images/icons/icons-ext.png); line-height: 1.5; background-position: 100% -1204px; background-repeat: no-repeat no-repeat;”>http://restituciondetierras.gov.co/media/descargas/mapas/actualizacion_2013/Densidad_de_Abandono.pdf
Con esta política continuo el presidente Santos que lo incorporo en el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) bajo el lema “Prosperidad para todos: más empleo, menor pobreza y más seguridad” (Revista Semana, 2012).
La idea expresada por el gobierno de Juan Manuel Santos, según el cual las actividades minero energéticas son el principal motor de desarrollo económico, continúa la lógica de confianza inversionista que a su vez se enmarca en el concepto de competitividad. Así se nota cómo de las “5 locomotoras del desarrollo” de las que habla en el Plan Nacional de Desarrollo, la minero-energética es la que más porcentaje de inversión concentra. (Dirección de Planeacion Nacional Colombia., 2010)
En total, a las locomotoras se destinan 234.4 billones de pesos, de estos, el 96.6 son para el desarrollo económico y la expansión minero-energética, concluyéndose que el 17% del costo total del plan nacional de desarrollo será para la promoción de esta industria, cifra comparable con el 2% (11.7 billones) destinado para desarrollo la actividad agropecuaria y el desarrollo rural (Estrada Alvarez, 2011).
Todo esto denota la intención de imponer un modelo de re-primarización de la economía basado en la explotación extensiva de los bienes naturales del subsuelo colombiano, con las posteriores consecuencias que un modelo como éste conlleva.
En el mapa adjunto se aprecian tanto los títulos mineros como las solicitudes, situación que alertó a la Contraloría General sobre las graves consecuencias ambientales y sociales que esto generará, así lo expresó en su informe sobre el Estado de los Recursos Naturales en Colombia (2010)(Contraloría General de la Nación. Colombia, 2010).Este mapa dialoga con el mapa de tierras abandonadas por el conflicto armado, y/o despojadas. (Ver mapa 1).
MAPA 2: zonas protegidas, títulos y solicitudes Mineras a 2013. Fuente:http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=b1b1–&s=b
Las figuras 1 y 2, dan cuenta del inusitado incremento tanto de las titulaciones mineras como de las solicitudes a 2011, es de anotar que el Estado Colombiano se vio abocado a detener la entrega de títulos mineros en el país en el mes de Febrero de 2011, cuando se denunció una serie de escándalos por la corrupción en su adjudicación, la Contraloría argumentó en su momento que no se habían evacuado 6.653 solicitudes de títulos mineros, se habían dado tramite definitivo a 12.997 y reposaban 19.629 solicitudes en la Agencia Nacional de Minería (ANM), además agrega que a la fecha no se tenía listo “un Catastro Minero confiable” aún así se venían otorgando títulos y los que es peor se venían otorgando en áreas de reserva forestal y en áreas protegidas lo que ocasionaría un daño “al patrimonio ecológico del país”, además de múltiples sociales, y se incumplirían, posiblemente, “convenios internacionales sobre medio ambiente”. Antioquia y Chocó serían la zonas de mayor riesgo. (El Tiempo. Redaccion Justicia., 2013)
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Figura 1: Titulo: Colombia. Títulos mineros. 1990 – 2010. Fuente: Sistema de información OTE con base en Catastro Minero a julio 26 de 2011
Figura 2. Titulo: Colombia. Solicitudes de títulos mineros. 1955 – 2010. Fuente: Sistema de información OTE con base en Catastro Minero a julio 26 de 2011ª.
Ahora bien, según el ministerio de minas y energía, la mayoría de solicitudes de concesión para explotación minera, lo son para extracción de metales preciosos (oro, plata y platino); para 2007 la cifra equivalía a 1872 de 6127 solicitudes es decir el 30% del total, para 2008 esta proporción aumenta considerablemente, ocurriendo que de las 8667 solicitudes presentadas en el año, 4090 es decir el 47% lo fueran para este tipo de materiales (Ministerio de Minas y Energía, 2009). Dato a resaltar sería también el aumento de títulos otorgados para metales preciosos, en este campo de 2004 a 2008 se pasó de 503 títulos existentes a 1880, lo que representa un incremento en títulos del 273% en sólo 4 años (Ministerio de Minas y Energía, 2009).
En el mapa 3 se relacionan algunas de las empresas que han sido favorecidas en esta titulación minera a gran escala para la extracción de minerales preciosos, coltán, carbón, níquel, así mismo se relacionan los proyectos hidroeléctricos actuales y los proyectados en tanto también generan graves impactos al territorio y consecuencias ambientales y sociales complejas y delicadas.
Mapa 3: Mapa de solicitudes, títulos, empresas mineras y proyectos hidroeléctricos en Colombia.Fuente: Red de Acción Frente al Extractivismohttps://www.facebook.com/435012739920893/photos/a.435059176582916.1073741828.435012739920893/631472350274930/?type=1&theater
El mapa 4 da cuenta de uno de los minerales cuya extracción en la actualidad ha causado serios impactos de orden ambiental y social (Pardo, 2013), el Carbón, en el caso de la Multinacional Drummond existen incluso, demandas por financiamiento a grupos paramilitares.(Colombia.com, 2010); Este mapa relaciona también el proyecto de explotación de Ferroníquel en Montelíbano (Córdoba), minerales extraídos por la empresa BHP Billiton en su proyecto Cerromatoso. Esta empresa ha sido investigada por el no pago de regalías en la explotación del Hierro, además por los altos impactos ambientales, sociales y de salubridad en las poblaciones cercanas al proyecto. (Julio, 2012)
Mapa 4: Megaproyectos de explotación de carbón. Empresas Mineras en Colombia. Fuente: Red de Acción Frente al Extractivismohttps://upload.facebook.com/435012739920893/photos/a.435059176582916.1073741828.435012739920893/631708306918001/?type=1&relevant_count=1
En el mapa 5 se relacionan algunos de los más importantes mega-proyectos legales, para la extracción del oro, actividad asociada permanentemente con la financiación de grupos paramilitares, desplazamiento de población campesina e indígena (Congreso de los Pueblos., 2013), desapariciones, masacres(El Tiempo, 2013), serios daños ambientales, cooptación de lo público, entre otras (Rios Vivos, 2013). Ni que decir del desastre que la fiebre del oro causa en su forma ilegal como acicate y motor del conflicto armado en Colombia(Revista Semana, 2011).
Mapa 5: Proyectos y Megaproyectos de exploración y explotación de oro. Empresas Mineras en Colombia. Fuente: Red de Acción Frente al Extractivismo
https://upload.facebook.com/435012739920893/photos/a.435059176582916.1073741828.435012739920893/631710946917737/?type=1&relevant_count=1
En cuanto a área contratada para actividad minera, en el mismo periodo 2004-2008 se pasó de un total de 1´270690 hectáreas a 4´485910, lo que representa un aumento del 253%. Tomando solo minerales preciosos el aumento fue equivalente a 269% pasando de 471437 a 1´743721 hectáreas en el mismo periodo (Ministerio de Minas y Energía, 2009).
El gobierno de Santos, en el marco de las facultades de reforma del Estado, definió un marco legislativo que le permitió adelantar la institucionalidad que el sector requería y requiere: con el Decreto 4134 (Noviembre 4 de 2011), se crea la agencia Nacional de Minerales (ANM), máximo órgano para el manejo de la política minera. La entidad, que se asimila a la existente ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) para el sector de hidrocarburos, tendrá entre otras funciones, conceder los títulos mineros en todo el territorio nacional, administrar los recursos minerales del Estado y conceder derechos para su exploración y explotación, además de ayudar en la realización de los procesos de consulta previa a los grupos étnicos, en coordinación con las autoridades competentes.
El Decreto 4131 (noviembre 3 de 2011) le cambia la naturaleza jurídica al Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS) y lo convierte en el Sistema Geológico Colombiano, con funciones científicas y de investigación y de asesoría al gobierno nacional en la formulación de políticas.
Sin embargo, al posesionarse el gobierno Santos se encontró ante una crisis institucional en el sector minero, la más poderosa y la más promisoria de sus cinco locomotoras. El entonces ministro Rodado Noriega anunció:
“La debilidad institucional del sector salta a la vista y ha sido ampliamente documentada por los medios de comunicación. Lo mismo aplica a las instituciones encargadas de los temas ambientales: El desorden y la falta de capacidad institucional han llevado a otorgar títulos mineros en áreas ambientales estratégicas, dejando que los concesionarios se enfrenten a las deficiencias del sistema. La principal consecuencia del desorden institucional — o su origen — radica en la falta de una política coordinada e incluyente, donde se intente plasmar una estrategia para el manejo racional de los recursos mineros y su impacto social, ambiental y económico a corto, mediano y largo plazo. Pero a diferencia del sector minero, con respecto al medio ambiente y especialmente en materia de biodiversidad sí se ha construido una política pública y hay claridad sobre la importancia de conservar, proteger y usar sosteniblemente los recursos naturales renovables”. (Fajardo, 2012)
Con ello el Estado busca priorizar y concentrar sus esfuerzos en actividades más acordes con las funciones que le asignó la Ley minera de 2001, las cuales lo definen como facilitador y fiscalizador en el desarrollo de los proyectos mineros, al tiempo que, le da el rol de incentivar en forma eficaz y contundente la inversión privada, una postura que es recogida en las bases del PND 2010-2014 como uno de los principios del modelo de desarrollo: “el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario”
Sin embargo llevar a cabo el proyecto de una minería sostenible y al tiempo conservar los recursos naturales ha encontrado diversos problemas entre ellos(Fajardo, 2012):
-La falta de presupuesto para disponer de la capacidad técnica idónea que permita declarar y delimitar los ecosistemas estratégicos.
– La falta de fiscalización de la actividad minera —hoy a cargo de la Agencia Nacional de Minería (ANM) —.
– La falta de un sistema de información que contenga cifras públicas corroborables y que generen confianza.
– A 2013 se han invertido 6.000 millones de pesos en el catastro minero y sigue sin funcionar, la corrupción campea(El Tiempo, 2014).
Una estrategia económica que pasa la cuenta de cobro por sus riesgos en una economía global cambiante. 2013
Apostar a esta transformación del Estado que hace que económicamente se dependa de la economía extractivita pone al país en grave riesgo, en este contexto de confusión y de incertidumbre, que muestra esta actividad económica, vendida como panacea para el país, nos encontramos, que “Todos los indicadores de la Minería caen drásticamente en el año 2013 tanto en el contexto internacional y el entorno local, como lo muestran los siguientes indicadores:
Según Claudia Jiménez, directora del Sector de Minería a Gran Escala (SMGE) en declaraciones dadas al periódico El Espectador Colombia.(Jimenez, 2011):
• En el primer semestre del año pasado, el sector minero representó el 2,3 por ciento del PIB total. Este año, 2 por ciento con un decrecimiento de 14 por ciento.
• El carbón fue el que más jaló a la baja a esta industria, pues su PIB cayó 29 por ciento.
• Los del oro y el níquel, decrecieron 12 y 23 por ciento respectivamente, frente al primer semestre del año pasado.
• La inversión extranjera directa también se redujo ostensiblemente. En los primeros tres meses del 2012, la intención de inversión era 15.500 millones de dólares, mientras que en ese lapso, este año, fue de 7.500 millones de dólares, es decir, un 42 por ciento menos en los planes empresariales.
• En empleo y regalías, las caídas de este año son del 15 y 26 por ciento, respectivamente.
• En cuanto a la producción de carbón, inicialmente el Gobierno tenía proyectado para este año, 110 millones de toneladas, cifra que fue revisada a la baja y se ubicó en 94 millones de toneladas. Sin embargo, las cuentas del SMGE se mueven en un rango entre 88 y 91 millones de toneladas.(Chacón González, 2012)
En los mercados internacionales el auge de buenos precios tiene peligrosos ciclos de inicios y finales.
Las justificaciones para que los indicadores no marchen este año están en el contexto internacional y en el interno:
Oro, carbón y níquel, desde que tuvieron su pico de mayor precio, es decir, oro en el 2011, carbón y níquel en el 2008, han caído respectivamente, 31, 66 y 73 por ciento. Este año, los descensos de precios son: en oro 21, en carbón 16 y en níquel, 19 por ciento.(Portafolio, 2013)
Mientras tanto, en el entorno interno, las huelgas por más de un mes en Cerrejón y Drummond, los principales productores de carbón y otros conflictos sociales, le han costado al país la no producción de siete millones de toneladas, unos 258 mil millones de pesos, aproximadamente (El Espectador, mayo 6, 2013), (Bermudez Liévano, 2013)
El gobierno nacional nos ha querido convencer a la opinión pública que la locomotora minera es la que nos proporcionará los medios para una mejor calidad de vida y nos brindará los mejores beneficios (económicos, sociales, empleo, salud, infraestructura, etc.) pero la realidad es la confirmación de todo lo contrario, del gran deterioro en los recursos hídricos y ecológicos que van dejando de paso una devastación ambiental de magnitud irrecuperable además de exponer nuestra economía a factores externos dejan de lado el equilibrio económico y la realidad del mercado, impulsando una economía de burbuja especulativa confrontada con la actual fragilidad que tiene el país en relación al sector minero y fomentada de manera desmedida por el mismo gobierno nacional.
Impacto Regional, algunos datos de Antioquia – Chocó.
Antioquia es junto a Chocó uno de los departamentos que más títulos mineros concedidos o solicitados concentra.
Para 2008 el 14% del área concesionada del país pertenecía a Antioquia (647857 hectáreas) y el 11% (497618 hectáreas) a Chocó, lo que quiere decir que una cuarta parte del área concesionada para minería lo concentran estos dos departamentos (13), resaltando además que en cuanto a área concesionada ocupan respectivamente el primer y segundo lugar en el país.
Entre 2004 y 2008 el aumento en área concesionada fue para el caso de Antioquia de un 280% cifra proporcional al aumento nacional para el mismo periodo, en el departamento se pasó de 170169 a 647857 hectáreas concesionadas. Sin embargo para el caso de Chocó el porcentaje de aumento fue dramático; para 2004 éste departamento tenía 10876 hectáreas concesionadas, sin embargo entre 2007 y 2008 el crecimiento fue exponencial, llegando en éste último año a 497618, resultando que entre 2004 y 2008 el área concesionada en el departamento aumento un 4475% (14).
En el mapa 6 se realcionan tanto los titulos mineros en el departamento de Antioquia así como las solicitudes (en rojo) y la relacion de algunos de los más grandes proyectos de minería de oro en desarrollo a la fecha, vale decir que este mapa coincide con el mpa de las tierras despojadas o abandonadas por el conflicto armado y las zonas que hoy presentan serios conflictos sociales, ambientales y expresiones armadas de los mismos.
Mapa 6: títulos mineros, solicitudes y Megaproyectos Oro. Empresas Mineras en Antioquia, Colombia. Fuente: Red de Acción Frente al Extractvismo. https://upload.facebook.com/435012739920893/photos/a.435059176582916.1073741828.435012739920893/631720713583427/?type=1&relevant_count=1
Pero no es solo hectáreas concesionadas lo que concentran estos dos departamentos, en ellos también se hallan una proporción importante de los distritos mineros de oro del país, en Antioquia estos serían: Oriente antioqueño (abarcando los municipios de Abejorral, La Unión, Carmen de Viboral y Rionegro), Puerto Nare (municipios de Puerto Berrio, Puerto Nare, Puerto Triunfo, San Luis, Sonsón), Frontino (abarcando los municipios de Abriaquí, Anzá, Buriticá, Dabeiba, Carmen de Atrato, Frontino, Murindó, Mutatá y Urrao) y Nordeste (municipios de Amalfi, Anorí, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Maceo, Remedios, San Roque, Segovia, Tarazá y Zaragoza); y en Chocó el distrito Istmina (municipios de Istmina, Condoto, Tadó y Unión Panamericana).
Ahora bien, Antioquia es un departamento altamente apetecido para la actividad extractiva, en este orden hacemos la relación de las cifras que presenta el Centro de Atención a Víctimas, quienes reportan que en Colombia el número de víctimas por el conflicto armado asciende a 6 millones de seres humanos de los cuales el mayor número se encuentra en Antioquia.(Semana, 2014), cifras alarmantes de las cuales la mayor victimización es el Desplazamiento Forzado.
Mapa 7: víctimas en Colombia, Fuente: Revista Semana
En el siguiente mapa se relacionan zonas en donde existen conflictos por los procesos de restitución de tierra despojadas por los grupos armados.
Mapa 8: Zonas en riego por la restitución de Tierras en Antioquia, Fuente: CNRR
Los beneficios provenientes de la intención gubernamental de convertir a Colombia en un país atractivo para la inversión, el aumento en los precios de minerales preciosos a nivel mundial y las reservas del material que se estiman existentes en Antioquia y Chocó hacen de estos dos departamentos destinos excepcionales de proyectos mineros, entre los que se resaltan algunos como Quebradona propiedad de la AnglogoldAhanti ubicado en el suroeste antioqueño y Gramalote de la misma Anglo Gold, ubicado en el nordeste.
Subsidiando el saqueo
Los planes de desarrollo minero presentados por los últimos gobiernos en Colombia así como el Código de minas, definen al Estado como un facilitador y fiscalizador de la iniciativa privada en las actividades extractivas. Bajo los principios propios de la perorata neoliberal, el Estado se auto-inhibe de disponer de sus recursos naturales, recibiendo por su explotación una ínfima parte de las astronómicas ganancias de las grandes empresas del sector –la mayoría de ellas transnacionales-. Un estudio titulado “Cálculo del indicador económico GovernmentTake para el sector minero en Colombia”, realizado para la Unidad de Planeación Minero Energética por la Universidad de los Andes, revela que el nivel de GovernmentTake (GT) en el sector minero en Colombia es del 22 %, es decir que por cada 100 pesos producidos por esta industria en el país, el Estado solo recibe 22, y esto sumando todos los impuestos tanto directos como indirectos que deben pagar las empresas entre los que se encuentran además de las regalías; el impuesto a la renta, al patrimonio, el IVA, el canon superficiario, entre otros.
En Chile -el país latinoamericano que más beneficios tributarios le ofrece a las empresas según el ranking de libertad económica del Instituto Fraser-, el GT en el mismo sector es de 26 %. Una de las preguntas que surge de esto, es si con lo que el Estado percibe de las empresas mineras, se alcanza a mitigar siquiera algo de los pasivos ambientales, sociales y económicos que deja una de las actividades industriales más destructivas y contaminantes, o si con esto se alcanzan a cubrir por ejemplo los gastos militares destinados a proteger los grandes proyectos mineros que se han asentado en el país en los últimos años –los 80 mil soldados destinados a cubrir la infraestructura petrolera del país nos pueden dar pistas sobre cuánto podría ser el gasto en aquel campo-.
Los estudios del economista Guillermo Rudas, revelan que el monto de las exenciones tributarias hechas a las grandes empresas mineras en el país, supera la cifra que estas pagan por regalías. Para 2009 por ejemplo las regalías ascendieron a 6.5 billones de pesos y las exenciones por lo menos a 3.5, para el 2010 el pago de regalías por parte de las empresas fue de 6.4 billones y las exenciones a estas fueron por lo menos de 9.7. Es decir que no solamente el nivel de regalías que pagan las empresas es bajo (4 % para el oro por ejemplo), sino que además lo que pagan por este concepto se les devuelve con creces vía exenciones.
Es importante resaltar que un porcentaje importante de estas exenciones habrían sido conseguidas por las empresas haciéndole trampas a la legislación del país con jugadas que van desde pasar como Responsabilidad Social Empresarial inversiones que en realidad necesitan para sus proyectos, hasta el fraccionamiento de los títulos mineros para pagar menos canon superficiario (aprovechándose del artículo 230 de la ley 685 Código de minas).
Esto poniendo en cuestión a quienes para sustentar que sólo inversores privados puedan explotar los recursos, afirman que el Estado es poco eficiente debido a la corrupción propia del sector público.
No es gratis entonces que para el año 2010 y según el Ministerio de Hacienda, las compañías mineras y petroleras hubieran sido favorecidas con el 38% de los beneficios tributarios ofrecidos a las empresas en el país, específicamente de la deducción por compra de activos fijos reales productivos.
Con todo lo anterior se puede afirmar entonces que a los conocidos efectos sociales, culturales y ambientales negativos que genera la minería a gran escala y al evidente saqueo llevado a cabo por las grandes empresas mineras, se debe sumar el hecho tal vez más indignante de que las estamos subsidiando.
Conclusiones.
Datos como los anteriores deben ser llamados de atención para la realización de investigaciones relativas al modelo extractivo propuesto y a cuáles serían las consecuencias de proyectos mineros en los territorios dónde estos se asienten, tomándose en cuenta que la experiencia histórica de países y zonas mineras han traído consigo conflictos -muchos de ellos irreparables- económicos y socio-ambientales a los territorios.
Así también la investigación, la academia como tal, deben trazar una postura ética clara, favorecer y estudiar los fenómenos sociales en respuestas a estas política económicas, las movilizaciones, las rutas jurídicas y políticas en defensa del territorio, las acción consciente desde la población que habita estos territorios, fortalecer procesos de formación, abrir el debate de cara al país y desde cada región, un proceso que desde la fraternidad activa nos permita entender qué bien para país y resistir una arremetida colonizadora que saquea los recursos y destruye las comunidades originarias.
Es fácil predecir que se intensificaran en los años subsiguientes los conflictos sociales derivados de la explotación minera y de hidrocarburos (explotación de recursos naturales: locomotora minera) en nuestro país, como ha ocurrido en los últimos años para cada uno de los recursos naturales explotados.
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